Médicos insumisos al aborto: «La lista de objetores es discriminatoria e ilegal»

Acosta ve la nueva ley del aborto, que obliga a las administraciones a garantizar el derecho de todas las mujeres a abortar en la red sanitaria pública y establece la creación de un registro oficial de médicos objetores, como «un instrumento de presión a la administración» porque «le obliga a garantizar recursos materiales y humanos para cumplir con esta exigencia».

La creación de un registro oficial de facultativos insumisos es, a su juicio, una iniciativa «discriminatoria e ilegal». Y lo razona: «Discriminatoria porque señala a los médicos que no quieren practicarlos y eso puede tener consecuencias negativas para ellos a la hora de la contratación», e ilegal porque «atenta contra el artículo 16 de la Constitución que establece que 'nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias'». Juan Acosta, que trabajó como ginecólogo en dos centros con contratación sanitaria pública, aunque ahora ejerce en la privada (Fertilitas), considera que la creación de listas de objetores es algo «propio de países con regímenes totalitarios como Corea del Norte». «Crearlos atenta contra derechos fundamentales y constitucionales. Lo lógico sería que hubiera registros de profesionales que quisieran realizarlos», dice el especialista. Advierte, asimismo, de que «la creación de estos registros es solo la punta del iceberg». «Si las instituciones médicas no se oponen esto no solo afectará a los ginecólogos; luego esos registros se pueden extender a asistencias relacionadas con la 'ley Trans', etc...», señala Acosta.

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La misma opinión tiene Ángela (nombre ficticio, pues prefiere no identificarse), que ejerce la profesión en hospitales públicos de Madrid. Esta ginecóloga tampoco ve buenas intenciones en el registro de objetores. «Creo que se hace con la intención de señalarnos e incluso discriminarnos», sentencia. Cree además que este listado puede derivar en un perjuicio de la calidad asistencial. «Si se prioriza contratar a un médico porque practica abortos en lugar de a otro que, por ejemplo, es el mejor operando en cáncer de ovario pero no practica abortos... pues es perjudicar a las pacientes», remarca.

Precisamente la semana pasada la ministra de Igualdad, Irene Montero, envió una carta a las comunidades autónomas en la que reclamaba que pongan en marcha «urgentemente» la norma, con la contratación de médicos no objetores para llevar a cabo las intervenciones. Abogaba también por la introducción de los citados registros para tener una radiografía de los recursos humanos de los que se disponen.

«No me queda otra», responde esta ginecóloga a si dará su nombre para que se incluya en ese listado. «Nos ponen entre la espada y la pared, pero no tenemos otra opción, porque es una forma de protegernos para no tener que practicar abortos pero a la vez un señalamiento... Con hablar con mi jefe de servicio y decirle que no lo hago debería bastar», lamenta. Ángela se ha enfrentado en alguna ocasión a situaciones en las que se ha puesto en duda su decisión de no participar en estas intervenciones, así como a comentarios que decían que los ginecólogos objetores no deberían trabajar en la sanidad pública, algo con lo que no comulga en absoluto. «Me parece completamente desproporcionado y al final el aborto va contra nuestro juramento hipocrático, pues estás facilitando la muerte de un ser humano por mucho que la mujer esté de pocas semanas de gestación», afirma.

En el extremo opuesto a estos dos facultativos se encuentra la doctora Silvia Arévalo, responsable de la Unidad de Medicina Materno Fetal del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. La especialista defiende el esfuerzo de Cataluña para canalizar estas intervenciones hacia la red sanitaria pública, tal como establece la ley del aborto. Es consciente de que no en todas las zonas de España se da esta situación, principalmente por la falta de ginecólogos dispuestos a practicarlos. «La objeción de conciencia es un derecho y hay que respetarlo en cualquier comunidad autónoma. Pero la objeción de conciencia no puede ser una limitación para asegurar la asistencia de estas mujeres. Si esto ocurre, deberían crearse circuitos para poder garantizar el acceso de estas mujeres a la interrupción de la gestación», asegura Arévalo.

Como experta en Medicina Fetal informa de las malformaciones y otros pronósticos de los bebés. «No intervenimos en sus decisiones, les acompañamos y respetamos», mantiene y recuerda que más allá del proceso de la interrupción de la gestación «es también muy importante el seguimiento posterior para intentar entender qué ha pasado y cómo planificar el futuro reproductivo».

Son minoría las comunidades que a día de hoy cuentan con estos registros, aunque la ley de Igualdad contempla que deberán implantarse en todas. La mayoría de las que han respondido a la consulta de ABC, como Castilla y León, Andalucía, Galicia o la Comunidad Valenciana, están a la espera de la celebración de un Consejo Interterritorial de Salud -que reúne al Ministerio de Sanidad y a las autonomías- en el que se fijen los requisitos para elaborar estos listados, tal como establece la norma. Otras regiones, como la Comunidad de Madrid o Extremadura, están ya trabajando en ellos. En la primera, explican fuentes de la Consejería de Sanidad, actualmente no cuentan con datos de ginecólogos objetores, pero apuntan a que son la mayoría, de manera que buena parte de los abortos se derivan a centros privados.

Una situación similar se da en Extremadura, que cuenta con un total de 109 especialistas en Obstetricia y Ginecología. Los colegios de médicos de Cáceres y Badajoz hicieron una objeción médica general, de manera que los abortos se derivan a clínicas privadas, explica la Consejería de Sanidad.