El silencio de los obispos sobre la amnistía

Primera, el presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Omella, es el arzobispo de Barcelona. Pese a su talante dialogante, no parece que los entornos nacionalistas le tengan como un referente. Segunda, el pasado 28 de septiembre el obispo portavoz, monseñor García Magán, dijo que es «bueno para una sociedad y un país el respeto a la legalidad vigente y al orden constitucional vigente». A las pocas horas, a instancias del arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, se hacía pública una nota de los obispos de Cataluña en la que señalaban que el obispo secretario general «se centró sobre todo en una valoración jurídica personal del tema que –según él- no implicaba ni negar ni apoyar a la amnistía». Los obispos catalanes añadían que como «pastores de una Iglesia que es afortunadamente plural debemos mantener una neutralidad edificante y respetuosa, neutralidad que sólo podemos romper cuando se lesiona el derecho a la dignidad del ser humano, centro de toda la Doctrina Social de la Iglesia». ¿Neutralidad o equidistancia?

La ley de amnistía trasciende la cuestión de una propuesta política de partidos en la medida que afecta al núcleo esencial de las normas de la convivencia entre los españoles, la Constitución, y también a principios básicos de la democracia como es la igualdad de todos ante la ley, la separación de poderes, en suma, los principios configuradores del Estado de Derecho.

¿Tiene esto algo que ver con la dignidad del ser humano como ciudadano de una comunidad política democrática regida por una ley igual para todos? Evidentemente sí. ¿Puede la Iglesia y la conciencia cristiana obviar las implicaciones e interpelaciones de este proceso? Creo que no, a no ser que el magisterio sobre moral política de la Conferencia Episcopal Española, desde 1965 hasta el presente, ya no sirva y haya caducado.