El Gobierno da luz verde a la ley de trata que dará todo tipo de ayudas aunque la víctima no denuncie

En este sentido, la norma incluye también las formas de explotación que constituyen la finalidad de la trata: «El trabajo forzoso, la servidumbre, la esclavitud y todas las formas de sometimiento forzoso a explotación».

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha dicho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la norma supone un «compromiso del presidente del Gobierno con los Derechos Humanos», y al que quiso añadir su «propio compromiso personal».

Llop señaló que es un texto centrado en las víctimas, «victimocéntrico» y «que la adecuada asistencia y protección a las víctimas es uno de los eje vertebradores de esta ley». Recordó, tal como avanzó este periódico, que el acceso a los derechos por parte de las víctimas «no se vincula de ninguna manera a la interposición de la denuncia ni tampoco a la participación de las víctimas en la investigación penal. Ello sin perjuicio de que se incentive a través de los mecanismos necesarios que la víctima colabore para una más eficaz persecución del delito».

También señaló la creación del Mecanismo Nacional de Derivación, «órgano encargado de la inmediata derivación de las presuntas víctimas de trata que centralizará todos los datos para tener un mejor conocimiento de la situación».

Llop detalló algunos de los delitos que se tipifican con la nueva ley. «Se reconoce el derecho a una protección y asistencia especializada y adecuada a los distintos tipos de trata, como la trata con fines de explotación de sexual; extracción de órganos o fracción de tejidos corporales; celebración de matrimonios forzados o uniones de hechos forzadas; imposición de esclavitud o servidumbre; trabajos o servicios forzosos incluyendo la mendicidad y la realización de actividades delictivas...».

También enumeró algunos de los derechos de los que gozarán las víctimas ya identificadas como acceso a la vivienda («serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y a los programas de ayuda de acceso a la vivienda»); y recibirán el ingreso mínimo vital, entre otros derechos que contempla la ley.

Este diario preguntó durante la rueda de prensa a la ministra si el proyecto se modificó o sigue dejando fuera de la identificación provisional de las víctimas a los jueces y fiscales para darles el protagonismo a las ONGs (además de servicios sociales, Inspección de Trabajo y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado).

La ministra no aclaró este punto. Si bien respondió que «no» se dejaba afuera a los jueces la explicación que dio para justificarlo parecía apuntar a otra parte del proceso de identificación: «Las víctimas podrán ser acreditadas a través de una sentencia firme, una resolución judicial en el ámbito penal que conceda algún tipo de medida cautelar o de orden de protección, por lo tanto se ha seguido un sistema de acreditación judicial similar al de las víctimas de violencia de género». Sin embargo, Llop no aclaró qué sucede en la fase provisional del procedimiento de identificación.

La ministra sí aludió a la creación del llamado Mecanismo Nacional de Derivación, que definió como un «órgano encargado de la inmediata derivación de las presuntas víctimas de trata que centralizará todos los datos para tener un mejor conocimiento de la situación». En este mecanismo sí aparece el Ministerio Fiscal. En concreto, dicho mecanismo tendrá unidades multidisciplinares en cada provincia, encargadas de la identificación definitiva de las víctimas, y estarán integradas por un representante del Ministerio Fiscal, según el texto al que accedió ABC antes de la aprobación de ayer.