La juez deja en manos del TSJ de Cataluña la decisión sobre la eutanasia de una joven que paralizó su padre

El juzgado de Barcelona debía decidir si una mujer con trastorno límite de la personalidad, que carece de movilidad completa en las piernas por una lesión medular tras un intento de suicidio puede acogerse a la ley de muerte digna. El suicidio asistido se tenía que haber ejecutado el pasado 2 de agosto, pero se detuvo en los tribunales por la solicitud de medidas cautelarísimas de la asociación Abogados Cristianos, que actuaba en representación del padre de la joven.

La juez ha tomado esta decisión tras citar a declarar a las partes implicadas: Fiscalía, Comité de Garantías y Fundación Española de Abogados Cristianos.

El argumento del progenitor para detener 'in extremis' la petición es que su hija «no sufre una enfermedad grave e incurable o una condición grave, crónica e imposibilitante que le cause un sufrimiento intolerable», que son las condiciones que marca la ley para conceder la eutanasia.

Además defiende que su hija no está en condiciones de tomar una decisión de forma libre, consciente informada y que tales «requisitos no se cumplen en absoluto en el presente caso». Sostiene que «los trastornos mentales, que incluyen ideación suicida, ideas paranoides y el trastorno bipolar que sufre pueden afectar su capacidad para tomar una decisión sobre la eutanasia».

Abogados Cristianos y el progenitor argumentan también que la joven se arrepintió de su decisión. Escribió una carta el 29 de julio en la que solicitaba retrasar su eutanasia «porque tenía dudas», aunque al día siguiente volvió a manifestar que quería seguir adelante con el proceso.

Las mismas fuentes habían solicitado en su demanda que se tomara declaración a la médica y la psicóloga que valoraron a la joven para determinar si en estos momentos está capacitada para tomar una decisión tan drástica. La joven, actualmente, se encuentra ingresada en el Hospital Residencial Sant Camil, de Sant Pere de Ribes (Barcelona).

El caso de Barcelona recuerda a otro similar en Galicia. En noviembre del año pasado, una madre paralizó en el juzgado la eutanasia de su hija que nunca volvió a solicitarla de nuevo. La afectada, entonces tenía 54 años y esclerosis múltiple.

La ley de muerte digna concede la eutanasia a personas con enfermedades que afecten directamente a su autonomía, de manera que no le permita valerse por sí misma, y que llevan asociada un sufrimiento físico, pero también psíquico «constante e intolerable para quien lo padece».

La mayoría de las eutanasias que se han autorizado en España están relacionadas con enfermedades neurodegenerativas y cáncer. En los casos en los que se alega un problema psíquico los procesos de evaluación son mucho más extremos para descartar que detrás de la petición haya un proceso transitorio de depresión o ansiedad.

Cuando se solicita, la petición debe pasar tres filtros: el del médico al que acude el paciente, un segundo dictamen de otro facultativo que no conozca al afectado y, por último, la comisión de garantías de cada comunidad autónoma debe decidir si lo aprueba o lo deniega. En estas comisiones participan juristas y profesionales sanitarios, entre ellos enfermeros, psicólogos, farmacéuticos o expertos en bioética.

Según los datos provisionales del Ministerio de Sanidad, en 2023, recibieron la eutanasia en España 323 personas, algo menos de la mitad de quienes lo solicitaron (727).