Cuando los errores médicos se pagan: las mayores indemnizaciones por negligencias en España

La negligencia médica hace referencia a una lesión provocada a un paciente por el personal sanitario al no haber ejercido como debía y en cuyo caso los pacientes tienen derecho a una indemnización. Normalmente, este proceso se realizará por la vía civil, administrativa y en el peor de los casos, por la vía penal, según la lesión que se haya producido.

En el caso de la mayor que se ha concedido en España, anteriormente citado, también se condenó como responsables civiles al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y a las aseguradoras Mapfre y Zurich, al ser los seguros que en ese momento cubrían a la sanidad manchega y a la matrona que atendió el parto.

En España no es habitual ver indemnizaciones multimillonarias como ocurre en otros países. Antes que la conocida esta semana, la indemnización más alta de la historia alcanzó los 4,2 millones de euros. En 2019 el juez condenó al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar a una familia por varios errores médicos producidos durante el parto en un hospital público de Sevilla que provocaron al bebé parálisis cerebral, tetraparesia grave, retraso psicomotor y ceguera.

Según dicha sentencia, la aseguradora del SAS debía indemnizar con 2,7 millones de euros a la menor afectada por las graves secuelas y el resto -hasta los 4,2 millones- debería ser abonado por el propio Servicio Andaluz de Salud. El tribunal entendía entonces que las secuelas fueron consecuencia de una concatenación de negligencias médicas en la atención del parto, que tuvo lugar en 2015.

Aunque las cuantías de las indemnizaciones varían porque no hay un baremo común para este tipo de negligencias, muchos jueces también dirimen responsabilidades cuando los pacientes acaban muriendo. Este mismo verano, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia condenó a la Consejería de Sanidad de Murcia a indemnizar con 265.000 euros -computando principal e intereses- a los familiares de un paciente de 86 años que murió de una gangrena de Fournier diagnosticada tardíamente.

Por otra parte, recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la Administración al pago de 60.000 euros por el fallecimiento de un menor de dos años al considerar que murió porque no se le habían realizado las pruebas necesarias para descartar el verdadero diagnostico.

La Audiencia Provincial de Madrid, en cambio, condenó en mayo a Mapfre a pagar 259.289 euros por el fallecimiento de un paciente con ictus que fue diagnosticado de forma errónea y dado de alta indebidamente en el Hospital General de la Santísima Trinidad de Salamanca. El paciente, de 68 años, acudió al Servicio de Urgencias del Hospital General Santísima Trinidad, refiriendo «dolor y pérdida de fuerza en extremidad superior derecha tras probablemente esfuerzo físico previo», tras no ser atendido correctamente, entró en coma y falleció medio año después.