La Generalitat «asedia» con correos a los docentes que hablan castellano: «Tu deber es hablar catalán a alumnos y padres»

Apenas hacía una semana que habían comenzado las clases cuando la Coordinadora de Lengua, Interculturalidad y Cohesión Social (LIC) del instituto -cargo que creó la Generalitat para designar a aquellos profesionales cuya misión es comprobar que el catalán sea la única lengua de uso dentro y fuera de las aulas- le amonestó por hablar en castellano a los alumnos. La notificación oficial no le pilló por sorpresa. «Me habían llegado varias advertencias por vía oral para que me olvidara del castellano y lo tradujera todo al catalán. No daba crédito. Soy funcionario de carrera, he ejercido en Valencia y nunca me había encontrado con nada parecido», relata el docente en declaraciones a este medio.

Los problemas por hablar en castellano, su lengua materna y oficial en Cataluña, no solo le vinieron por parte de la dirección o el Departamento. Según relata el docente, «en el claustro cuando hablaba en castellano la tensión era palpable». «Nos hemos quedado locos al oirte en castellano», le dijo un compañero del centro. «Me lo comentó en tono amable pero lo dijo», apunta Luis. El profesor está convencido de que le «marginan» por hablar español. «Les pregunto algo y no me responden. Hay hispanofobia, no es una sensación», añade el docente.

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Recuerda, además, otras situaciones en las que se le ha «discriminado» explícitamente. «Debía hacer una guardia con dos compañeros y uno de ellos se negó a cooperar conmigo porque no hablaba catalán, sabiendo que eso perjudicaría a los alumnos». «Asimismo, -prosigue- me comentaron que los dos grupos de segundo de Bachillerato y una familia, habían presentado quejas contra mí, aunque nunca se identificaron. Días después, se supo que habían sido solo una minoría que no soporta que hable en castellano».

La presión institucional para que arrinconara el castellano, dentro y fuera de la clase, «fue a más». Según explica, el centro le instó a firmar un acta con el membrete del Departamento de Educación, a la que ha tenido acceso ABC, en la que le obligaba a «cumplir obligatoriamente» varias medidas; entre ellas, solo usar en sus clases el inglés y el catalán, y a seguir las «programaciones didácticas», seguimiento, que según se expone en el documento oficial, consultado por este diario, «será controlado de cerca por el Departamento o por un profesor de inglés designado por la dirección». En el mismo documento, la Consejería pide a Luis que «en respuesta a las quejas recibidas» «elabore una respuesta por escrito, dando información detallada de todo lo que se le pide». Le exige también que envie la respuesta a la dirección del centro en un período máximo de cinco días, «por correo y firmada digitalmente».

Ante el «manifiesto hostigamiento» por parte de las autoridades educativas, Luis decide buscar asesoramiento y se puso en contacto con la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y la asociación Docentes Libres. «Me reforzaron en mi actitud. Nadie puede castigarme o amonestarme por usar una lengua oficial, mucho menos en el ámbito de mis relaciones personales. Es ir en contra de la Constitución y también de la jurisprudencia existente», señala el docente. Su caso es, según denuncian las dos asociaciones, «uno de los muchos que reciben semanalmente».

Las denuncias por presión institucional a maestros y profesores para que usen el catalán dentro y fuera del aula se ha triplicado en los últimos años, según afirman las dos entidades. «La política lingüística coercitiva que la Generalitat de Cataluña y del Departamento de Educación están aplicando en los centros educativos, vulnerando derechos fundamentales, sentencias judiciales firmes y principios básicos de libertad y pluralismo», señalan las asociaciones en un comunicado.

Mario (prefiere no dar apellidos por temor a represalias) es otro de los profesores que han lanzado un S.O.S a las dos entidades pro bilingüismo para que le apoyen en su resistencia. El «acoso» lo vivió hace dos cursos pero fue, según relata a este medio y según consta en la denuncia que elevó a la AEB, «muy intenso». «Primero eran recomendaciones pero luego ya era presión real para que impartiéramos las clases en catalán tanto en el ámbito académico como social», afirma el docente, que, en aquel momento daba clases de Matemáticas a los alumnos de segundo de ESO en un instituto de una localidad situada a 15 kilómetros de Barcelona.

Las reprimendas por expresarse en castellano le llegaban, según dice, de los lugares más insospechados. «Estaba en una zona donde no hay alumnos, solo docentes, y una profesora me abroncó delante de otros compañeros: 'Estás dentro del instituto, habla catalán. Cuando salgas, habla lo que quieras'», le espetó su compañera de centro.

Con los alumnos recién llegados, Mario les hablaba -«al menos durante los primeros meses»- en la lengua en la que, a su entender, «les iba mejor para no perder el curso». «Con los procedentes de países latinoamericanos usaba el castellano y si veían de países africanos el inglés», dice. Sin embargo, según denuncia, «cometí el error de explicarlo a la dirección y me dieron una reprimenda». «No te pases al castellano nunca», le indicaron.

En sus años de experiencia con la inmersión, Mario ha visto dos «tendencias claras»: «que la presión institucional a los docentes empeora la convivencia escolar» y que «alumnos que usan normalmente el catalán, le están pillando antipatía». «Cada vez la rechazan más. A la profesora de catalán decidieron, como acto de rebeldía, hablarle en castellano», explica el profesor.

El caso de Juan (es interino y también prefiere preservar su identidad en el reportaje) es parecido al de sus dos compañeros. Desde que arrancó el curso, este profesor de Geografía e Historia de segundo de ESO en un instituto del Vallès Oriental (Barcelona) no ha parado de recibir advertencias por parte de la dirección de la escuela. El primer toque de atención le llegó por parte de personal de su departamento apenas un mes después de empezar las clases. Le hicieron llegar un mensaje desde la dirección. «Me dijeron que las clases no podían ser bilingües como las estaba impartiendo sino 100% en catalán», dice el profesor.

«Mi expresión lo dijo todo. No podía creer que me estuvieran llamando la atención, no por problemas con los alumnos o por impartir mal las clases, sino por una simple cuestión de lengua», denuncia Juan en declaraciones a este medio. El docente considera un «contrasentido» que la dirección del centro le prohíba impartir classes en castellano y le obligue a que todo el material que él elabore esté en lengua autonómica pero permita, sin embargo, que algunos de los libros que usa en el aula sean en castellano. «No lo entiendo».

No pasó demasiado tiempo desde la advertencia que le hicieron llegar sus compañeros de departamento cuando Juan recibió una de nueva. Esta vez fue al directora del centro en persona que se acercó a su despacho para, según explica, decirle que «si seguía dando las clases en las dos lenguas me abriría un expediente». «Intentamos debatir la cuestión de forma civilizada pero nuestras posturas eran totalmente opuestas», dice el profesor.

«Ella cree que si finalmente se aplica la sentencia histórica que impone un mínimo de un 25% de castellano en todas las aulas catalanas será algo negativo y perjudicial en las aulas, mientras yo opino todo lo contrario», afirma. El docente no está dispuesto a acatar sin más lo que le dice el centro porque sabe que le asisten la Constitución y la jurisprudencia actual -varias sentencias judiciales firmes determinan que el castellano, lengua cooficial en Cataluña, no puede ser discriminado en las aulas catalanas-.

«La Generalitat está anteponiendo principios ideológicos a los del aprendizaje. Yo voy a seguir utilizando las lenguas que considere que van a ser más efectivas en el aprendizaje de mis alumnos», precisa el profesor, que asegura haberse sentido «rechazado» por sus compañeros en otros centros que estuvo «por no hablar en catalán».

Tanto él como otros muchos profesores que han pedido amparo a la AEB y Docentes Libres para seguir en la resistencia lingüística confían en que la sentencia del 25%, de resolver el TC que las leyes autonómicas que la frenan son anticonstitucionales, les dará «confianza y seguridad» para seguir «rebelándose ante una dictadura lingüística que perjudica, ante todo, a los alumnos».