Miles de afectados tras el cierre repentino de una cadena de estética: «Pagué 1.500 euros»

Fue a finales de junio cuando la empresa cerró sus puertas sin avisar ni a sus propios empleados ni a los clientes que, en muchos de los casos, tenían bonos pagados a medio consumir. Este diario ha contactado con varios afectados que, como Rocío Mediero, han manifestado sus quejas en redes sociales como Telegram, Facebook o WhatsApp para denunciar a la franquicia y poder recuperar el dinero invertido en los tratamientos. Centros Único, por su parte, no da explicaciones: «Llamas a Único y no contestan, ni siquiera a los mensajes de Whatsapp o a los correos», lamenta Mediero. Este periódico ha intentado también contactar con la empresa, pero sin éxito.

De la noche a la mañana, Virginia Vegas se encontró cerrado el local del centro comercial Arturo Soria Plaza, en Madrid. La joven relata que, en el último mes, mientras se hacía algún tratamiento, las trabajadoras le ofrecían diferentes presupuestos para que continuase comprando bonos que costaban entre 500 y 1.000 euros. Y ahora, dice, se ha quedado «con todos a medias». Desde finales de junio, las empleadas ya comenzaron a dejar caer que «los productos no llegaban» e intentaron cambiar las sesiones de estética que Vegas tenía contratadas por otros tratamientos como masajes o limpiezas faciales. A Paula, con la que también ha hablado ABC y que prefiere no dar su apellido, le sucedió lo mismo en otro centro madrileño, el de La Vaguada: tenía pendientes 15 sesiones y el pasado 13 de junio se enteró de que el establecimiento no abriría más sus puertas. «Me siento engañada. Lo peor es que mucha gente podría perder hasta 2.000 euros en tratamientos y no creo que se pueda recuperar el dinero».

Muchos de los afectados se han juntado a través de un grupo de Telegram, en el que cuentan sus casos. María José, por ejemplo, tenía una sesión el 15 de julio y cuando llegó se encontró la verja echada. «Nadie me había avisado. He invertido 1.500 euros en tratamientos. El último pago fue en junio y nadie me informó de que no lo hiciera». Vicente, otro cliente de un centro de Valencia, explica también que cuando se enteró del cierre habló con una trabajadora del centro, que le dijo que «la habían echado y que la empresa le debe dos meses de salario».

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Facua fue la primera en denunciar la situación. Su vicepresidente, Miguel Ángel Serrano, explica a ABC las posibilidades que tienen ahora los afectados. La asociación de consumidores recomienda poner una reclamación a la empresa para que o bien devuelvan el dinero o deriven al usuario a otro centro para concluir el tratamiento. «Los consumidores que iban haciendo el pago a plazos deben reclamar a la empresa y pedir al banco que deje de financiar el préstamo para el tratamiento», apunta Serrano. Asegura además que si los clientes habían firmado un tratamiento con la empresa días antes de cerrar se puede denunciar «como delito de estafa».

Por su parte, el portavoz de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), Enrique García, afirma que «los afectados deben reclamar ante los Servicios de Consumo los posibles perjuicios que el cierre haya podido ocasionar». Sin embargo, García lamenta que «las posibilidades de recuperar el dinero sean muy escasas». Tampoco se muestra optimista la abogada Alicia Argüero, presidenta de Colegios Arbitrales de Consumo de la Comunidad de Madrid: «En este tipo de situaciones, los últimos que ven algo de dinero son los consumidores o los proveedores, ya que el poco dinero que le quede a la empresa debe gastarlo en los sueldos de los trabajadores y las hipotecas o alquileres de los locales. Al final, el perjudicado siempre es el cliente».