El Gobierno aprueba la obligación de atender a los inmigrantes irregulares en Atención Primaria

Para ello, las personas ' sin papeles' que acudan a los centros de salud para ser visitados deberán presentar una declaración jurada en la que manifiesten que no pueden exportar el derecho de cobertura sanitaria de sus países de origen y que no existe un tercero que esté obligado al pago de la atención recibida. Independientemente de que se les dé la atención sanitaria, más tarde se podrá comprobar la información y reclamar el pago de la asistencia recibida por el usuario o por un tercero si es pertinente.

La norma también amplía la atención sanitaria de sus ascendientes reagrupados, así como a las personas con nacionalidad española que residen en el extranjero y se desplacen temporalmente a España y a los familiares que los acompañen y que no puedan acceder a la cobertura según los reglamentos comunitarios o convenios bilaterales.

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«Para las personas que residen en España se habilita una declaración responsable como ya ocurre en otras administraciones, con lo cual no se le niega nunca a ninguna persona la asistencia sanitaria porque la ley que introdujo en 2012 el PP no solo debilitaba nuestro Sistema Nacional de Salud, sino que además chocaba con el código deontológico de los profesionales, que no podemos excluir a pacientes», ha asegurado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Hasta ahora, ha explicado García, esta atención se daba únicamente en los servicios de urgencias, «lo que hacía que a muchas patologías llegáramos tarde». No hay datos, ha dicho, de cuántas personas se han encontrado en la situación de no ser atendidas por la sanidad al carecer de residencia legal en España. «Es difícil medir lo que es muy desigual y heterogéneo en las distintas comunidades», ha apuntado.

Así, mediante esta ley tendrán derecho a ser atendidos por la sanidad pública aquellas personas solicitantes de protección internacional, las solicitantes y beneficiarias de protección temporal y las víctimas de trata de seres humanos cuya estancia temporal en España haya sido autorizada.

Por otra parte, la ley no acaba con los actuales copagos que se dan en el sistema sanitario-como los farmacéuticos y ortopédicos, en los que los pacientes deben asumir una parte- pero blinda que en el futuro no se puedan establecer más. Es una medida que ya se contemplaba en la ley de equidad que impulsó Carolina Darias y no salió adelante por el adelanto electoral.

La cartera común de servicios, por su parte, pasará a ser única, agrupando las hasta ahora cartera común básica de servicios asistenciales, la cartera común suplementaria y la cartera común de servicios accesorios. El objetivo, ha apuntado la ministra de Sanidad, Mónica García, es «evitar nuevos copagos». Dentro de esta cartera de servicios se incluirá la medicina de precisión o personalizada.

La ministra de Sanidad ha calificado de «hito» la aprobación de la norma y se ha referido a que con esta ley se garantiza el «acceso universal» al sistema sanitario y se busca llegar a «una sociedad más cohesionada y más justa».

García también se ha mencionado que el Gobierno ha aprobado en su reunión de este martes el reparto de 38,5 millones de euros entre las comunidades autónomas para sacar adelante iniciativas relacionadas con la estrategia de salud mental.