Se libran de la cárcel todos los empresarios que pagaron por sexo con menores en Murcia

A pesar de que la Fiscalía se haya opuesto a la suspensión de las penas, la Sala ha aplicado el criterio de que las condenas que no superan los dos años de prisión pueden ser eludidas cuando se cumplan unas condiciones determinadas. Así, los empresarios deberán pagar una multa y deberán no volver a cometer delitos, ni comunicarse con las víctimas, y tendrán que hacer un curso de reeducación sexual.

«El sistema no puede volver a defraudar a estas chicas», remarcó el teniente fiscal, José Francisco Sánchez Lucerga, el lunes en la primera vista oral. La suspensión de las penas a los principales procesados, incidió el representante del Ministerio Público, «supondría otra quiebra en la protección que el sistema ha ofrecido a esas menores».

Pese a que la decisión de los jueces también ha sido duramente criticada en la calle, esta responde a la petición que realizaron casi la mitad de las víctimas de esta red. Cinco de las once afectadas pidieron expresamente a los magistrados que no mandasen a los condenados en prisión y que les concediesen una segunda oportunidad.

La magistrada Concepción Roig explicó que estas chicas, «que han sufrido enormemente», preferían que los procesados reflexionasen sobre sus actos y no volvieran a repetirlo. Otras cuatro víctimas, sin embargo, exigieron a la Sala que metieran a los empresarios en la cárcel y otras dos no se pronunciaron sobre este asunto.

En la segunda vista oral se ha aplazado la vista para decidir el futuro de tres de las 'mamis', las personas que se encargaban de buscar a las menores en las puertas de los centros educativos y discotecas, para quienes todavía se tiene que pronunciar la Audiencia. La Sala, a su vez, debe pronunciarse también sobre la suspensión de la pena del último de los procesados: W. J. D.. Este hombre asumió penas de hasta 12 años de cárcel por colaborar con la trama trasladando a las adolescentes a los lugares donde se producían los encuentros sexuales.