La lucha por las hermanas mayores de Belorado: ¿Quién las tiene secuestradas?

El pasado viernes se vivió en Orduña (Vizcaya) un nuevo episodio de este serial en el que las exreligiosas volvieron a anteponer su particular visión de la «justicia divina», la única en la que parecen confiar, ante la decisión de la juez de Briviesca. «No han podido llevarse a nadie. Estamos aquí esperando las consecuencias judiciales de no haberles dejado llevárselas», eran las palabras entrecortadas de sor Paloma quien, tras una alocada carrera de los cien kilómetros que separan Belorado de Orduña, priorizaba grabar un vídeo a la puerta del monasterio para enviarlo a los medios antes de entrar a «ver cómo están las hermanas, a intentar tranquilizarlas».

A lo largo del fin de semana, la actividad en las redes de las exmonjas no ha cesado y el sábado caldeaban más el ambiente con un comunicado firmado por los dos abogados, el hermano de la exabadesa Enrique García de Viedma y Florentino Aláez, en el que acusaban al comisario pontificio, Mario Iceta, de una «crueldad que no conoce límites». «Ayer [en referencia al pasado viernes] pretendió sacar de su casa a las cinco hermanas mayores de la comunidad y llevarlas por la fuerza del monasterio donde residen (ahora en el de Orduña, otra casa de la misma comunidad) para separarlas de las hermanas con las que viven y que las cuidan».

Sin embargo, la realidad es que habían sido las exclarisas quienes habían sacado a las más mayores del lugar en el que llevan viviendo las últimas décadas, Belorado, para llevarlas a un monasterio que todavía se encuentra en reformas y en el que estas mujeres, de entre 86 y 101 años, apenas conocen. El objetivo, apartarlas de la acción de la juez de Briviesca, que el pasado miércoles se personaba en Belorado para conocer de primera mano la situación de estas monjas mayores, después de las denuncias interpuestas por sus familiares y la oficina del comisario pontificio. Sin embargo, la exabadesa impidió el acceso de la juez a las dependencias del monasterio, con el argumento de que se trataba de un domicilio particular, aunque le ocultó que ya no se encontraban allí.

En la práctica, y según indican la mayoría de las fuentes a ABC, para ese momento las más mayores ya habían sido trasladadas a Orduña. Ante la situación, la juez de Briviesca, con el respaldo de la Fiscalía, emitió el auto en el que pedía que la Federación de Clarisas se hiciera cargo de las cinco monjas mayores. El viernes, de forma simultánea, la Guardia Civil se personó, con el auto, en los dos monasterios, Belorado y Orduña, acompañada por representantes del comisario pontificio. En el primero sólo pudo certificar que las mayores no se encontraban en el lugar. En Orduña, prefirieron posponer la actuación ante la resistencia de las exreligiosas. «Para poder sacar de aquí a las mayores tengo que llevarme antes detenidas a estas dos mujeres», llegó a decir el capitán de la Guardia Civil sobre las exreligiosas sor Belén y sor Israel, quienes, en contra de lo que publicó en su momento ABC de forma errónea, sí se encontraban en el lugar.

Los cinco autos, en concreto uno de ellos, hecho público por las propias exreligiosas, deja claro que está basado en «un informe médico forense», en el que consta que la monja cuyo nombre aparece tachado «requiere apoyo estructural y asesoramiento para la realización de cualquier acto de naturaleza económica o contractual que exceda de la gestión cotidiana de pequeños gastos». Además, señala que ante el juicio por desahucio por precario «que puede suponer el desalojo del monasterio y las dificultades de asistencia necesaria para esta persona», está justificado «su traslado para su adecuada atención, acordándose su entrega al representante legal», el comisario pontificio o en la persona en la que él mismo delegue.

Sin embargo, las exreligiosas, y su abogado, el hermano de la exabadesa, Enrique García de Viedma, que tiene la representación de cuatro de las cinco monjas mayores, impidieron la ejecución del auto, con el argumento de que las religiosas estaban allí por su propia voluntad. Pero, en un audio de la exabadesa, filtrado ese día, reconoce que «hasta el momento las que han sido interrogadas, las tres, han dicho que querían permanecer en el monasterio con nosotras, y que no tenían ninguna intención de irse a ningún sitio». «Quedan las dos hermanas más vulnerables que son madre Pureza y Lucía y estamos rezando para que las dejen tranquilas». «Son mujeres de muchísima edad muy dependientes», añadía, lo que vendría a justificar las razones que habían llevado a la juez a dictar el auto.

«Las están secuestrando. Esto es un secuestro», clamaban las exreligiosas durante su viaje en coche, antes incluso de llegar a Orduña. «Causa verdadero asombro que unas instituciones que deben velar por la protección de las personas con discapacidad puedan decidir una medida tan agresiva de fuerza sobre sus cuerpos, como es sacarlas de su casa y llevarlas a otro sitio», añadían el sábado sus abogados. Aunque lo cierto es que quienes habían sacado a las cinco monjas mayores de la comunidad en la que han vivido en los últimos años para llevarlas a un monasterio en el que apenas han estado presentes habían sido las exreligiosas, en una decisión que tenía como intención anticiparse a cualquier medida de desahucio, como había contado ABC y finalmente se pudo comprobar. En estas circunstancias ¿quién tiene secuestradas a estas monjas? ¿por qué esta batalla en torno a cinco mujeres entre 86 y 101 años?

Las cinco religiosas nunca participaron en el cisma, por lo que no hay ningún motivo para que fueran excomulgadas y constituyen la comunidad monástica legítima de Belorado, según ha defendido siempre la oficina del comisario pontificio. Cuando el 13 de mayo de 2024 las exreligiosas lo hicieron con un «manifiesto católico» firmado por Laura García de Viedma, la exabadesa, en «representación de todas las hermanas». Una afirmación que pronto se demostró que no era cierta, cuando sor Amparo salió del monasterio ante la presencia del «fantoche» de Pablo Rojas.

Es cierto que en la primera entrevista que dieron en televisión, al programa TardeAR, aparecía una de las mayores, pero no intervino en ningún momento y, a juzgar por las imágenes, parecía no enterarse muy bien de lo que estaba ocurriendo. Fue la última vez que se ha visto a una de ellas en público, excepto en un vídeo facilitado por su jefe de prensa en el que pasean a algunas de ellas en silla de ruedas en el interior del monasterio, pero en el que aparecen de espaldas. El delito de cisma implica la excomunión 'latae sententiae', pero el arzobispado citó a diez de ellas para darles la oportunidad de retractarse. Sin embargo, su única respuesta fue un comunicado en el que reiteraban: «Decidimos separarnos de la Iglesia Conciliar en un clima conflictivo y por amor a la Verdad Católica».

Fue el detonante final para decretar su excomunión. Con ella, eran expulsadas de la vida religiosa y dejaban de pertenecer a la comunidad de Belorado, la legítima propietaria del monasterio, por lo que perdían cualquier título que les permitiera vivir en el convento y se convertían en okupas. Ese elemento ha sido clave en la sentencia de desahucio. «La parte demandada no ha demostrado, como así le competía, que reúna título alguno que justifique y legitime el uso del inmueble frente a su titular, lo que debe conducir a la estimación de la demanda en su integridad», afirma el texto.

Aunque las exreligiosas afirman que las hermanas mayores son «su vida» y que nunca se separarán, lo cierto es que son el único vínculo que les une con la legítima propiedad de los monasterios, la razón última que les llevó a proclamar el cisma, con la creencia en que, con su ruptura con el Papa, quedarían fuera de la jurisdicción canónica y podrían disponer a su voluntad de los inmuebles. Ese ha sido justo el argumento que sostuvieron en la pasada vista previa de desahucio para defender que retenían la propiedad de Belorado, pero que no fue estimado.

El hotel alquilado en Arriondas sólo tiene ocho habitaciones. De forma habitual viven en él tres de las exreligiosas (que se encargan del restaurante y la cría de perros), la madre y la hermana de una de ellas que trabajan en el restaurante y una supuesta novicia, según reconocieron el pasado martes en la rueda de prensa. Las habitaciones libres están destinadas a los cachorros de perro de raza que venden y para visitantes ocasionales como otras exreligiosas, su jefe de prensa, o los clérigos sedevacantistas que, de vez en cuando, acuden al lugar para celebrar la misa tridentina, por lo que no caben las cinco religiosas mayores. Derio ha debido quedar descartado porque, desde que lo abandonaron en 2020 para trasladarse a Orduña, apenas han vivido en él. Según han contado después, lo que les echó definitivamente de allí fueron las «presencias demoniacas» y los «fenómenos preternaturales» que vivieron.

De los tres conventos que controlan desde que anunciaron el cisma, Orduña es el que tiene una situación legal más compleja. Las exmonjas lo compraron a las clarisas de Vitoria en octubre de 2020 pero sólo realizaron una aportación inicial de 100.000 euros (que les había prestado la diócesis de Vitoria) e incumplieron todos los pagos semestrales de 75.000 euros que habían pactado.

Así, en el complejo entramado judicial que envuelve el caso, sobre Orduña pesa una demanda de las clarisas de Vitoria que reclaman la propiedad del edificio, ya que las de Belorado nunca pagaron ninguna de las cuotas que se habían comprometido cuando lo compraron. Un juicio en el que las excomulgadas están personadas, aunque tanto las clarisas de Vitoria como el comisario pontificio, sobre el que en estos momentos recae la representación legal de todos los monasterios han impugnado su personación. En la practica son las dos instituciones de la Iglesia católica que colaboran en esta cuestión, por lo que es muy previsible que lleguen a un acuerdo antes del juicio, aunque mientras tanto queda la duda de quien es el propietario.

Aunque la oficina del comisario pontificio inició el procedimiento de desahucio -poco después del de Belorado-, tanto para el monasterio de Derio como el de Orduña, la autoridad judicial de Vizcaya (a donde pertenecen ambos) todavía no ha fijado fecha para la vista previa en ninguno de los dos. En todo caso, esa falta de definición de a quién pertenece Orduña, tras la demanda presentada por las anteriores propietarias, da un mayor margen de tiempo a las exclarisas antes de ser desahuciadas del lugar. Así, de hacerse efectivo el desahucio e instalarse definitivamente en Orduña, las exclarisas, que no podrían demostrar la propiedad por ninguna vía, pasarían a ser okupas a inquiokupas.

Es la primera gran duda y las versiones son totalmente contradictorias. El pasado jueves 24 de julio ABC revelaba que las exmonjas planeaban sacar a las mayores de Belorado y llevarlas a Orduña. Para ese momento ya habían llevado hasta el monasterio vizcaíno las camas articuladas que necesitaban y un cargamento de pañales para adultos, por lo que su traslado debía ser inminente. Su objetivo era hacerlo antes de un posible desahucio, para evitar que fuera la Guardia Civil quien expulsara a las excomulgadas y las mayores, que forman la comunidad legítima de Belorado, se quedaran en el lugar bajo el cuidado de la Federación de Clarisas, como así lo han pedido desde que se inició el cisma, aunque nunca les han permitido el acceso al monasterio.

Sin embargo, cuando el martes, antes del juicio y después, en la rueda de prensa, los medios preguntaron a las exmonjas dónde se encontraban las mayores respondieron de forma un tanto esquiva, negándose en un primer momento a responder dónde se encontraban. «De todas maneras las mayores tienen capacidad para decidir dónde estar y con quién quieren estar», decía la exreligiosa conocida como sor Paloma la primera vez.

Más tarde, la exabadesa decía que estaban en «su convento como siempre» y a la repregunta, respondía no sabía por qué se había «hecho un bulo» en torno a eso. «De momento no van, va a depender lo que pase hoy», añadía. Más tarde, reconocía que los familiares de las monjas mayores estaban muy nerviosos, pero lo atribuía a las «cosas infundadas» publicadas por ABC, pero sin desmentir en ningún momento nada de lo publicado. En la rueda de prensa posterior incidieron en la idea de que las mayores «se encontraban en su casa», para puntualizar que «era Belorado».

Sin embargo, según ha podido conocer ABC, es muy probable que para ese momento las mayores ya estuvieran en Orduña. Según varias fuentes, el domingo por la mañana la presencia de unos periodistas en la puerta del monasterio de Belorado frustró un movimiento de las exreligiosas que, según los informadores, parecía ser el traslado de las mayores. Otras fuentes han señalado a ABC que, finalmente, el traslado se realizó esa misma noche, aunque sor Sión, consultada por este diario, insiste en que el traslado fue el martes por la tarde, una fecha en la que también había periodistas en el entorno del monasterio de Belorado, dado que esa mañana se había realizado la rueda de prensa.

En todo caso, según ha confirmado sor Sión, los familiares no han podido visitar a las religiosas mayores esta pasada semana, dado que «hablamos de una fecha muy reciente». Lo que sí ha podido constatar ABC de varios familiares es que, desde que se publicó la intención de las exclarisas de realizar el traslado, pidieron realizar videoconferencias con las religiosas, para comprobar cómo y dónde estaban, pero que nunca se llegaron a materializar. Un hecho que, sumado a la ambigüedad con la que contestaron en todo momento sobre dónde se encontraban las mayores y a las versiones de otros testigos, da mayor verosimilitud a la idea de que están allí desde el domingo 27 de julio.

La más joven de las hermanas, sor Pilar, cumplirá en breve los 87 años y la mayor, sor Adoración, hará 102 años este mes. Cuando las clarisas de Belorado compraron Orduña en octubre de 2020, el monasterio llevaba cerrado cerca de 20 años. Contaron con la ayuda de varios grupos de jóvenes y seminaristas de Getafe para comenzar a ponerlo en orden. También arreglaron el tejado, «que tenía hasta 47 goteras», según explican en un vídeo, en el que añaden que el primer mes estuvieron «sin luz ni agua caliente» y que hubo algún invierno en que no tenían calefacción, y las habitaciones estaban a «siete u ocho grados».

Unas condiciones que preocupan tanto a los familiares como a la Federación de Clarisas, que el pasado viernes intentó llevarlas al monasterio de clarisas de Medina de Pomar. Según ha explicado sor Sión a ABC, en Orduña cuentan con «baños adaptados, camas articuladas, calefacción y ventilación en las habitaciones, no hay desniveles y las ventanas se hicieron grandes con vistas a la huerta». Una afirmación que en la tarde de este lunes trataban de demostrar con la difusión de unos vídeos grabados en la zona en la que se encuentran las mayores. En el se ve una habitación con un baño adaptado y la instalación de varios elementos geriátricos en el baño común del pasillo.

La afirmación contrasta con lo manifestado por la representante de la federación de clarisas que el viernes pudo acceder a Orduña, para quien las instalaciones no se encuentran en las condiciones adecuadas para atender a unas personas mayores. También insisten en que sólo una de las habitaciones está adaptada, la que sale en los vídeos facilitados por las exmonjas, y que la calefacción de la que hablan es sólo un acumulador antiguo.

Nunca ha estado claro. Y sólo tenemos los testimonios de las exmonjas y de los pocos familiares que han podido visitarlas en este tiempo. Dada su elevada edad es fácil deducir que tienen problemas de movilidad y, en algunos casos, principios de una demencia senil. La propia Laura García de Viedma reconocía en un audio que madre Pureza (88 años), que fue su antecesora como abadesa, y Lucía (93 años) son las «más vulnerables» y «mujeres de muchísima edad muy dependientes». Un extremo que, a juzgar por los autos dictados, la titular del juzgado de Briviesca parece haber constatado para las cinco.

En los vídeos distribuidos por su jefe de prensa en que aparecen las mayores -en una de las celebraciones de Semana Santa y en las dependencias en que vivían en Belorado- las cinco aparecen en silla de ruedas. Tampoco parece que su cuidado espiritual goce de buena salud. antes del cisma, las religiosas participaban en la eucaristía una vez al día, pues tanto Belorado como Orduña tenían un capellán. Ahora, con el constante trasiego de clérigos sedevacantistas y en la dificultad de atender a cada una de las tres sedes en que están repartidas, se pasan largos periodos de tiempo sin celebración, a veces más de quince días.

«No son conscientes de lo que está pasando», ha comentado a ABC uno de los familiares que las ha visitado. «Cuando le preguntamos sobre quién es su obispo nos contesta que Iceta», lo que indicaría que no conocen los pormenores del cisma y que, en contra de lo que sostienen las exreligiosas, nunca lo han secundado. «No saben lo que ocurre», confirman las mismas fuentes lo que explica que «no quieran moverse del monasterio, ya que ellas piensan que continúan en una comunidad católica». «Están manipuladas y sometidas por el grupo de cismáticas» sentencian.

Es una de las grandes incógnitas de este caso. Las exmonjas siempre han defendido que la comunidad es una sola y quiere permanecer unida». También afirman que «no están incapacitadas ni sometidas a la tutela de nadie, si alguna no pudiera expresar su voluntad, las decisiones que se deban tomar nos corresponde adoptarlas a nosotras, que somos las que convivimos con ellas desde hace tantos años y somos sus guardadoras de hecho, como establece el Código Civil».

Sin embargo, en un audio facilitado por su jefe de prensa en la vorágine del viernes, que tiene un destinatario no conocido, la exabadesa reconoce que en Orduña «estaba también mi hermano que se ha personado desde Burgos y que tenía los poderes de representación de las cuatro hermanas». «Le faltaba el de la madre Pureza, pero esto no lo diga», le señala a su interlocutor, pese a que el audio se hizo público. Preguntada por este diario por qué los poderes de representación de cuatro de las monjas mayores los tiene una persona ajena al monasterio, sor Sión ha indicado que «lo normal, porque son poderes para un abogado».

En todo caso, esta circunstancia explica uno de los párrafos del comunicado hecho público por los abogados el sábado que afirma que «ahora la Fiscalía y el Juzgado disponen del acta y las grabaciones de las mayores en las que consta su voluntad de quedarse donde están y con las hermanas con quienes conviven, y además lo han manifestado expresamente al Juzgado en escritos presentados en el día de hoy que adjuntamos (cuatro de las afectadas, ya que la quinta no puede hacerlo)». Corresponden las cuatro actas con los poderes de representación, por lo que queda la duda de en qué medida responde a la voluntad de las afectadas o son escritos presentados por el abogado. ¿Por qué la representación de estas mujeres mayores no recae en la que fue abadesa, como suele ser habitual en las órdenes religiosas? ¿Cuándo se firmaron esas representaciones? ¿Antes o después del cisma? ¿Por qué una de ellas nunca lo firmó?

«Confiamos en que no se les ocurra intentar de nuevo actuar en contra de esa voluntad. Constituiría un delito de detención ilegal de colosales proporciones», acababa el escrito de los abogados, aunque vistas las circunstancias cabría preguntarse si quienes han incurrido en este delito no son los que han impedido la ejecución del auto judicial.