El Gobierno anuncia la equiparación fiscal de todas las confesiones religiosas

Concretamente, estas confesiones no tendrán que pagar el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) en los edificios, locales y dependencias destinados al culto, así como aquellos inmuebles empleados para la asistencia religiosa, la residencia de ministros de culto, formación religiosa y oficinas.

Este acuerdo, según el ministerio de la Presidencia, responde a una «demanda histórica» de estas confesiones y de sus fieles y ha sido «fruto del diálogo»; se fundamenta en los artículos 9.2 y 16 de la Constitución, que «obligan a promover las condiciones para hacer real y efectivo el derecho fundamental de libertad religiosa en condiciones de igualdad, corrigiendo una diferencia de trato de difícil justificación».

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Y supone, por tanto, según el Ejecutivo «ganar espacio en igualdad y neutralidad frente a las creencias de los ciudadanos, que es el principio que define al Estado aconfesional que somos». En datos, supone beneficiar a 1,3 millones de fieles en total: 1 millón de ortodoxos; 122.000 testigos de Jehová; 100.000 budistas; y 61.400 mormones. Así como lo que respecta a los bienes, locales y centros de las propias confesiones.

Recuerdan desde el Gobierno que este es el primer acuerdo amplio alcanzado con la Iglesia ortodoxa, la Unión Budista, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) y los Testigos de Jehová desde su reconocimiento como confesiones con notorio arraigo en 2003, 2006, 2007 y 2010, respectivamente. Una categoría que concede el Gobierno a las religiones que cuentan con una implantación histórica en nuestro país.

El anuncio corresponde al tercer acuerdo entre el ministerio de Bolaños y las instituciones religiosas. Una serie de pactos que comenzaron el 24 de enero de 2022 con la identificación de más de 1.000 inmuebles inmatriculados indebidamente.

El segundo, también con la Iglesia católica y formalizado el 29 de marzo de 2023, permitió la equiparación de su régimen fiscal con el que disfrutan las entidades sin ánimo de lucro.

Para Presidencia se trata de «tres avances en equidad muy importantes que corrigen diferencias de trato históricas carentes, en este momento, de motivación».