La Justicia francesa retira el uso del catalán en los plenos de sus ayuntamientos del sur

Los ayuntamientos de Amélie-les-Bains-Palalda (3.600 habitantes), Elne (9.500 habitantes), Port - Vendres (4.000 habitantes), Saint-André (3.450 habitantes) y Tarerach (50 habitantes), habían decidido utilizar el catalán coloquial en muchos plenos municipales, siguiendo una tradición oficiosa que ha tenido muchos altibajos desde finales del siglo XIX.

Esos cinco muy pequeños municipios se encuentran en el departamento de los Pirineos Orientales (485.000 habitantes), donde el catalán es usado de manera coloquial por una minoría de habitantes de pequeñas localidades. En Perpignan, como en el resto de la Cataluña norte (en la terminología nacionalista), y dos departamentos (Hautes-Pyrénées y Hérault) de los treces de la región de Occitania, la lengua catalana usada de manera muy minoritaria. Desde Frédéric Mistral (1899 - 1914), el gran poeta en lengua occitana, próxima al catalán, sus relaciones con Barcelona y la Cataluña nacionalista han oscilado entre la incomprensión y el distanciamiento.

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En 1920, Cataluña invitó al Mariscal Joffre a presidir los Juegos Florales organizados por la Generalitat. El gran héroe militar de la Primera guerra mundial hablaba catalán «en la intimidad», pero no deseó que su presencia en Barcelona tuviese una dimensión política «nacional». La relación entre Occitana y Cataluña no cuajó. Sesenta o setenta años más tarde, Jordi Pujol y sus gobiernos intentaron otro tipo de operación política: apoyar la expansión del catalán en Francia. Con poco éxito. La financiación de actividades, las subvenciones, los viajes organizados y la organización de concursos de sardanas no terminaron de cuajar. Y aquellas campañas de los años 80 y 90 del siglo pasado terminaron sin éxito.

Jordi Pujol intentó establecer un diálogo directo con algunos políticos franceses, como Edgar Faure, partidarios de la descentralización. En vano. La descentralización francesa siempre coincidió y coincide con la afirmación más estricta y diáfana del poder del Estado, cuyos prefectos controlan los grandes resortes del poder, comenzando por la seguridad y el orden público.

Intentando hacer avanzar la causa catalana en Francia, Pujol tampoco dudó en entrevistarse con un presidente de la República, Jacques Chirac, presentándose como el «garante» de la estabilidad política española. Chirac escuchó encantado esos buenos propósitos, sin ceder un ápice en la cuestión capital de la lengua y la cultura en los Pirineos Orientales. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero intentó organizar una cumbre hispano francesa, con presidentes de las regiones fronterizas, Chirac insistió en que su gobierno solo dialogaría con los representantes de España.

Nicolas Sarkozy, François Hollande y Emmanuel Macron, los sucesores de Chirac en el Elíseo, siempre sostuvieron, ante Cataluña y España, la misma política. Durante los sucesos del otoño de 2017, Macron recibió a Mariano Rajoy en el Elíseo, confirmando públicamente la posición francesa, personal e institucional: «Yo solo conozco a un amigo y un aliado, España, entera».

El activismo de Pujol y sus sucesores solo tuvo un efecto indirecto de fondo: el incremento de la propaganda nacionalista ha coincidido con un incremento del voto de extrema derecha. El alcalde de Perpignan, foco central del activismo de la Generalitat desde hace treinta años, es hoy Louis Aliot, que fue el compañero sentimental de Marine Le Pen durante muchos años.

Andando el tiempo, cinco pequeños municipios que suman menos de 20.000 habitantes decidieron utilizar el catalán en sus plenos municipales. El prefecto del departamento de los Pirineos Orientales se limitó a denunciar tal decisión, pidiendo la intervención inmediata de la autoridad judicial. El Tribunal Administrativo de Montpellier ha puesto fin a ese modestísimo fuego fatuo, declarando ilegal un comportamiento irresponsable que viola la Constitución.

Tras conocer la decisión de la Justicia francesa, la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, apuntó que la sentencia había hecho una valoración restrictiva de la Constitución francesa. «Lamentamos la decisión judicial, creemos que se hace una lectura muy restrictiva de la Constitución francesa y contraviene el espíritu europeísta de respeto por la pluralidad», dijo Plaja en la rueda de prensa semanal.

Por su parte, el Consell de la República, la entidad radicada en Bélgica que controla Carles Puigdemont, emitió un comunicado asegurando que la decisión de mantener el francés como lengua de primacia, que no exclusiva, en los plenos municipales «es una clara violación de derechos fundamentales» y supone una constatación de la «represión» que sufre la «Nación catalana» en Francia. También anunció que se ponía a disposición de los alcaldes afectados «para coordinar acciones jurídicas y políticas para llevar el caso a las diferentes instancias europeas», informa Daniel Tercero.