Igualdad se da por felicitada por la ONU tras aumentar un 1.287% su presupuesto

Este jueves la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, comparecía para dar cuenta de los últimos crímenes y ha explicado que, aunque Interior ya ha implementado desde el pasado mes de febrero el protocolo para informar a las víctimas que han denunciado a un presunto agresor de los antecedentes que tienen, se está estudiando en la actualidad hacerlo antes de que se produzca una denuncia -como es el caso de Málaga- a instancias de una petición de la Fiscalía General del Estado. De este modo se comunicarían los antecedentes que tenga su pareja también a aquellas mujeres que no la hayan denunciado. Es una legislación «muy novedosa» que aún está en estudio jurídico por parte de la Agobacía del Estado y Protección de Datos, ha sostenido Rosell.

En este mes negro, la delegada ha condenado los nuevos crímenes y ha elevado a 19 las mujeres asesinadas en 2023 (son 1.203 desde que comenzó el recuento oficial en 2003). Igualdad permanecerá atenta, ha dicho, por si este mes de mayo hay que volver a convocar un comité de crisis por la cantidad de feminicidios acumulados. El año pasado se decretó que esto se haría con una concentración de cinco asesinatos mensuales. La explicación del repunte de crímenes todos los meses de mayo aún no está fundamentada, si bien Rosell ha especificado que en fechas preveraniegas hay una mayor convivencia familiar, y el estrés tensiona más las relaciones, además de los puentes festivos que aumentan también el tiempo en que la víctima tiene trato con su agresor.

Rosell ha lamentado que en las tres muertes confirmadas hasta primera hora, las de Arantxa, María y Lourdes, las víctimas no hubieran interpuesto denuncia y ha animado a hacerlo, no solo por parte del entorno más cercano, sino por vecindarios e instituciones, que tienen el «deber» como sociedad.

Asimismo, Rosell ha puesto como ejemplo la decisión reciente del Servicio Canario de Salud, por la que el personal de enfermería se une a los colegios profesionales de otras comunidades autónomas y podrá activar directamente recursos de actuación ante casos sospechosos de ser violencia de género en sus servicios.

Rosell ha desgranado que el caso de Barcelona es un asesinato registrado el pasado 6 de mayo de una mujer embarazada de 31 años. No existían denuncias previas por violencia de género de la víctima hacia su presunto agresor. Tampoco existían en el caso de Madrid, que tuvo lugar el pasado 11 de mayo. En este caso, la víctima tenía 40 años y tenía un hijo menor de edad. La víctima de Orio, en Guipúzcoa, por su parte, tenía 50 años y una hija menor de edad, además de un hijo mayor de edad. El número de huérfanos consecuencia de la violencia de género se eleva hasta los 18 en lo que va de 2023 y a 395 desde que se tienen datos, en 2013.

Pero en su comparecencia la juez Rosell ha querido hacer balance también de las dos jornadas en que España ha rendido cuentas ante el comité Cedaw de la ONU (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) de sus actuaciones en materia de lucha contra la discriminación de la mujer. Según Rosell, y a la espera de recibir las recomendaciones que desde Ginebra hagan a Madrid, el Cedaw habría «felicitado» a nuestro país por «el gran incremento presupuestario» aplicado en políticas de igualdad. «Llamó mucho la atención -ha afirmado Rosell- que España destine ahora 573 millones de euros a las políticas de igualdad, frente a los 44,5 millones de gobiernos conservadores (2015). Se ha incrementado en un 1.287% la inversión», así como «la financiación a asociaciones feministas y del movimiento feminista, que se ha incrementado en un 1.808% hasta los 59,3 millones de euros».

En contraposición a la misión europea de Igualdad que recientemente denostó la aplicación de la llamada 'ley del sólo sí es sí' en España y los efectos que ha provocado, traducidos en más de un centenar de excarcelaciones y en un millar las rebajas de penas de violadores y agresores sexuales, Rosell ha presumido de que la ONU ha acogido "con satisfacción" puntos de la ley como el recuento global de los feminicidios y también en la reforma del aborto aplicados por el Ministerio de Irene Montero. La delegada no se ha pronunciado sobre las rebajas de penas que ha conllevado la normativa, hasta su reciente reforma en el Parlamento instada por PP y PSOE.