Morant cambia la ley de Universidades 'por la puerta de atrás' a un año de su entrada en vigor

Durante la primera conferencia se decidió poner en marcha un grupo de trabajo para ponerle un calendario a la LOSU y para la segunda reunión, que tendrá lugar este jueves, se ha puesto un documento de trabajo sobre la mesa, al que ha tenido acceso ABC, donde el ministerio ha decidido aplazar la LOSU 'por la puerta de atrás'.

¿Cómo? El departamento dirigido por Morant quiere introducir una enmienda en la ley de enseñanzas artísticas para poder aplazar la LOSU. La enmienda, que es una propuesta que se pondrá sobre la mesa este jueves a los presentes en el grupo de trabajo, propone aplazar hasta «junio de 2028» la aplicación de dos disposiciones de la ley de Universidades.

Una, como publicó este periódico el pasado día 10, es la que afecta a la estabilización de los profesores asociados -y cuyo plazo para hacerlo, dice la ley, es antes del 31 de diciembre de 2024- y la otra se refiere a la adaptación del régimen de dedicación del personal docente e investigador permanente. La LOSU dice en este caso que «las universidades deberán adaptar el régimen de dedicación de su personal docente e investigador permanente a lo previsto por esta ley orgánica para su aplicación a partir del inicio del curso académico 24-25».

La ley de enseñanzas artísticas es la única vía que tiene el ministerio porque se acaba de aprobar en Consejo de Ministros y en su tramitación parlamentaria es donde se pueden incluir enmiendas.

Para lograr la estabilización de los asociados, como marca la norma, se pretende contratar a 4.200 profesores ayudantes doctor (además de para otros fines). Como avanzó ABC, estas plazas se van a repartir así: 2.100 en 2024; 840 en 2025; 630 en 2026 y otras 630 en 2027. Con ese esquema, el ministerio sufragaría el grueso de las plazas el primer año -dos terceras partes, es decir, 1.364- y las comunidades la tercera parte -es decir, 736- también el primer año. En los cursos sucesivos las autonomías afrontarían el pago de «las siguientes plazas que se incorporen en el resto de la duración del programa, hasta las 4.200 plazas propuestas», dice el citado documento. Sin embargo, el departamento dirigido por Morant también propone otra distribución en la que el ministerio asumiría 1.364 plazas el primer año y las comunidades empezarían a pagar a partir del segundo, hasta llegar a las mencionadas 4.200 plazas.

El sindicato Csif ha mostrado su rechazo a los aplazamientos propuestos. Consideran que «cronifica la precariedad y la temporalidad del personal docente e investigador (PDI) de las universidades», señalan fuentes del mismo. «El Gobierno retrasa la estabilización de los profesores asociados y el nuevo régimen de dedicación del personal docente e investigador. Esto supone echar por tierra la medida estrella de Universidades para luchar contra la precariedad estabilizando con un contrato indefinido a los profesores asociados, limitará la mejora de la calidad de la plantilla, mantendrá altas tasas de temporalidad en el PDI y no cumpliremos con Europa ni llegaremos a pasar del 40% al 8% máximo de contrataciones temporales».

Por otro lado, «retrasar la aplicación del nuevo régimen de dedicación perjudica a las plantillas universitarias, empezando por el PDI permanente».