El Gobierno desoye a las víctimas de la talidomida y no aplicará la exención fiscal a las indemnizaciones

Tal como recoge la memoria del análisis del impacto normativo del proyecto, al que ha podido acceder este diario, en 2019 tanto la Asociación de víctimas de la talidomida (Avite) como la Asociación Andaluza de Afectados por la Talidomida (A3T) realizaron varias alegaciones. Coincidían en exigir la exención fiscal de las indemnizaciones que se otorgaran. «Con carácter general, se manifiesta que las alegaciones presentadas por ambas entidades exceden del ámbito competencial del Instituto del Mayores y Servicios Sociales, por lo que no se han aceptado e incorporado al texto y a la memoria», justifica la memoria.

«Carece completamente de sentido que después de tantos años la mitad del dinero se tenga que devolver vía impuesto de IRPF», lamentaba este lunes Ignacio Martínez, abogado de Avite, en una rueda de prensa junto al presidente de la asociación, José Riquelme, y al vicepresidente de la misma, Rafael Basterrechea. Aunque prefieren no entrar a valorar por completo el decreto hasta conocerlo con detalle, exigen además un perdón público tras décadas de silencio y que el Estado les tenga en la misma consideración que a otros colectivos, como los afectados por el VIH o víctimas del terrorismo, que sí cuentan con esta exención.

El decreto que pasa este martes por Consejo de Ministros tampoco incluye la alegación por la que Avite pedía que el Gobierno se comprometiera a reclamar la tragedia al laboratorio Grünenthal, encargado de la comercialización del medicamento. La única alegación que se incluye es la reclamación de Avite para que se multiplicara la cuantía a percibir por cada punto de discapacidad que tenga la persona afectada. Así, el importe que reciba cada afectado dependerá del grado de discapacidad que tenga como consecuencia del medicamento y será de 12.000 euros por cada punto. Una persona con una discapacidad del 33% recibirá 396.000 euros.

La indemización -a cargo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso)- llegará a 130 personas afectadas por la talidomida, tras una evaluación de los casos que ha realizado el Instituto Carlos III de Madrid. Sin embargo, las asociaciones creen que los beneficiarios son ínfimos. «Estas 130 personas son realmente la punta de la pirámide. Creemos que deberían ser más, varios cientos», lamentó Martínez.

Ya en 2010, se aprobó un decreto por el que se reconoció una indemnización para 24 afectados, hasta ahora los únicos que habían recibido una ayuda por este motivo. Además, el texto que se aprueba hoy amplía el período de la tragedia, pues hasta ahora solo se consideraba a las personas afectadas durante el período 1960-1965, que ahora se amplía desde 1950 y hasta 1985.

Tampoco el Consejo de Estado suscribe en su totalidad el proyecto normativo. Aunque en su dictamen lo valora positivamente, realiza algunas observaciones que considera que se podrían mejorar. Una de ellas se refiere a la documentación que los afectados tienen que presentar para acreditar que cumplen las condiciones de recibir esa indemnización.

En concreto, el decreto contempla que el Imserso podrá recabar «de forma directa» algunos de esos documentos, como el certificado de empadronamiento, certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil o otro medio que acredite que durante el embarazo la madre residía en España. En este punto, el Consejo de Estado advierte sobre la dificultad que puede suponer para el Imserso dar con este último documento por poder ser «estrictamente privado».

La talidomida fue un medicamento comercializado a partir de los años 50 y prescrito a mujeres gestantes para evitar náuseas y vómitos durante el embarazo, aunque no fue hasta 1961 cuando los efectos adversos comenzaron a salir a la luz.

Una única dosis del medicamento podía desencadenar una toxicidad fetal que se manifestaba en la ausencia de brazos y piernas, así como manos y pies sin desarrollar y defectos en otras zonas del cuerpo como el oído, el paladar, malformaciones en el esófago y en el intestino. Aproximadamente el 40% de los recién nacidos afectados fallecían durante el primer año de vida.

Pronto, el número de recién nacidos afectados, sobre todo en Europa, Sudamérica y Asia, alcanzó cifras de más de 80.000 según algunas estimaciones, sin contar con aquellos que fallecieron durante la etapa intrauterina o poco después de su nacimiento.

A pesar de las evidencias, el laboratorio Chemie Grünenthal -encargado de la comercialización del medicamento-, negó durante algún tiempo su vinculación con la tragedia y dio lugar a un juicio en Alemania que se dilató durante años contra los familiares de los afectados por el medicamento.