El Gobierno ultima un reglamento para mejorar las condiciones de trabajo en los centros de acogida
El texto final se aprobará en un mes e incluirá ratios de trabajadores por niño y protocolos de inspección con un régimen de sanciones
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El asesinato de una educadora social en Badajoz, presuntamente a manos de tres menores de edad a los que tutelaba, ha llevado al Gobierno a desvelar sus planes en los centros de acogida antes de lo previsto. Y es que, al menos según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, el Ejecutivo llevaba ya «meses» trabajando en una propuesta para estandarizar unas «condiciones mínimas» de trabajo en estas instituciones.
Desde el ministerio que dirige Sira Rego, de Izquierda Unida, han revelado este miércoles que se ultima un borrador que se llevará la semana que viene a la reunión del Consejo de Ministros para elevar la calidad de estos centros, donde los adultos quedan en ocasiones a merced de los menores que tutelan. Concretamente, se va a articular un real decreto. Una figura que, a diferencia del real decreto ley, tiene rango de reglamento, no de ley, y, por tanto, no requiere de convalidación en el Congreso de los Diputados.
El texto definitivo se aprobará en aproximadamente un mes, tras haberse intercambiado la información pertinente con los distintos ministerios afectados. En el Ministerio de Juventud e Infancia desvinculan la tragedia pacense del anuncio de la próxima llegada de este reglamento, a pesar de que la opinión pública no ha conocido este plan del Gobierno hasta dos días después de trascender el asesinato, que ha puesto en el foco del debate público las condiciones laborales de los trabajadores de los centros de acogida.
El objetivo es que en toda España se cumplan «unos estándares mínimos de calidad en el sistema de acogida» para «mejorar las condiciones laborales de los trabajadores». Se busca tener «una visión periférica» para garantizar la atención de los menores y la labor de los trabajadores. «Esta terrible noticia nos ha pillado con un plan en el que llevamos trabajando meses», aseveran fuentes ministeriales, que confían en que el decreto esté vigente la primera quincena de abril.
El decreto incluirá un protocolo de inspección en el que se establecerá un régimen sancionador y habrá ratios de trabajadores por niños. «Ahora hay diecisiete modelos», admiten desde el ministerio, en un claro mensaje hacia la homogeneización de los sistemas de acogida en todo el país. «Queremos que se apueste más por centros pequeños o viviendas en lugar de grandes centros», exponen, y añaden que se fijará un itinerario formativo hacia la vida adulta.
Por último, el Ministerio de Juventud e Infancia lanzará una propuesta de plazas en el sistema de acogida en todo el territorio nacional, el tipo de alojamiento, las infraestructuras... «La idea —insisten— es forzar a reducir el número de macrocentros». En la actualidad hay alrededor de 50.000 menores tutelados por el Estado entre la acogida residencial y familiar.
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