La juez ordena el desahucio de las exmonjas de Belorado: «Dejen libre y expedita la finca»

La juez María Isabel Revilla estima íntegramente la demanda de desahucio presentada en septiembre de 2024 por el comisario pontificio, nombrado por la Santa Sede como superior mayor del monasterio, y declara que las exreligiosas ya no tienen ningún título que justifique su permanencia en el cenobio. «La parte demandada no ha demostrado, como así le competía, que reúna título alguno que justifique y legitime el uso del inmueble frente a su titular», señala el fallo.

El origen de la disputa se remonta al 13 de mayo de 2024, cuando la entonces abadesa, Laura García de Viedma, hacía público un documento, el denominado «Manifiesto católico», en el que aseguraba que toda la comunidad rompía con la obediencia al Papa Francisco y sólo reconocían a los Pontífices hasta Pio XII. Como más tarde desveló ABC, las exreligiosas trataron después de asegurar la propiedad de los monasterios con la celebración, -según ellas- de un capítulo conventual en el que aprobaron la transformación jurídica de los monasterios de Derio y Belorado en asociaciones civiles.

El fallo también ahonda en otra cuestión que ha sido clave en el debate de quién es el legítimo propietario de los monasterios y que ha sido utilizada por la defensa de las exreligiosas como principal argumento en la vista previa: el derecho de las personas jurídicas (además de las físicas) a abandonar o cambiar de religión. Sin embargo, la sentencia defiende que «la libertad religiosa sólo se reconoce respecto de las personas físicas y no respecto de las personas jurídicas».

Como era previsible, la rotunda afirmación de la juez ha encendido los ánimos del equipo legal de las exmonjas, quienes consideran que con ella se pisotea la jurisprudencia nacional e internacional. «Sin ningún argumento, se carga de un plumazo la libertad religiosa de la persona jurídica», denuncian en un comunicado los abogados Florentino Aláez y Enrique García de Viedma, hermano de las exabadesa. «No se puede obviar el problema», añaden, «porque si [el comisario pontificio] carece de poder para representar a la comunidad, ¿cómo va a desahuciar a alguien?».

En su escrito, las exclarisas acusan a la juez de emitir una sentencia «plagada de errores gramaticales» y de aceptar «de modo acrítico» los argumentos de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, «que carece de competencia para declarar la nulidad» del acuerdo de transformación. Además, recuerdan que no se les permitió aportar a la vista los autos de la Audiencia Provincial de Burgos del 11 y 17 de julio, que según ellas respaldan su tesis.

La vista oral del juicio se celebró este lunes, 29 de julio, tras dos suspensiones previas. Apenas 48 horas después, tenemos sentencia. Demasiado rápido, en opinión de las exreligiosas. «La aparente urgencia de la sentencia ha dejado estupefactos a todos por su rapidez», denuncia su portavoz de prensa, Francisco Canals. «La celeridad con la que se pretende desalojar a las monjas constituye un hecho insólito y sin precedentes en nuestro país».

Canals, una figura ya familiar en este cisma, ha querido poner el foco en la actitud de las religiosas: «El sistema no está de nuestro lado, pero ellas son religiosas creativas, emprendedoras y carismáticas». Dice que «mantienen la calma», que «no todo está perdido» y que «confían en la Justicia Divina». Lo que no deja de ser el argumento de siempre, sobre todo desde que comenzaron a atisbar que en los juzgados sus argumentos doctrinales iban a tener poco peso. Sin embargo, ahora la justicia divina en la que dicen confiar se enfrenta a una orden judicial civil en contra.

La sentencia, que también impone las costas del proceso a las demandadas, aún no es firme. Las exmonjas ya han anunciado que recurrirán ante la Audiencia Provincial. Mientras tanto, el lanzamiento—que estaba señalado 12 de septiembre— queda pendiente del recurso. «Confiamos en que no se ejecute esta sentencia hasta que la Audiencia se haya pronunciado sobre su apelación», explican las exreligiosas en su comunicado, aunque lo cierto es que la parte demandante podría pedir la ejecución provisional.

Tampoco aclaran las exmonjas si acatarán la sentencia cuando sea firme o mostrarán algún tipo de resistencia al desahucio. En declaraciones a los medios, el pasado martes afirmaron que la decisión sobre si «resistir o salir de manera voluntaria» la tomarían «en comunidad». En la rueda de prensa, alguna de ellas se mostró partidaria de «resistir», lo que, en caso de hacerse efectivo el lanzamiento, podría derivar en una imagen insólita: la Guardia Civil desalojando a la fuerza a unas monjas, en este caso preconciliares o antimodernistas.

Desde la otra parte, en la oficina del comisario pontificio se muestran prudentes, pero satisfechos. «El juicio se celebró conforme a Derecho», subrayan, y recuerdan que «las monjas mayores que no secundaron el cisma constituyen la legítima comunidad monástica», reconocida por el ordenamiento jurídico español y el derecho canónico.

La duda ahora es dónde se encuentran esas cinco monjas más mayores. Como ya anticipó ABC, las excomulgadas tenían la pretensión de trasladarlas al monasterio de Orduña ante la inminencia del desahucio. Según algunos rumores, el traslado se habría producido el pasado domingo, pero las exclarisas lo negaron el pasado martes en la rueda de prensa en el monasterio de Belorado, y afirmaron que se encontraban en el edificio, aunque no aportaron ninguna prueba. En todo caso, su intención es seguir unidas a ellas, pues afirman que forman «una única comunidad» y que las más mayores también secundan su lucha contra Mario Iceta.