Los ministros de Podemos gastarán 32 millones de euros en publicidad en año electoral, un 14% más que en 2022

Los ministerios encabezados por ministros de Unidas Podemos gastarán, en total, 31,93 millones de euros, lo que significa que todos destinarán más dinero para publicidad que el año anterior (en concreto, un 14%), salvo el caso de Igualdad. Aún así el ministerio de Irene Montero usará 18,02 millones de euros, una cifra alta dentro de los ministerios de Podemos y la segunda de todos los que conforman el Gobierno.

Le sigueDerechos Sociales y Agenda 2030 con 6,58 millones; Trabajo y Economía Social, con casi cuatro millones de euros; Consumo, con algo más de 3 millones y Universidades, por último, invertirá 294.000 euros. Si se compara con las cantidades destinadas a publicidad en el año 2022, todos las carteras en las que está al frente Podemos suben su partida. La única excepción es la ya mencionada del ministerio de Irene Montero que lo reduce en un 8,05%, es decir, 1,57 millones de euros.

En el otro extremo, la que más sube el gasto, dentro de los ministerios de Podemos, es Yolanda Díaz con un aumento respecto al año pasado del 163,99%. En cualquier caso, no es de Podemos el ministerio que más dinero se gastará este 2023 en campañas, sino Asuntos Económicos y Transformación Digital con 21,64 millones de euros. Y aunque haya bajado su presupuesto respecto al año anterior le sigue, en euros destinados, Igualdad con los 18 millones ya mencionados.

En tercer lugar, se coloca Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con 15,34 millones de euros y Agricultura, Pesca y Alimentación con 15,15 millones. Así estos cuatro ministerios destacan por tener el mayor peso inversor de las campañas (están por encima del 10% del presupuesto total), explica el documento del plan que se aprobará previsiblemente hoy en Consejo de Ministros. «La inversión prevista de estos cuatro ministerios relacionados suma el 48,43% del total de la inversión prevista en publicidad institucional para 2023», continúa el documento. En peso inversor le sigue Cultura y Deporte (13,81 millones) e Interior (11,27 millones). El resto de ministerios están por debajo de los 10 millones de euros con Hacienda a la cabeza con 9,94 millones y el que menos destina, es Política Territorial, con 22.000 euros. Respecto al año pasado, el gasto total para publicidad institucional bajó un 8,50% (13,45 millones de euros de diferencia).

El dinero gastado no es proporcional al número de campañas. En total, para 2023 el Gobierno hará 193 campañas y los ministerios que llevarán a cabo un mayor número de campañas (diez o más) serán Transición Ecológica y el Reto Demográfico con 53; Cultura y Deporte con 17; Interior con 12; Trabajo y Economía Social con 11 y Sanidad con 10. «Por tanto, en cuanto al número de campañas se refiere, los seis ministerios mencionados realizarán el 59% de las campañas de publicidad institucional», señala el documento del plan. Respecto al gasto sobre el presupuesto total los que mas gastan son Consumo (4,65%) e Igualdad (3,19%).

Las campañas son tan variadas como los temas que aborda cada ministerio, aunque se deja espacio también para la parte más ideológica (memoria democrática; cómo se distribuyen las tareas en casa o como se cría a los hijos...). También presidencia del Gobierno tendrá su partida para hacer dos campañas: una para «informar sobre la trascendencia de la seguridad nacional como una política de Estado en la que está implicada toda la administración pública y en la que es necesaria la implicación y corresponsabilidad de toda la sociedad», a la que se le destinarán 30.000 euros. La segunda, de 5.000 euros, será para «divulgar e informar a la ciudadanía acerca de aniversarios, conmemoraciones y otras actividades con proyección pública».

En cualquier caso, el mismo documento ya advierte de que este plan se hace de acuerdo a la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional cuyo artículo 7 «establece garantías concretas para asegurar que las campañas institucionales de publicidad y de comunicación sean efectivamente útiles a los ciudadanos y no al gobierno que las promueve». También recuerdan que la ley estipula que «los mensajes o la presentación de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación no podrán inducir a confusión con los símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes empleados por cualquier formación política u organización social».

Por último, el documento aclara que el plan tiene carácter provisional «dado que las distintas campañas se concretarán en el momento en que se lleve a cabo su contratación y la elaboración del plan de medios correspondiente» y, que, además, están sujetas a la disponibilidad presupuestaria, así como al hecho de que puedan añadirse más por «motivos sobrevenidos».

Pero, ¿a qué tipo de mensajes se destinará el dinero? Las prioridades del Gobierno son la «promoción en materia de derechos y deberes de los ciudadanos», dentro de la que incluyen, entre otras: el derecho de sufragio (hay campañas para las municipales y las generales); la sensibilización sobre los valores democráticos; los derechos de la mujer, del colectivo LGTBI y el colectivo de personas con discapacidad en el deporte; la promoción de la igualdad y del buen trato hacia la infancia; el fomento del cambio de modelo de cuidados de larga duración o el trabajo con derechos.

Otra de las prioridades del Ejecutivo es la «promoción de hábitos saludables y seguros para la ciudadanía y el cuidado del entorno», apartado en el que se incluye, entre otros, la salud mental; la transición energética; la lucha contra la sequía y el cambio climático; el consumo sostenible y responsable o la promoción de los alimentos de España. Otras prioridades son el «apoyo al desarrollo de nuevas tecnologías»; las «campañas sobre la oferta de empleo público»; el «conocimiento por parte de la ciudadanía de las infraestructuras y medios de transporte público» y la «promoción del turismo y la cultura».

En este último apartado se incluyen campañas para fomentar el bono cultural joven o promocionar el cine español y la moda. El texto señala que la mayoría de las campañas se dirigirán a la «población general». De las 171 campañas que se dedicarán a este público, 48 de ellas se dirigirán a uno o más sectores específicos: empresarios, trabajadores, infantil/juvenil, sector agrícola y ganadero población rural, tercera edad, etc.