Bustinduy relanza la ley que acelerará los trámites de las ayudas para la dependencia

El pasado 9 de enero, mantuvo una de esas reuniones con la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, en la que además de lisonjear que sus políticas regionales en materia de dependencia y garantía de rentas «son referentes a nivel estatal», dio algunas pinceladas de cuáles van a ser sus próximos compromisos –paralizada la reforma del permiso de lactancia, que fue su primer anuncio, al decaer el decreto de Yolanda Díaz en la votación del pasado día 10 en el Senado–, aunque todos llevan el prurito continuista de la anterior legislatura, con Ione Belarra (Unidas Podemos) al frente del ministerio.

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Bustinduy quiere retomar dos proyectos que dejó a punto la secretaria general de los morados, estancados por la convocatoria de elecciones generales. El primero es la Ley de Familias en 'stand by'; y en segundo lugar, la Ley de Servicios Sociales que se quedó en un borrador de ley llevado al Congreso en el último momento del anterior mandato.

Para ambas normativas, el ministro de Sumar va a necesitar engordar con un aumento presupuestario importante competencias tales como la dependencia, motivo por el cual, tras verse con Chivite, Bustinduy mantuvo el mismo 9 de enero una reunión con la ministra Elma Saiz, responsable de la Seguridad Social. El encuentro fue en 'mudo', pero fuentes del Ministerio de Bustinduy mantuvieron tras ella que la Ley de Familias debe ser realidad este año 2024.

Para algunas organizaciones implicadas, el segundo de los proyectos –una ley de Servicios Sociales que mejore la asistencia en el país– siempre ha sido «un intento», que todos dicen que va a ser y no se concreta. «Esperemos que en esta ocasión no se deje para última hora, como en la anterior legislatura», aprecia José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

¿En qué consistiría esa ley que pretende relanzar Derechos Sociales? Bustinduy ha desvelado algunas claves. La primera es la ecuación 50-50. Ahora mismo, el Gobierno mantiene el compromiso de ir elevando la aportación pública de la prestación por dependencia hasta llegar a la meta de un 40%. Con los últimos datos de 2022, ese porcentaje es todavía de un 26%. Ese ejercicio, siempre según el Observatorio Estatal para la Dependencia, se destinaron 10.234 millones de euros de inversión pública en el SAAD o sistema de atención a la dependencia; de ellas, las comunidades autónomas financieron el 74%, aunque algunas se despreocuparon en mayor media y cayó el gasto un 1,27% (98 millones de euros). La aportación estatal fue de 2.661 millones de euros), aunque comenzó a elevarse a partir de la aprobación de un plan de choque en febrero de 2021.

«De lo que habla el ministro es de casi duplicar lo destinado por la Administración General del Estado», aterriza Ramírez. De los 8.135 euros de media por beneficiario de esa prestación, el Estado destinó 2.115. Según criticó Ramírez, hubo gobiernos autonómicos que aprovecharon para «hacer caja» y usar esa aportación adicional de la AGE para otros fines que no fueron dependencia.

«Si los próximos cuatro años se mantuviera la tendencia de los últimos tres de aumentar en 600 millones de euros la cantidad anual, casi podríamos acercarnos a ese 50% al final de la legislatura», desafía Ramírez, quien aunque mantiene reservas sobre la financiación autonómica ve con buenos ojos la propuesta de relanzar la ley.

Además de elevar la consignación estatal, el otro (y no menor) gran objetivo encomendado a la ley sería agilizar la burocracia. Los trámites para conseguir una prestación son engorrosos y arrastra una lista de espera enorme, máxime en comunidades como Cataluña, líder en esta deshonrosa materia. Cada 12 minutos muere una persona a la espera de recibir su prestación, arroja el Observatorio. Según el organismo, la lista de espera creció en 17.966 personas solo desde diciembre de 2022 a mayo de 2023 y 350.028 personas se encuentran a la espera de algún procedimiento, lo que en un país envejecido no va a detenerse ahí.

Según el ministro, con la norma pretende dar galones a algunos servicios sociales y reconocerlos como «esenciales». «Eliminar las barreras normativas que –reconoció– están dificultando el acceso a las ayudas de emergencia social» sería la otra finalidad de la norma que debe «retomarse», aseveró. En sus declaraciones, el ministro sacó a la luz un problema que viene denunciando el Observatorio presidido por Ramírez. Derechos Sociales apuesta por que las personas que «reciben servicios y prestaciones básicas tengan reconocido el derecho a seguir recibiéndolos si cambian su residencia de una comunidad a otra». Algo que detalla Ramírez, desvelando esa anomalía poco conocida: normalmente, explica, si es prescrito por un facultativo social, lo que se mantiene en el cambio de una región a otra es la valoración de la dependencia, pero el usuario comienza de nuevo «un camino tortuoso»para reformular su PIA (que es su plan individual de atención) y en la nueva autonomía puede que consideren que hay que darle otra prestación o servicio o la misma adjudicada en primer lugar con una resolución administrativa nueva. 914 no obtuvieron su PIA «efectivo« en 202'2. El camino puede demorar muchos meses.