Los jesuitas prohíben al sacerdote artista hacer iconos para instituciones religiosas tras conocer nuevos abusos

Tras estudiar las nuevas pruebas, mantienen la prohibición a Rupnik de ejercer el sacerdocio, le obligan a interrumpir su actividad artística e inician un proceso que podría suponer su expulsión de la orden religiosa.

Se trata de los resultados de una suerte de investigación preliminar que la Compañía de Jesús ha dado realizado ante las denuncias contra el jesuita Marko Rupnik (Eslovenia, 1954). El sacerdote, uno de los principales exponentes del arte sacro contemporánea, rechazó reunirse con los responsables de esta investigación.

En España realizó, entre otras, una capilla en la catedral de la Almudena, en Madrid, otra en la Conferencia Episcopal, y en Manresa. La doble vida de Rupnik, quien se ganó fama de místico por explicar con sus obras de un modo nuevo misterios de la fe, ha llevado a algunas instituciones religiosas a cancelar encargos de mosaicos de arte sacro, y en algunos lugares incluso se han planteado retirarlos.

En el informe, de unas 150 páginas, se recogen acusaciones de trece mujeres y dos hombres, y dos testimonios en su defensa. «Muchas de estas personas no se conocen entre sí, y los hechos narrados se refieren a periodos diferentes. Por lo tanto, el grado de credibilidad de lo denunciado o presenciado parece ser muy alto», asegura un comunicado de los jesuitas titulado «Hacia un reconocimiento de la verdad».

Según la reconstrucción, se trata de abusos cometidos en una comunidad religiosa eslovena, la «Comunidad Loyola»; en el taller artístico donde realizaba sus obras, el «Centro Aletti» de Roma; o durante otros encuentros personales con el sacerdote.

Como las víctimas son mayores de edad, «la naturaleza de las denuncias tiende a excluir la relevancia penal ante la autoridad jurídica italiana. Pero es muy diferente la relevancia desde el punto de vista canónico respecto a su vida y su responsabilidad religiosa y sacerdotal», explica el informe.

Como primera decisión, el superior del denunciado, el también jesuita Johan Verschueren, ha iniciado «un procedimiento interno en el que el propio P. Rupnik pueda dar su versión de los hechos, algo cosa que no hizo durante la investigación preliminar, a pesar de haber sido invitado».

Además, en vistas del proceso y como medida cautelar «ha endurecido las normas restrictivas en su contra prohibiéndole 'por obediencia' cualquier actividad artística pública, particularmente en relación con estructuras religiosas (como iglesias, instituciones, oratorios y capillas, casas de ejercicios o de espiritualidad)». Según el comunicado, «estas restricciones se añaden a las que estaban vigentes: prohibición de cualquier actividad pública ministerial y sacramental, prohibición de comunicación pública, prohibición de salir de la Región del Lacio».

La Compañía de Jesús dice explícitamente que «este procedimiento puede dar lugar a medidas disciplinarias», que podrían ir desde limitaciones al ejercicio del sacerdocio, obligarlo a cambiar de ciudad o de país, o incluso la expulsión de los jesuitas si no demuestra arrepentimiento por lo ocurrido.

Marko Rupnik ha sido informado tanto del contenido de las denuncias como de las medidas tomadas, antes de que se hicieran públicas. También lo supieron antes quienes habían señalado esos abusos.

La Compañía de Jesús recibió en octubre de 2018 la primera acusación contra Rupnik: en 2015 abusó sexualmente de una mujer y le dio la absolución. Como el delito incluye un atentado contra el sacramento de la penitencia, el proceso corresponde a la Santa Sede y se castiga con la excomunión. La sanción fue oficial en mayo de 2020, pero fue levantada porque Rupnik reconoció el delito e indemnizó a la víctima. En cualquier caso, los jesuitas le prohibieron tanto administrar la confesión como llevar dirección espiritual.

Dos años más tarde, el Vaticano comunicó a la Compañía de Jesús nuevas acusaciones, referidas a los años 90, cuando era director espiritual de una comunidad de religiosas en Eslovenia. Una de las víctimas ha asegurado que entonces abusó en diferente grado de 20 de ellas. En enero de 2022 solicitaron al Vaticano que derogase la prescripción para iniciar un proceso penal. El Vaticano respondió que el juicio no podía seguir adelante, pues los hechos habían prescrito.

El clamor que levantó esta decisión provocó que la Compañía de Jesús solicitara a otras víctimas que denunciaran eventuales abusos. El informe publicado este martes es el resultado.