La lucha por las tabletas en las aulas enfrenta a padres y profesores

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha marcado el paso al adelantar su intención de imponer recortes en el uso individual de tabletas ya desde el próximo curso, en septiembre. Y con ello, ha abierto un debate tenso. Por un lado están quienes apoyan la medida: movimientos de padres y profesionales educativos que llevan años luchando contra lo que consideran una aberración del sistema, introducir la tecnología en los colegios desde muy temprana edad.

Como resume Diego Hidalgo, impulsor y portavoz del Movimiento por una Escuela Off, «habría que preguntarse porqué llegaron las pantallas al sistema escolar, y cómo demonios entraron en los parvularios». Por otro, sindicatos de profesores, la principal federación de asociaciones de padres y la patronal de los colegios concertados, Escuelas Católicas, con más de 340 centros sólo en Madrid: hablan de «bandazos» en las políticas educativas, que han gastado millones de euros en digitalización sólo en los dos últimos años, y de una intromisión en la autonomía organizativa y pedagógica de los centros.

Noticia Relacionada

Gregorio Luri: «Si prohibimos las pantallas en el aula no seremos una sociedad competente»

Beatriz L. Echazarreta

Emilio Díaz, secretario regional de Escuelas Católicas de Madrid, muestra su desconcierto: «Hace un año, la Comunidad de Madrid obligaba a centros y profesores a hacer una formación costosa y potente para tener competencias en digitalización; un esfuerzo que dejó exhaustos a los profesores. Ahora, se va en contra de ese esfuerzo que nos impuso la Comunidad».

La normativa que va a aprobar Madrid es taxativa en cuanto al uso de dispositivos en las aulas de colegios sostenidos con fondos públicos (públicos y concertados): ningún contacto con pantallas para menores de 3 años, y en uso compartido entre varios alumnos y con supervisión docente, una hora semanal entre los 3 y los 6 años y para los alumnos de 1º y 2º de Primaria, hora y media para los de 3º y 4º, y dos horas para 5º y 6º. A partir de la ESO, los centros deciden. Y con excepciones aplicables a menores con necesidades específicas. Tampoco se podrán programar deberes que requieran del uso de tabletas u ordenadores fuera del horario escolar. La medida entra en vigor en septiembre, pero hay una moratoria de un año, hasta agosto de 2026, para los centros que tengan implantado un programa docente que incluya un dispositivo individual por alumno.

Los primeros que pusieron el grito en el cielo al conocer las intenciones de Madrid, que se van ahora extendiendo a otras regiones, fueron los sindicatos de docentes: todos, desde CC.OO. y UGT hasta CSIF y ANPE, han coincidido en el diagnóstico: se está «limitando la libertad pedagógica y de cátedra». Su rechazo es frontal también porque se sienten ignorados: desde CSIF se hablaba incluso de «ataque al profesorado». Los responsables de ANPE, por su parte, denunciaban la incongruencia de «pasar de promover el uso de los recursos digitales y llenar los centros de pantallas a prohibirlos totalmente». Y CC.OO. concluía que el origen del problema había que buscarlo en otro lado: «No se encuentra en los centros educativos, sino en el ámbito familiar».

El consejero de Educación madrileño, Emilio Viciana, justificaba la decisión basándose en la «preocupación muy grande» que hay por las consecuencias del uso de pantallas entre los alumnos, que pueden afectar «a la salud física» y también está en la raíz «de problemas mentales» como la depresión, además de contribuir al «deterioro» en la «capacidad de escribir y leer». Plantea «encontrar un equilibrio» entre el uso de nuevas tecnologías y el desarrollo de las competencias digitales a las que obliga la ley.

Y así se llega al meollo del asunto, en opinión de Escuelas Católicas de Madrid. Enrique Díaz, secretario regional de esta organización en la comunidad madrileña, insiste en que la medida es una «intromisión en la autonomía organizativa y pedagógica de los centros», que además se ha impuesto «sin diálogo alguno» y «sin estudiar qué hacen los centros en sus proyectos digitales».

Pero sobre todo, denuncia que «se produce una contradicción, si no una oposición frontal, con la normativa vigente», ya que tanto los decretos de currículum del Gobierno central como los regionales «obligan a implementar proyectos de digitalización en los centros». De hecho, el Gobierno regional anunciaba en octubre de 2022 que iba a invertir 26,9 millones de euros para digitalizar 8.119 aulas públicas, con la idea de «incorporar a las nuevas tecnologías a 24.604 clases hasta 2025», y dotar de 33.304 dispositivos portátiles para reducir la brecha digital de acceso del alumnado hasta este mismo año.

A esto se unió el plan digital de centros 2023-24 por el que «65.000 profesores han sido acreditados con un nivel de certificación de competencia digital docente», resumían. Desde Escuelas Católicas insisten en que «aunque cada centro ha interpretado la digitalización a la que nos obliga la ley con matices diferentes, estos planes digitales se compatibilizan con los medios tradicionales: no excluyen ni papel, ni dictados, ni caligrafía». La foto de un capitel en un libro, dice, se convierte con una tableta en un paseo por un templo románico.

Desde el lado de los antipantallas, explica su postura Diego Hidalgo, impulsor y portavoz del Movimiento por una Escuela Off, que ha seguido la evolución del fenómeno desde que se inició, con «aquel tecnooptimismo que dominaba muchos ámbitos, hace 10 o 15 años, cuando se era menos consciente de los riesgos». El decreto al que se apunta en Madrid le parece «un primer paso hacia una desescalada tecnológica en la Educación» que «quizá se quede un poco corto». Recuerda que la Asociación Española de Pediatría recomienda una exposición cero a las pantallas hasta los 6 años, mientras que la norma de Madrid las incluye desde los 4 años. En cuanto a dejar libertad de uso a los centros en la ESO, tampoco le convence porque «afectaríamos al desarrollo cognitivo en preadolescencia y adolescencia».

A las razones médicas, le añade razones educativas: «No existen estudios que muestren que suponen una mejora de la enseñanza, sino lo contrario. Son elementos de distracción, y un puente hacia otros usos». Resume los informes al respecto: «Impacta en la atención; está demostrada la superioridad de la lectura en papel y la escritura a mano para la memoria y el aprendizaje». Y además, «desresponsabilizan al alumnado: en lugar de subir los deberes a plataformas escolares donde los alumnos los descargan, es mejor que éstos escuchen al profesor y apunten lo que tienen que hacer». El problema, a su juicio, tiene que ver con que durante años se haya exigido la digitalización de las escuelas: «Una de las competencias digitales que tienen que adquirir los niños pronto, según la Lomloe, es a manejar un ratón».

En la mayor federación de asociaciones de padres de Madrid, la Francisco Giner de los Ríos, acaba de celebrarse una asamblea anual en la que plantean más consenso. María del Carmen Morillas, presidenta de la Fapa Giner de los Ríos, tampoco entiende por qué si esta medida es buena para la salud mental del alumnado «no afecta a todos los centros, y deja a los privados fuera; no lo entendemos».