Igualdad investigará a las diócesis que imparten cursos y talleres de conversión sexual para personas LGTBI

Precisamente, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha reunido este martes con el presidente de la entidad, Saúl Castro, quien le ha trasladado los detalles de la denuncia que interpuso ante el Ministerio de Igualdad, a través de la Dirección General para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI.

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César Cervera

Como respuesta a cierta apertura en la época franquista, en 1970, apareció la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, que contemplaba «penas de hasta cinco años en cárceles o manicomios para los homosexuales y demás individuos considerados como peligrosos para que se rehabilitarán»

En concreto, según se desprende de la denuncia consultada por Europa Press, 'No es terapia' ha denunciado a un total de siete diócesis: Madrid, Getafe, Alcalá de Henares, Barcelona, Sigüenza-Guadalajara, Valencia y Málaga. Así, el Ministerio va a analizar el contenido de la misma «para estudiar las acciones a impulsar en el marco de sus competencias».

En este sentido, desde el departamento que dirige Ana Redondo han recordado que la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI prohíbe por primera vez «la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal».

Asimismo, ha añadido que la norma, además, establece sanciones que van desde los 200 hasta los 150.000 euros y que conllevan la prohibición de recibir ayudas públicas, en función de la gravedad de los hechos. Las infracciones leves contemplan, entre otros, la utilización o emisión de expresiones vejatorias, sancionadas con apercibimiento o con multa de 200 a 2.000 euros.

Por otra parte, ha explicado que las infracciones graves contemplan la no retirada de expresiones vejatorias en sitios web o redes sociales por parte de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, siempre y cuando, habiéndoles pedido que lo retiren, no lo hagan. Serán sancionadas con multa de 2.001 a 10.000 euros.

Finalmente, las infracciones muy graves, sancionadas con multa de 10.001 a 150.000 euros, recogen la promoción o práctica de métodos, programas o terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento con la finalidad de modificar la orientación sexual, identidad de género o características sexuales.

El director general para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, Julio del Valle, ha destacado, al finalizar la reunión, la necesidad de «abrir un debate social sobre lo que significan las terapias de conversión, que niegan la identidad de las personas y/o su orientación sexual». Del Valle ha insistido en la gravedad de los daños que ocasionan este tipo de terapias sobre las personas LGTBI: «Pueden acarrear consecuencias psicológicas a lo largo de toda la vida, afectando a su vida afectivo-sexual», ha apuntado.

La semana pasada, la Archidiócesis de Madrid mostró su rechazo a las terapias de conversión sexual, «en línea con la posición del Vaticano», aunque puntualizó que todavía no habían recibido ninguna denuncia.

A su vez, la Diócesis de Getafe se posicionó también en contra de estas prácticas en un comunicado publicado el pasado miércoles en su página web y explicó que la denuncia recoge «charlas de personas que hablaron de su conversión a la fe».

Por su parte, el Arzobispado de Barcelona también se ha desmarcado de la organización de estas iniciativas, y en un comunicado fechado el pasado 4 de enero, aseguró su «oposición a estas terapias de conversión» y precisó que estas iniciativas están «presuntamente vinculadas a dos empresas privadas que no tienen ningún vínculo con la archidiócesis».