Justicia detectó en 2023 mil agresores sexuales que solicitaron un trabajo en contacto con menores

No obstante, a pesar del éxito que supone haber detectado este millar de casos, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un refuerzo en la legislación para reformar el citado registro (creado en 2015) con el objetivo de endurecer los requisitos y dificultar aún más que personas con antecedentes puedan trabajar en entornos infantiles o juveniles, tal y como ha adelantado este periódico.

En total, de los casi 9 millones de certificados de penales y delitos sexuales que se emitieron el año pasado, 1.000 fueron positivos. Otro de los aspectos que quiere reforzar Justicia tiene que ver con la posibilidad de que personas con antecedentes de este tipo por delitos cometidos fuera de España puedan solicitar este tipo de empleos sin que las autoridades españolas los conozcan o sin que las bases de datos estén actualizadas.

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Así, el año pasado se realizaron más de 125.000 solicitudes a países de la Unión Europea y Reino Unido, de las cuales 40.000 correspondieron a los antecedentes por delitos sexuales para trabajar en contacto regular y directo con menores. Según estas mismas fuentes «la inmensa mayoría» fueron negativas, si bien da una idea de la importancia de que la información aportada esté actualizada con las bases de datos tanto españolas como de los países de origen.

Las medidas suponen una reforma del Registro central de Delincuentes Sexuales, creado en 2015 y son un desarrollo de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia frente a la violencia. Pivota sobre tres ejes. El primero son los controles periódicos y parte de la base de que la legislación actual establece que cualquier trabajador que tenga contacto frecuente con menores debe entregar a su empresa un certificado de que no tiene antecedentes penales por delitos sexuales. Pero su la condena es posterior, pasa desapercibida al empleador. Con la reforma, Justicia pretende que las empresas puedan solicitar periódicamente estos certificados.

El segundo punto tiene que ver con la búsqueda de una certificación más completa para la Unión Europea: cuando un ciudadano europeo pide ese certificado en nuestro país puede ocurrir que esté limpio en España, pero sí los tenga en su lugar de origen. La nueva norma establece que jhasta que no se disponga de una información completa (España y país de origen) no se emitirá el certificado.

Por último, la reforma plantea que el Registro Central de Delincuentes Sexuales incorpore a su denominación «y de trata de seres humanos». Esto significa que no habrá certificado para quien esté condenado por estos delitos, con independencia de la edad de la víctima y tipo de trata.