Una juez federal paraliza el veto de Trump a los estudiantes extranjeros en Harvard

La universidad demandó a la Administración Trump este mismo viernes por la mañana, pocas horas después de conocer la medida. Y la juez Allison Burroughs, de los juzgados federales de Boston, cerca de la universidad, determinó de manera cautelar que el Gobierno no puede hacer cumplir la orden impuesta contra Harvard.

Trump y Harvard están en guerra desde el mes pasado, cuando el Gobierno de EE.UU. exigió a la universidad una batería de reforma: desde imposiciones en el currículum, a cambios en la política de admisión de estudiantes y contratación de personal, así como el refuerzo de las medidas disciplinarias en el campus. Si no le hacía, la Administración Trump cortaría el grifo de las subvenciones millonarias que recibe la universidad y que se dedican, sobre todo, a proyectos de investigación.

Era algo similar a lo que Trump ha exigido a otras universidades de elite de EE.UU., a las que acusa de ser un nido de antisemitismo y de ideología izquierdista radical. Algunas de ellas, como la Universidad de Columbia, en Nueva York, el escenario emblemático de las protestas propalestinas y antiisraelíes del año pasado, se plegaron y han intentado negociar con el Gobierno.

Pero Harvard, la universidad con más colchón financiero, decidió plantar cara e interpuso demandas contra unas exigencias que, según ha defendido, amenazan la autonomía universitaria, un pilar educativo en EE.UU.

Y lo ha vuelto a hacer ahora, cuando la Administración Trump ha ido contra uno de sus grandes músculos financieros: los miles de alumnos que viajan cada año desde el extranjero para formarse en la universidad más prestigiosa del mundo. Los alumnos internacionales suponen el 27% del cuerpo estudiantil y, al contrario que un gran porcentaje de estudiantes domésticos, la mayoría no disfruta de ayudas financieras estadounidenses.

Es el Gobierno de EE.UU. a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés) quien concede el estatus legal para los estudiantes e investigadores del extranjero que están en universidades estadounidenses. Se hace a través de su Programa de Visitas de Estudiantes e Intercambio (SEVP, en sus siglas en inglés), en el que las universidades deben certificar que los alumnos e investigadores cumplen con los requisitos legales para estar en el país.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, informó a Harvard en una carta enviada el jueves que su participación en SEVP quedaba revocada por su negativa a ofrecer información detallada sobre sus alumnos y sus supuestos participaciones en actividades ilegales.

El rector de Harvard, Alan Garber, informó a la comunidad universitaria que volverían a plantar cara y que la decisión de la Administración se debe a «nuestra negativa a entregar nuestra independencia académica y entregarnos a una toma de control ilegal de nuestro currículum, nuestro claustro y nuestro cuerpo estudiantil por parte del Gobierno federal».

Sus abogados interpusieron una demanda de urgencia para conseguir el bloqueo cautelar de la decisión, que fue concedido casi de inmediato por la juez. En su escrito, Harvard defiende que la revocación de su capacidad para registrar alumnos extranjeros es una «violación flagrante» de la Constitución de EE.UU. «Con un golpe de bolígrafo, y sin ninguna justificación legal, el Gobierno ha buscado eliminar un cuarto del cuerpo estudiantil de Harvard», asegura. «Sin esos estudiantes, Harvard no es Harvard».