La Agencia de Servicios Gubernamentales (GSA, en sus siglas en inglés) ha preparado una carta en la que exigirá a todos los departamentos y agencias del gobierno que «identifique todos sus contratos con Harvard y si pueden ser cancelados o transferidos». La petición es que las agencias respondan antes del 6 de junio con un listado de las cancelaciones de contratos. En los casos en que sean asuntos sensibles que no se deban cancelar, deberán buscar otra institución que los proporcione.
Desde que comenzó la guerra contra Harvard el mes pasado, la Administración Trump ha congelado subvenciones y contratos por un valor de 3.200 millones de dólares.
La embestida contra la universidad a las afueras de Boston forma parte de la pugna de Trump y de sus aliados contra las universidades de elite de EE.UU., a las que considera un nido de antisemitismo y de ideología izquierdista.
La Administración ha buscado forzar a los centros académicos a aplicar amplias reformas con la amenaza de retirar subvenciones y fondos federales. Algunas, como la Universidad de Columbia, el lugar emblemático de las protestas propalestinas y antiisraelíes del año pasado, han tratado de plegarse ante las peticiones.
Pero Harvard, la universidad más antigua y con mayor músculo financiero del país -tiene unos 53.000 millones de dólares en un fondo invertido-, ha decidido plantar cara. El mes pasado, demandó al Gobierno por la congelación de fondos. Y la semana pasada lo hizo por otro asunto que podría tumbar uno de los pilares de la universidad: la Administración decidió suprimir la capacidad de Harvard que registrar a estudiantes e investigadores extranjeros, que suponen un 27% del cuerpo estudiantil. Poco después, una juez federal de Boston paralizó de forma cautelar esa medida de la Administración.
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