El Gobierno aprueba una reforma que «blinda» el sistema de la dependencia y diseña un nuevo modelo de cuidados

«Esta reforma que presentamos hoy acaba con los recortes del Partido Popular, blinda el sistema de la dependencia y diseña un modelo de cuidados que fortalece el estado del bienestar y lo proyecta hacia las necesidades del siglo XXI«, ha manifestado Bustinduy este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Según ha indicado, el desafío «no es solo atender a más personas» sino «hacerlo de tal manera que se garantice el derecho al bienestar, el derecho a la autonomía, el derecho a una vida independiente« y »avanzar hacia un modelo que permita que las personas permanezcan en su domicilio« el tiempo que lo deseen, con los apoyos y los servicios necesarios.

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Entre otras medidas, el ministro ha destacado que se aprueban dos derechos: el derecho a la teleasistencia, que pasa a ser entendido como un derecho subjetivo, con un enfoque preventivo; y el derecho a la accesibilidad universal, como requiere el artículo 49 de la Constitución.

Entre otros objetivos, la reforma busca «agilizar los procesos administrativos, evitando sobrecargas burocráticas« y, por ello, la reforma incluye medidas como la asimilación de las personas a las que se les haya reconocido oficialmente una situación de dependencia (en cualquier grado) a una discapacidad del 33%.

Asimismo, con el objetivo de «eliminar rigideces e ineficiencias» y mejorar la «flexibilidad» del sistema, el anteproyecto suprime el régimen de incompatibilidades entre distintas prestaciones que, según recuerdan fuentes del Ministerio, fue «impuesto con los recortes de 2012. Esta medida permitirá a las personas recibir varias ayudas simultáneamente, por ejemplo, el centro de día y la ayuda a domicilio.

Igualmente, se elimina el periodo suspensivo de dos años que retrasaba el acceso a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y se simplifican los trámites administrativos en la revisión del Programa Individual de Atención (PIA).

Al mismo tiempo, se establece un procedimiento de urgencia para situaciones de especial vulnerabilidad, en la misma línea que la ley ELA, en caso de demencias, aislamiento social, violencia de género o precariedad económica, factores que permitirán reordenar el tratamiento de los expedientes.

Por otro lado, se amplía la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, permitiendo que también pueda recibir la ayuda cuando el cuidado sea prestado por parejas, amigos u otras personas allegadas, respondiendo a nuevas situaciones de convivencia o a situaciones de personas que viven solas.

Además, el servicio de ayuda a domicilio que estaba centrado en necesidades de cuidado personal y domésticas, se extiende a actuaciones en el entorno comunitario, pudiendo ampliarse a actividades como hacer la compra o ir al médico.

La reforma también incluye una serie de medidas para facilitar esa concreción del derecho a la accesibilidad universal, como la creación de un fondo para la promoción de la accesibilidad universal, que se va a ocupar de emprender todos los trabajos que sean necesarios para que los espacios y los servicios públicos sean accesibles, por ejemplo, dentro del Sistema Nacional de Salud o en los museos estatales.

En definitiva, Bustinduy ha destacado que es «una reforma ambiciosa» y «extraordinariamente positiva» para el cambio del modelo de cuidados, y ha asegurado que «va acompañada de un esfuerzo sin precedentes en la financiación de la dependencia». Según ha precisado, en el año 2024 se alcanzaron los 3.411 millones de financiación para el sistema de la dependencia desde la Administración General del Estado.

«Esto es un máximo histórico. Supone un 150% más que respecto al año 2018 y un 200% más que respecto al año 2014. Hay pocos precedentes en el ámbito de las políticas públicas y de las políticas sociales de un esfuerzo presupuestario de esta naturaleza», ha enfatizado.