¿Por qué la madre de las niñas envenenadas estaba en VioGén y tenía una orden de alejamiento y sus hijas no?

Tras el último doble filicidio (ocurrido en la noche del domingo 17 de marzo en la pedanía de Las Alcubillas de Alboloduy, Almería), según el cual un hombre de 35 años y origen rumano habría administrado algún tipo de veneno a sus dos hijas de 2 y 4 años de edad para acabar con sus vidas y dañar a su madre (lo que se conoce como violencia vicaria), las preguntas se multiplican: ¿está la violencia vicaria también incluida en VioGén como una forma de violencia machista? ¿Puede un hombre saltarse una orden de alejamiento respecto a una mujer y no tener ninguna orden respecto de su descendencia?

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En este caso de Almería y siempre de acuerdo a la información facilitada por los testigos y las autoridades, como el subdelegado del Gobierno en esta provincia, José María Martín, el hombre acusado del doble crimen vicario tenía una orden de alejamiento respecto a su ex, la madre de las pequeñas, pero no respecto de sus hijas en común. La progenitora lo había denunciado en mayo de 2022, cuando estaba embarazada de la menor, y había sufrido violencia física por parte de su entonces pareja. Hace un año el Juzgado de Violencia de la Mujer número 1 de Almería dictó una orden de alejamiento de su agresor, solo respecto de ella, no de su descendencia, cabe insistir.

Se da la circunstancia además de que el juez había ordenado la colocación de una pulsera de seguridad al presunto agresor para evitar el contacto con su pareja, la única herramienta que hasta el momento tiene un bagaje de cero asesinatos. Pero la mujer solicitó el levantamiento de las referidas medidas cautelares y se negó en contadas ocasiones a mantener la denuncia contra su ex, aunque el juzgado continuó con la causa a petición de la Fiscalía.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se informa de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Almería había instruido una denuncia por malos tratos y amenazas hacia la mujer por parte del hombre, también fallecido después de quitarse la vida. El juicio pendiente estaba fijado para dentro de pocos días, el próximo 10 de abril, en el Juzgado de lo Penal 2 de Almería.

La poca fe de Alina en el sistema choca con el hecho de que la madre dijese, según las declaraciones realizadas por el alcalde de Abla, Francisco Javier Sánchez, el municipio donde residían las tres, que se había trasladado a este pueblo para «huir del maltratador», a solo medio kilómetro del cortijo de la pedanía de donde la propia madre encontró los tres cadáveres el domingo una vez vencido el tiempo en que las pequeñas debían estar con su padre.

Alina figuraba en el sistema de seguimiento integral de las víctimas conocido como VioGén desde hacía más de un año, pero en ese momento tampoco se determinó que hubiese un riesgo de muerte para las dos menores. VioGén es una herramienta que mantiene activos los casos de violencia de género denunciados en el país. Pone en comunicación a todas las policías del Estado, aunque, como ya se ha advertido en alguna ocasión, falla en la comunicación que por ejemplo tiene con la Ertzaintza o Mossos d'Esquadra, o con casos internacionales. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska reconoció que en el sistema había que depurar fallos. Lo hizo al conocerse que el año pasado, solo hasta septiembre, cuatro de las 49 mujeres asesinadas en 2023 tenían una medida de alejamiento en vigor. En otros dos casos la medida judicial de la orden de alejamiento había expirado.

Hay que subrayar que VioGén solo desglosa los casos activos con menores en riesgo y en situación de vulnerabilidad desde el año 2019. Se actualizó el sistema a partir de una instrucción específica cursada por Interior y a partir de ahí los agentes de las Fuerzas de Seguridad, cuando toman un atestado de denuncia por parte de una mujer víctima de violencia machista, incluyen preguntas específicas sobre sus hijos, si estos han presenciado violencia o amenazas de algún tipo en casa, el trato del padre hacia ellos, etc. A partir del cuestionario base que los agentes toman a las mujeres un algoritmo calcula en VioGén la inclusión de esa mujer en atención a su riesgo de volver a sufrir violencia o, más allá, de ser asesinada por el agresor: el nivel de riesgo en el que clasifica a las víctimas VioGén es de no apreciado, bajo, medio, alto y extremo (el peor). En estos momentos, según el ministro del Interior, hay 83.070 casos activos; 50.924 mujeres con protección. 42.726 de esos 83.000 casos tienen a menores a cargo y en 1.444 los menores están expuestos a riesgo, según los agentes policiales. Casi 800.000 mujeres han pasado por las fauces del sistema, aparte de otros 97.000 en Cataluña.

El pasado 8 de marzo, Grande-Marlaska compareció en el Consejo de Ministros extraordinario por el Día de la Mujer y, sentado al lado de la ministra de Igualdad, anunció que VioGén II, o el sistema actualizado, ha superado la fase de pruebas y ya está listo para ponerse en marcha. No restó crédito al sistema, pues para Interior sigue siendo un «modelo de referencia internacional» en la respuesta a la violencia machista que ha permitido salvar a muchas víctimas, pero descubrió las lagunas del sistema: por ejemplo, lo pronto que baja de calificación de riesgo (hay riesgo extremo, para los casos más graves y con clara alarma por la vida de una mujer pero salta con facilidad del riesgo medio al bajo); o la necesidad de que cada mujer que denuncie esté más tiempo registrada en el sistema antes de salir del mismo como caso «inactivo». El Sistema VioGén II supone para Interior «una labor más precisa y realista de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en especial de las unidades y agentes dedicados a la protección de las víctimas». Interior insistió en que se van a «revisar los criterios de activación del sistema para eliminar el margen de riesgo», evitar la inactivación precoz de casos o lo que es lo mismo prolongar la protección a las víctimas y anunció también «un sistema de control más preciso que permita detectar situaciones de peligro o vulnerabilidad, tanto de las mujeres, como de los menores afectados».

En resumen, la herramienta funciona, pero tiene claras mejoras.

Por otra parte, en el ámbito normativo, todo cambió también con la entrada en vigor de la Lopivi desarrollada por el Ministerio de Derechos Sociales que encabezaba entonces Ione Belarra. (Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia). Esta ley supuso unas modificaciones del Código Penal y el Civil para introducir el apriorismo de que «los maltratadores no son buenos padres», por lo que si un hombre es condenado por violencia de género en una sentencia en firme, puede ver suspendido el régimen de visitas de sus hijos. Pero siempre dependerá del criterio del juez.

En concreto y en la literalidad de la norma, la Lopivi de 2021 modifica el artículo 158 del Código Civil, con el fin de que el juez que tiene indicios probados de violencia de género pueda acordar «la suspensión cautelar en el ejercicio de la patria potestad y/o el ejercicio de la guarda y custodia, la suspensión cautelar del régimen de visitas y comunicaciones establecidos en resolución judicial o convenio judicialmente aprobado y, en general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas, con la garantía de la audiencia de la persona menor de edad«. Pero estas medidas tienen una vigencia temporal de treinta días, que podrán ser prorrogados durante treinta días más a contar desde la presentación de la demanda, si se inicia a instancia de la víctima o de su representante legal un proceso de familia ante la jurisdicción civil. En este caso será el juez civil el encargado de mantener o no las medidas cautelares de orden civil.

La norma añade que «no procederá en ningún caso régimen de visitas respecto del progenitor en situación de prisión, provisional o por sentencia firme, por violencia de género«. A pesar de que ahora la regla general es la suspensión de visitas y estancia, y la excepción su mantenimiento, sin embargo ninguna de estas modificaciones establece con carácter imperativo la no imposición o la suspensión automática del régimen de visitas o de la guardia conjunta, estableciendo una excepción que permite dejar esta decisión en manos del juez, que debe estar motivada en el interés superior del menor, previa evaluación de la relación paternofilial.

Por otra parte, entre las modificaciones más importantes introducidas por la Lopivi en el ámbito penal se encuentra la del art. 140 bis del Código Penal, que impone como obligatoria la pena de inhabilitación de la patria potestad respecto los hijos del autor para los supuestos de homicidio, en cualquiera de sus formas, cuando el condenado haya dado muerte al otro progenitor del menor o a alguno de sus hermanos.

En este caso, Alina o cometió un error por poca fe en el sistema o tenía una convicción profunda, dentro de todo el fallo en cadena en que se convirtió su caso de malos tratos. Para Alina, también para el juez, y en consecuencia para el sistema de protección de la madre y las pequeñas, el padre podía seguir viendo a sus hijas atendiendo al interés superior de las menores y no había un riesgo evidente para sus vidas. Solo así se entiende que, pactado un régimen de visitas entre los progenitores tras su separación para que el padre viese a las niñas los sábados y domingos unas pocas horas (de 12.00 a 18.00) ella decidiese no acudir al Punto de Encuentro Familiar con mediadores y la supervisión establecidos.

En el Juzgado de Violencia de Mujer número 1 de Almería, hacía un año se había pactado de este modo, pero la madre no lo cumplía «desde hacía meses», así que el personal de ese punto de encuentro dio parte de este hecho y comunicó que no estaban acudiendo a este mecanismo para realizar la entrega de las menores tras la petición reiterada del hombre a su ex.