Jueces de menores contra el Gobierno: «No nos hacen caso, no importamos»

En el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), esta semana, tres magistradas de esta jurisdicción denunciaron que no se tuvo en cuenta ninguna de las enmiendas propuestas por estos jueces a la ley de eficiencia, a pesar de que la reforma afecta negativamente a derechos de los menores. Bajo el título '¿Bajamos la edad penal o subimos la responsabilidad social?', las magistradas llevaron a cabo una defensa cerrada de la justicia restaurativa.

«Es difícil ponernos de acuerdo, pero los jueces conseguimos redactar una enmienda para que en la ley de eficiencia existiera la especialidad en menores en segunda instancia, igual que existe en violencia de género. No nos hicieron ni caso. No importamos», lamentó Reyes Martel Rodríguez, magistrada del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria. Ella es la presidenta del proyecto #UP2U, asociación que nace por «la poca escucha» de los políticos para hacer frente a «carencias» de la ley del menor. Solo Coalición Canaria defendió la propuesta de estos jueces en el Congreso.

La juzgados de primera instancia son los que conocen el caso y resuelven. Es luego, en segunda instancia, cuando un tribunal superior revisa esa decisión. Desde hace años, los jueces de menores alertan de la necesidad de que esa especialización no se pierda en ninguna parte del proceso, porque muchas veces el recurso de un menor infractor no cae en manos expertas.

Concepción Rodríguez González del Real, Juez titular del Juzgado de Menores número 1 de Madrid, alertó de que la jurisdicción de menores, la formación de los funcionarios y la capacidad de ejecutar acciones pueden desaparecer en los partidos judiciales pequeños con los nuevos tribunales de instancia que entran en vigor en octubre, donde se agruparán diferentes secciones y dejarán de ser unipersonales. «Tenemos una profunda preocupación con la nueva ley 1/2025 de eficiencia porque puede diluir la respuesta a los menores, sobre todo en sitios pequeños, donde los compañeros no tienen las mismas herramientas», lamentó. Y criticó también la «falta de sensibilidad» del Legislativo al no reflejar la especialización en segunda instancia.

La directiva 2016/800 del Parlamento Europeo relativa a las garantías procesales de los menores exige la especialización en segunda instancia, recordó Rodríguez González del Real. Sin embargo, en España, «a pesar de todos los esfuerzos de los jueces de menores», no ha sido traspuesta a la legislación nacional en esos términos.

Así, los jueces están preocupados porque que esto provoque la falta de garantías judiciales y un perjuicio del interés superior del menor. En España, solo hay 81 jueces de menores. Estas magistradas no entienden que desde 2008 no se convoquen plazas para su jurisdicción. Lo que en la práctica son casi dos décadas sin formar nuevos togados en esta especialidad. Eso sí, los que hay están coordinados en un grupo de mensajería instantánea con contacto frecuente, y además a todos les define la misma empatía e implicación con los menores que tratan.

Otra de las carencias detectadas por los jueces son las desigualdades en el sistema de menores entre Comunidades Autónomas, tanto en equipo técnico como en la posibilidad de aplicar medidas educativas. Tras el asesinato de la educadora social Belén Cortes, hace un mes, en un piso de cumplimiento de medidas judiciales para menores en Badajoz, el tejido social, sindicatos policiales y hasta Vox pidieron endurecer las penas de los chavales infractores y reducir la edad de responsabilidad penal de 14 a 12 años.

Los jueces especializados en delincuencia juvenil lamentan que el caldo de cultivo que provocan estas tragedias que se vuelven tan mediáticas fomenta debates desde el dolor y la rabia. A su juicio, intoxican la reflexión pública sobre la legislación del menor y sigue sin tenerse en cuenta la experiencia de los tribunales de menores. En el ICAM, las jueces recordaron que en Inglaterra y Gales se rebajó la edad y los delitos siguieron aumentando. Ellas y sus colegas defienden que la solución es reforzar las medidas de prevención y reintegración. Esto es, ofrecerles una segunda oportunidad.

«La ley funciona, el porcentaje de reinserción es altísimo, más del 80 por ciento de los jóvenes se reeducan. Los profesionales llevamos 25 años, desde su entrada en vigor, analizando las circunstancias que rodean a cada menor y determinando qué medidas son las que dan un resultado positivo para la reeducación. Tenemos una gran experiencia en detectar elementos de riesgo, aunque los políticos no nos hagan caso. La clave pasa por la prevención primero y la adecuada intervención después», asegura Eva Saavedra Montero, magistrada del Juzgado de Menores número 2 de Madrid.

Paradigmático es el caso de Wynna Zady, que llegó a cometer 25 delitos y estuvo en un centro de menores de los 16 a los 18 años. Allí, conoció a la juez Martel Rodríguez. Junto a ella y con conciencia, Zady logró reconducir su vida. Estudió Derecho en la Universidad de Las Palmas y hoy trabaja en un centro de menores mientras se prepara para ser juez de menores y ayudar a otros. «Yo no nací siendo delincuente, fui una niña que tuve bastantes factores de riesgo, tenía una familia un tanto complicada. Los comportamientos alarmantes empezaron en los tres, seis y los doce años hasta que comencé a delinquir –explica–. Si se hubiera intervenido antes conmigo, no habría llegado tan lejos. Creo en la justicia restaurativa porque me salvó, un error no define tu destino. Hay que reforzar en prevención, porque el menor que delinque está pidiendo ayuda, se necesita más política de prevención».

La magistrada Martel Rodríguez plantea que «muchos de estos casos no llegarían a producirse si el Legislador tuviera en cuenta más medios y existiera mayor responsabilidad social». Y lanza un mensaje a los que dicen que la ley del menor es blanda: «El tiempo para un adulto no es igual que para un niño. Es muy duro privarle de libertad. Yo preferiría irme a cualquiera de los centros penitenciarios de Canarias antes que a un centro de internamiento de menores. Allí, lo que se oye al llegar la noche y cerrar las puertas es muy duro: son muchos niños llorando».

Isabel Winkels, vicedecana del ICAM, fue anfitriona del espacio de expresión de estas jueces. Explica que desde el colegio también plantearon cambios a la reforma de eficiencia: «No se puede legislar a espaldas de los operadores jurídicos». El miércoles, el ICAM acoge una cena benéfica para recaudar fondos para el proyecto #UP2U, que trabaja con jóvenes bajo la absoluta creencia de que las segundas oportunidades salvan vidas.