¿Por qué al sector farmacéutico no le gusta la ley del medicamento?

Advierten de que el sistema propuesto de regulación de precios de los fármacos fuera de patente, el llamado sistema de precios seleccionados que sustituye al actual modelo de precios de referencia. La nueva propuesta «pone en riesgo el abastecimiento de medicamentos y el tejido industrial farmacéutico en España», aseguran y lo firman seis patronales: Farmaindustria, Aeseg, Aelmhi, Afaquim, Anefp y Biosim. Estas asociaciones representan tanto a los medicamentos innovadores como a los que producen sus copias, la industria de los genéricos y biosimilares.

Curiosamente, el objetivo de la ley era crear un sistema de precios más flexible, para favorecer la competencia entre laboratorios, ayudar a la industria de medicamentos genéricos y biosimilares, y lograr un objetivo de ahorro a sistema nacional de salud. Sanidad prevé ahorrar a las arcas públicas unos 1.200 millones de euros anuales en gasto farmacéutico público.

Las patronales denuncian en su comunicado que el sistema de precios seleccionados, por su diseño, generará una tendencia automática a minimizar precios de medicinas fuera de patente, «haciendo inviable la continuación de muchas líneas de producción de medicamentos en España e intensificando los actuales problemas de suministro de medicamentos, en un mercado ya muy tensionado en España y Europa».

Lo que propone el sistema de precios seleccionado es, en realidad, una subasta continuada en el que gana el medicamento con la oferta más barata. Cada seis meses, el Ministerio establecerá un precio para cada agrupación homogénea de medicamentos (por ejemplo, todos los paracetamoles, ibuprofenos..., ya sean principios activos o de marca). Se calculará a partir del medicamento con el precio más bajo que oferten las compañías. Estas ofertas las envían a ciegas los laboratorios sin saber lo que oferta cada uno. De esa selección se establecen tres categorías: el fármaco más bajo que el sistema nacional financiará al cien por cien, una agrupación de medicamentos seleccionados con un rango de precios y una cesta de fármacos no seleccionados que tendrán una financiación parcial.

Es decir, que si un paciente acude a la farmacia y pide Gelocatil en lugar de paracetamol, el Estado le financiará lo que costaría el precio más bajo del paracetamol genérico financiado; el paciente pondrá la diferencia si prefiere ese fármaco de marca no seleccionado.

El Ministerio de Sanidad ha asegurado que en un real decreto posterior, los topes de precio tendrán en cuenta no solo las ofertas de precio de los laboratorios sino que estos tengan localización nacional o europea.

Pese a ello, la industria farmacéutica cree que afectará al tejido industrial farmacéutico español en un momento crítico como el actual. «Hemos tenido que absorber el impacto inflacionista de los años postpandemia, la inestabilidad derivada del proyecto de legislación farmacéutica europea, el impacto de las regulaciones ambientales y los nuevos aranceles del Gobierno americano que van a impactar en las cadenas globales de suministro y se traducirá en un incremento de los costes de fabricación en nuestro país».

El Consejo General de Colegios de Farmacéuticos también aventura pérdidas de empleo y reducción del número de farmacias. Además de un mayor riesgo de falta de fármacos en las farmacias. También están preocupados sobre cómo afectará a los enfermos en cuanto a la adherencia terapéutica y la continuidad de los tratamientos.

Si a un paciente le prescribieran un medicamento no seleccionado, el farmacéutico tendrá que sustituirlo, salvo que el paciente abone la diferencia de precio. Estos cambios son los que pueden reducir la adherencia al tratamiento e incrementar el riesgo de errores y problemeas asociados al uso de los medicamentos. Unos cambios que pueden ocurrir, además, cada seis meses.