La misteriosa «desaparición» de 25.000 dependientes en Cataluña

Y eso, según destaca a ABC Ramírez, pese a ser la comunidad que más recorta el presupuesto global (el que suma la aportación del Estado y la autonómica) para esta materia; en concreto, redujo 57,3 millones de euros en 2023. No es la única, otras ocho autonomías también la redujeron. «Eso libra al Gobierno de encontrarse con que pese al plan de choque lanzado en 2021 para reducir la lista de espera no se haya conseguido; y favorece a la propia comunidad autónoma, que también comunica una mejora de sus datos. Pero ni al Observatorio ni a la directora general del Imserso, que así lo hace constar en este informe, se le comunican las razones objetivas de por qué está sucediendo».

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E. M.

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Sí avala Ramírez que sin el plan de choque puesto en marcha por el Ministerio de Derechos Sociales en febrero de 2021, y que ha supuesto la inversión de casi 4.000 millones de euros estos tres años, el sistema de la dependencia habría entrado en «colapso».

El acuerdo de coalición de PSOE y Sumar incluye que la inversión estatal aumentará hasta el 50% de la prestación a final de la legislatura. De momento, ronda el 39% y el objetivo de reducir las listas de espera en 60.000 personas en 2021 se logró dos años después, aunque 111 personas (una cada 13 minutos) murieron al día en 2023 esperando esa ayuda. Ese tiempo se eterniza en algunos lugares como Canarias (647 días para tramitar un expediente de dependencia, el doble que la media estatal, 324 días). Por ley no debe superar el semestre o 180 días de espera, pero el sistema canario es «caótico» y sus gobernantes, «por desidia e impericia, marginan la atención a la dependencia», critica Ramírez.

Otras tres autonomías –Andalucía (con 557 días de espera), Murcia (509) y Galicia (362)– superan esa media nacional. La excesiva burocratización lastra que la ayuda llegue a tiempo, objeta también Ramírez, y acentúa la desigualdad «palmaria» que existe entre territorios.

En este informe anual que publica la entidad también llamada Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, Cataluña es, un año más (en 2023 se iguala Murcia) la comunidad con peor puntuación en 18 indicadores. El sistema catalán y el murciano reciben 1,7 puntos de 10, frente a la atención que despunta en Castilla y León y Castilla-La Mancha, con 8,3 puntos.

Interpelado por el decalaje en sus datos, el Govern de Cataluña desmiente al Observatorio y al Instituto de Mayores y Servicios Sociales y asegura que el ente estatal estaba informado «desde hace meses» de la actualización de datos que estaba realizando, que implica la caída de la lista de espera de 27.000 expedientes de dependencia, 25.296 de los cuales aparecen reflejados en este informe. «Los otros 2.000 se reflejarán, previsiblemente, en el siguiente», señalan a este diario desde la Consejería de Derechos Sociales que dirige Carlos Campuzano.

Las citadas fuentes mantienen que «el departamento decidió poner en marcha ese proceso para sincronizar los datos de dependencia con los del ente estatal y acabar así con un agravio comparativo de hace años». El proceso afecta –precisan– a 27.263 expedientes que se han archivado por diferentes motivos (no cumplimiento de requisitos, desistimientos, caducidades...) y que tienen la preceptiva resolución de cierre. En cambio, el Imserso hasta ahora los consideraba pendientes por no tener asignado ningún servicio o prestación y, por ello, estas solicitudes aparecían como no atendidas».

Esta falta de sincronía provocaba, según aclaran desde la Generalitat, que, «según los datos del Imserso, Cataluña tuviera en lista de espera más expedientes de los que en realidad le correspondían, un agravio al que ahora se pone fin». Reconocen, por otra parte, que «la corrección de este desajuste puede tener repercusiones positivas en la liquidación del convenio del nivel acordado de 2023».

En Cataluña, el número de solicitudes de dependencia acumuladas a 31 de octubre de 2023 era de 351.972 y el ratio de resoluciones con grado sobre el total es de un 89,4%. «Cataluña es el territorio del Estado que tiene el mayor número de personas en atención residencial (38.830 personas, un 15,8% del total). El promedio español en atención residencial es del 9,6%», defiende el departamento de Campuzano.

Además, sobre el recorte de presupuesto, la Consejería de la Generalitat objeta que «la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales no tiene en cuenta todo el gasto agregado de atención a la dependencia que sí contempla este departamento para poder prestar el servicio de forma adecuada. Gastos no incluidos en este informe serían, por ejemplo, proyectos del área TIC, gastos de soporte a la gestión (valoración de dependencia, referentes de dependencia, profesionales equipos básicos) inversión y otros gastos. Si se considera este gasto agregado, en el ejercicio 2022 el importe en Dependencia ha ascendido a 1.775,35 millones de euros, por tanto, creció un 3,1%«.