La Justicia absuelve a la enfermera 'antivacunas' por su «trastorno delirante» de corte «mesiánico, esotérico y místico»

Un máximo que reclamaban las distintas partes personadas (acusación particular de las familias de los menores, el servicio de Salud vasco o el Colegio de enfermería y Fiscalía) que, sin embargo, cambió después de conocer la pruebas pericial sobre el estado psicológico de la acusada. En dichos informes se explicaba como «presenta un discurso fluido donde afloran ideas delirantes de tipo esotérico/mágico y conceptos existenciales muy complejos; ideas muy estructuradas, sin sufrimiento interno, sin autocrítica y sin conciencia de enfermedad, y que son irreconducibles y están muy cronificadas». Por ejemplo, la enfermera estaba convencida de haber sido jurado en el proceso de Nuremberg al fin de la Segunda Guerra Mundial.

Descartaban que fuese una persona agresiva a causa de su patología, de tipo psicótica y que se remonta tiempo atrás de los hechos (entre febrero de 2021 y septiembre de 2022, cuando prestaba servicios en pediatría) y que se mantienen a día de hoy. Un delirio que determinó su voluntad de no vacunar, pese a que después si registraba el procedimiento en el historial clínico de los pacientes, y que se manifestaba en expresiones espontáneas de la acusada a los padres «sobre el carácter angelical de los niños como seres de Dios, o la innecesaridad de la vacunación antitetánica frente a la inmunización natural procedente de caminar descalzos sobre la hierba, y otras tales como la audición de música identificable como oriental en tiempo de trabajo».

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Durante el juicio, se acreditó que no tenía ninguna conciencia de la ilicitud de los hechos. De hecho, estaba convencida de «estar procurando con sus conductas la mayor y mejor pauta sanitaria a los menores» asignados a su labor profesional (404 niños entre los 2 meses y 16 años). Así, el tribunal ha cordado imponerle como medida de seguridad siete años de tratamiento médico externo pautado por un médico especialista en psiquiatría y el mismo tiempo de inhabilitación para el ejercicio de profesión o empleo público en el ámbito de las profesiones sanitarias.

Además deberá abonar a Osakidetza (servicio de salud vasco) 20.000 euros por las vacunas desechadas. Algo que la sentencia recoge en los hechos probados a través de los testimonios de 49 padres y la abuela de 51 menores, que coincidían a la hora de relatar la rapidez con la que administraba las vacunas. También en la ausencia de efectos secundarios y la falta de anticuerpos en los menores, acreditada en diferentes exámenes serológicos practicados a los infantes.

Más allá de este fallo, la sentencia de la Audiencia de Vizcaya, que no es firme y contra la que cabe recurso en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), incluye una exposición razonada por la que traslada al ministro de Justicia, Félix Bolaños, un requerimiento para modificar el Código Penal e incorporar el caso como un nuevo delito. Advierte que el caso «genera un problema grave de salud pública que no se encuentra tipificado ni en los tipos penales que castigan conductas que atentan contra la salud pública, ni en los tipos penales correspondientes a delitos cometidos por funcionarios públicos».