El joven señalado por el caso Ahuja: «Le acosaron, le quitaron la beca y se tuvo que volver a Mallorca»

El primer capítulo arranca con un vídeo viral de 33 segundos en la noche del domingo 2 de octubre de 2022. «Putas, salid de vuestras madrigueras como conejas, sois unas putas ninfómanas; os prometo que vais a follar todas en la capea. Vamos, Ahuja».

El que grita desde la ventana es Juan, un veinteañero mallorquín de buena familia que estudia un doble grado de Derecho y ADE en la Universidad Autónoma de Madrid y que reside en este colegio mayor. Decenas de compañeros siguen la arenga, a la que responden con igual tono sus vecinas del Colegio Mayor Santa Mónica desde el edificio de enfrente.

El segundo capítulo se gesta en las redes sociales. Sánchez condena estos cánticos y pide a los partidos políticos y medios de comunicación «una respuesta común» contra este tipo de comportamientos «que generan odio y atentan contra las mujeres». Se suman la ministra Irene Montero; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, o la concejala de Unidas Podemos Rita Maestre, además de otros destacados líderes políticos. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, habla de «amenaza» y «terror sexual».

Y el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, califica el suceso como una ««performance» de cachorros neonazis de cayetano en el Elías Ahuja», diseñada «para aterrorizar a las chicas del colegio de enfrente». Las colegialas del Santa Mónica salen a «apoyar» a los estudiantes del Elías Ahuja y explican que se trata de una práctica con tradición entre colegios mayores que se ha descontextualizado para crear «una impresión de odio y machismo que no puede estar más lejos de la realidad». Afirman que no se sintieron ofendidas ni acosadas, aunque reprueban el lenguaje «irrespetuoso» e «inadecuado». En ese momento, Juan y un número indeterminado de compañeros ya están expulsados de forma temporal del colegio. Primero 15 días y, después, a él se le aplica la máxima sanción: un mes. También le quitan la beca honorífica que tenía concedida y es expulsado del consejo colegial.

La justicia protagoniza el tercer capítulo de la historia de Juan. El Movimiento contra la Intolerancia cataloga el hecho como una «acción coordinada y deliberada» y lo denuncia ante la Fiscalía de Madrid por un delito de odio. Juan acude a los juzgados de Sa Gerreria de Palma y declara por videoconferencia, acompañado por su abogado, Jaime Campaner. Alega que «todo fue una broma», «una tradición entre residencias» y que en ningún momento trató de ofender a las chicas del otro colegio.

El letrado pide el archivo del expediente alegando que el cántico, aunque fuera «de mal gusto y ético-moralmente reprobable», no podía considerarse un delito de odio. Primero, por el contexto en el que se produjo, en el marco de una actividad que se viene produciendo desde tiempos inmemoriales. Y segundo, porque el ánimo del estudiante nunca fue el de ofender a las destinatarias. «Ni el Colegio Santa Mónica ni sus estudiantes afearon su conducta». Además, como ocurre cada año, su canto fue «contestado en un ambiente jovial», alegó. Según Campaner, la asociación denunciante parece pretender que cualquier conducta que la opinión pública desaprueba es delictiva y asegura que «semejante dicotomía carece de recorrido a la luz del principio de legalidad penal». Para entonces, publicaciones catalanistas de Baleares ya señalaban al joven publicando el perfil de sus redes sociales, su nombre y hasta la profesión de sus padres.

El epílogo de esta historia llega medio año después de que estallara la polémica: la Fiscalía Provincial de Madrid da carpetazo al caso al considerar que los gritos del Elías Ahuja no constituyen un delito de odio. «Siendo las expresiones proferidas ciertamente de mal gusto y pudiendo ser ofensivas, sin duda, para el colectivo al que se dirigen, no hay evidencias objetivas de que hubieran sido proferidas desde un discurso misógino marcado por la animadversión al género femenino», detalla el decreto de archivo de la Fiscalía.

Argumenta que las estudiantes del colegio mayor Santa Mónica, al menos aparentemente, «percibieron de forma natural las expresiones proferidas» en el «marco de las relaciones que tenían lugar entre los dos centros». Además, «no consta que el denunciado haya proferido cualquier otro mensaje peyorativo o humillante hacia las mujeres» ni muestre elementos de polarización, ni conexión alguna con grupos o movimientos «que permitan inferir que estaban incardinados en un contexto de odio hacia el género femenino».

La Fiscalía descarta también un delito contra la integridad moral porque para ello es necesario que alguna de las personas destinatarias de las expresiones proferidas se hubiera sentido ofendida y «no consta que ninguna de las mujeres que se encontraban en la residencia haya denunciado los hechos». El Ministerio Fiscal aclara además que el chaval podría haberse visto perjudicado por ley del 'sí es sí', por el nuevo artículo 173.4 del Código Penal que la norma de Montero introduce. Sin embargo esta no se aplica ya que los hechos ocurrieron el 2 de octubre de 2022 y la ley entró en vigor el 7 de octubre. Este artículo castiga a quienes se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen en la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad.

Pero una ley sí que 'llegó' a aplicarse: la de Universidades. Esta se encontraba en plena tramitación parlamentaria cuando ocurrieron los hechos y Más País introdujo una enmienda que se terminó incorporando al texto legal que impide que los colegios mayores privados «que tengan un régimen no mixto o segregado» puedan adscribirse «a una universidad pública».

El entorno del chaval respira aliviado tras el archivo de la denuncia y lamenta el «daño mediático». «Juan no podía salir de su casa ante el acoso que sufría, lo tenían muy localizado; al final no aguantó y dejó los estudios en Madrid», relatan a ABC fuentes cercanas al mallorquín, que confirman que decidió volver a la Isla con su familia. «Es un líder nato, un buen estudiante pero todo se fue de las manos y le han cortado las alas».

Como suele ocurrir en casos tan mediáticos y politizados, no fue Juan fue el único que pasó malos momentos. Según ha podido saber ABC, el director del colegio, Manuel García Artiga estuvo «muy mal» por aquel mes de octubre. De hecho, en un primer momento habló con los medios para condenar los hechos pero posteriormente cortó la comunicación de forma radical con la prensa, que tuvo que asumir el subdirector del centro. Sin embargo, y tras conocer la noticia, Artiga está «aliviado y feliz», según ha podido saber este periódico, tras el escarnio que sufrieron los jóvenes y el colegio en su conjunto. Por otro lado, y según ha sabido ABC, el centro ya «está valorando qué medidas tomar» tras la resolución favorable de la Fiscalía. Entre ellas, podría incluirse (aunque este extremo no ha sido confirmado) devolverle la beca que le otorgaron al joven.

El centro está adscrito a la Universidad Complutense de Madrid que también condenó los hechos al conocerlos. Así lo hizo Joaquín Goyache, el rector –que además acaba de ganar las elecciones para continuar en el cargo– y lo sigue haciendo su equipo. Es el caso de José María Coello de Portugal, vicerrector de Relaciones Institucionales de la universidad, que ha recalcado que los cánticos «no fueron afortunados», ni están «orgullosos» de ellos. Pero, en cualquier caso, señala que aunque «estas prácticas y expresiones están absolutamente fuera de lugar como señala la propia Fiscalía» constituye «una desproporción considerar delito de odio expresiones de esa naturaleza». El vicerrector también agregó que lo ocurrido «es un problema indeseable que no se arregla en un juzgado» sino como en la universidad, «que está haciendo pedagogía y trabaja en conjunto para erradicar ciertas prácticas para lograr que en la universidad y en los colegios haya una convivencia sana».