El independentismo presiona a la misión de europarlamentarios que evalúa la inmersión lingüística en el sistema educativo catalán

Coincidiendo con la primera jornada de la visita de los doce eurodiputados que deben determinar si, tal y como denuncian algunas asociaciones y familias, el modelo de inmersión excluye al castellano de las aulas y se incumplen sentencias lingüísticas firmes, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont denunció en una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que el informe que emane de la misión de eurodiputados será un dictamen «sesgado» porque en la delegación sólo participan miembros de los grupos conservadores y liberales, por el boicot del resto de fuerzas que se oponen a esta iniciativa al tratarse de un asunto que depende de competencias nacionales y no europeas, apuntó. Anticipándose ya a un hipotético informe negativo, para Puigdemont las conclusiones del mismo serán «enteramente irrelevantes».

No solo eso. En su carta a Metsola, Puigdemont asegura que el objetivo de Dolors Montserrat (PP) –presidenta del Comité de Peticiones del que surge la misión– es lanzar una «campaña de propaganda» y promover un «discurso de odio» contra el sistema educativo catalán y la lengua catalana, «retratando falsamente» ante la Unión Europea la discriminación de los hispanohablantes en el sistema catalán. Puigdemont pidió igualmente que se haga público el coste del desplazamiento de los europarlamentarios.

La presión del secesionismo se dejará sentir también en la calle. Así, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha convocado una concentración mañana por la mañana ante la sede del Parlamento Europeo (PE) en Barcelona para denunciar la «instrumentalización» contra el catalán, una convocatoria que coincidirá precisamente con la rueda de prensa en el mismo lugar con la que los doce integrantes de la misión darán cuenta de lo visto en su visita estos días.

La sede del PE en Barcelona fue precisamente ayer el lugar donde se celebró la primera de las reuniones que tienen agendada los europarlamentarios. El encuentro se produjo con los peticionarios de la misión, por un lado la entidad Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), y un padre que reclama más castellano en las aulas, Jordi López. El otro peticionario, un ciudadano de fuera de Cataluña que se mantiene en el anonimato y que denunció también hace meses la situación ante Europa, finalmente no acudió a la cita. Jordi López, que fue el segundo en entrevistarse con los representantes de la Eurocámara, fue pionero en llamar a las puertas de Europa para denunciar que la Generalitat amenazaba con incumplir el fallo judicial que le había concedido un 25 por ciento de castellano para su hijo, una amenaza que acabó materializándose. Tiene otro hijo para el que también ha reclamado el mismo derecho. Tras la reunión, Ana Losada (AEB) expresó su satisfacción por la oportunidad de haber podido exponer ante los eurodiputados la situación en Catal y dijo que están «esperanzados» con el hecho de que «Europa esté aquí y nos escuche».

Este lunes también los representantes del Parlamento europeo se reunieron con portavoces de otras tres familias que lucharon por arañar más castellano para sus hijos: Javier Pulido, el padre de la niña de Canet de Mar, que denunció ser asediado tras concederle la Justicia el 25% de español; y Agustín Fernández y Dafne Ungerer, que pidieron el mismo derecho.

Por su parte, la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa (Cs) celebró que Europa dirima finalmente «si en Cataluña se incumplen leyes y se vulneran derechos fundamentales». Pagazaurtundúa expresó ante los medios su incredulidad por el hecho de que les llamen «fascistas» solo por reclamar más castellano. Nadie está en contra del catalán», dijo la eurodiputada, para quien «el plurilingüismo no se puede imponer desde el dogma o la religión». Tras la cita con los peticionarios y los padres, los eurodiputados, encabezados por Yana Toom (Renew, Estonia), se reunieron este lunes con el sindicato catalán Ustec-Stes, mayoritario en las escuelas de la comunidad y defensor de la inmersión. Este martes retomarán la apretada agenda con el encuentro con los representantes del poder judicial (el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, y de la Sala de lo Contencioso, Javier Aguayo), la visita a los dos centros seleccionados: el instituto Salvador Dalí y el centro de educación especial Can Rigol, ambos en El Prat de Llobregat (Barcelona).

Por la tarde, se entrevistarán con representantes de la Fundación Bofill y de la plataforma Docentes Libres, con la consejera de Educación Ana Simó y miembros de su departamento y, finalmente, con la responsable de la Alta Inspección Educativa, Josefina Beltrán. Las familias que llevan año pidiendo más castellano en el currículo de sus hijos consideran, tal como avanzó ABC el pasado 20 de noviembre, que la misión es «un éxito histórico independientemente del resultado que tenga».

Esperan que la visita de los eurodiputados tenga consecuencias y «marque un punto de inflexión en la política educativa de la Generalitat». En la misión no participan eurodiputados socialistas, que decidieron apearse de la misma. Primero de la comisión oficial, integrada por seis eurodiputados (los que van a realizar el informe), y después también de la de acompañantes.