Japón declara inconstitucional la ley de esterilización forzada

El Tribunal Supremo, la mayor instancia judicial del país, también ha considerado que no se puede aplicar un plazo de prescripción de 20 años para las solicitudes de indemnización de las víctimas. De hecho, el alto tribunal ha ordenado al gobierno a pagar a los afectados.

El gobierno japonés reconoce que unas 16.500 personas fueron esterilizadas sin su consentimiento en virtud de esta ley en vigor entre 1948 y 1996 en Japón. Durante este periodo, la ley autorizaba a los médicos a esterilizar a las personas que sufrían de deficiencias intelectuales hereditarias para «evitar engendrar una descendencia de mala calidad».

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Según las autoridades, otras 8.500 personas estaban de acuerdo en que se les practicara la esterilización, aunque los abogados afirman que estos casos fueron probablemente «forzados de facto».

«He pasado 66 angustiosos años debido a esta operación quirúrgica del gobierno. Quiero recuperar la vida que me han robado», ha declarado Saburo Kita, que utiliza un seudónimo, a quien a los 14 años le realizaron una vasectomía cuando estaba en un centro para menores con dificultades.

«Solo cuando el gobierno se enfrente a sus actos y asuma su responsabilidad, podré aceptar mi vida, aunque sea un poco», señaló Kita, de 81 años, durante una conferencia de prensa el año pasado.

El número de operaciones se redujo al mínimo entre los años 1980 y 1990, hasta que la ley fue finalmente derogada en 1996.

Este oscuro periodo de la historia japonesa volvió a resurgir en 2018 cuando una mujer de unos 60 años demandó al gobierno por una operación que le hicieron a los 15 años. Esta demanda abrió el camino para otras acciones judiciales similares.

El gobierno pidió disculpas «de todo corazón» tras la adopción en 2019 de una ley que preveía una indemnización de 3,2 millones de yenes (unos 19.900 dólares actuales) para cada víctima.

Sin embargo, los supervivientes consideraron que esta cantidad era demasiado baja para la gravedad de los hechos y llevaron su lucha ante la justicia. «Esperamos que esta decisión abra el camino para medidas activas del gobierno para eliminar la mentalidad eugenésica», declaró a AFP el abogado de Kita, Naoto Sekiya.