Un juzgado dice que para vetar la caza en Cabañeros antes Castilla-La Mancha debe indemnizar a los afectados

En 2014, la Ley de Parques Nacionales aprobó que a partir de 2020 la caza recreativa y comercial estuviera prohibida en estos espacios naturales. La norma preveía compensar a ayuntamientos y particulares por la pérdida de recursos económicos que les acarrearía el fin de la actividad cinegética en su zona. Pero, como ya reveló este periódico, más de diez años después de la aprobación de la ley, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales solo se ha alcanzado un acuerdo con un particular, dueño de una finca en uno de estos espacios protegidos, a pesar de la obligatoriedad de la legislación. La ley también establecía la necesidad de adaptar los espacios protegidos a la nueva situación. Pero, según denuncian los propietarios de fincas en Cabañeros, nada de esto ha ocurrido por el momento.

Ahora, la sentencia estima el recurso interpuesto por un integrante de la Asociación de Afectados por el Parque Nacional de Cabañeros (AAPNC) al que la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha denegó el permiso para cazar. El juzgado argumenta que ese veto carece de fundamento legal, al no haberse cumplido los requisitos establecidos en la ley.

«Las restricciones a los usos y aprovechamientos contenidas en los artículos 6 y 7 de la Ley 30/2014 no son aplicables en tanto que no se dé cumplimiento por la Administración a las actuaciones exigidas por la DA7 para la adaptación de los Parques Nacionales», dice la sentencia.

Esas actuaciones, continúa, «tienen por finalidad indemnizar a los titulares de derechos por las limitaciones impuestas a los aprovechamientos de sus fincas, a saber: elaborar unos criterios técnicos con participación de los propietarios; intentar acuerdos individuales con cada uno de los propietarios afectados; y subsidiariamente a los acuerdos individuales, proceder a la expropiación de los correspondientes derechos», concluye.

El fallo no es firme y puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, como ya ha ocurrido con sentencias anteriores, aunque la asociación de afectados argumenta que representa un nuevo varapalo al Gobierno regional y pone de manifiesto la necesidad de cumplir la ley.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla-La Mancha aseguran a ABC que la sentencia es contradictoria con otras sentencias que sí han confirmado la denegación de monterías/ganchos solicitadas por otros titulares de fincas en el parque nacional. Y apuntan a que en estos momentos se está estudiando la posibilidad de hacerlo en apelación, siendo previsible la presentación de un recurso.

La Junta interpreta que los requisitos previos al veto a la caza a los que alude la sentencia (la necesidad de llegar a acuerdos, indemnizar o en su caso expropiar a los propietarios de fincas privadas) no son responsabilidad de Castilla-La Mancha, sino del Organismo Autónomo de Parques Nacionales dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

La gestión de Cabañeros se encuentra en el punto de mira después de que la Asociación de Afectados por el Parque Nacional de Cabañeros (AAPNC) haya logrado que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo investigue la situación del parque y la sobrepoblación de ciervos. Argumentan que, desde que en 2020 entró en vigor la prohibición de la caza deportiva y comercial en todos estos espacios protegidos, el número de ungulados se ha disparado y está generando daños al parque.