Cómo funcionan las pulseras antimaltrato que protegen a más de 4.500 mujeres de sus agresores

Estas pulseras, que en 2024 protegían a 4.595 mujeres de sus agresores, se utilizan en aquellas personas a quien los jueces imponen una medida o pena de prohibición de aproximación hacia una víctima en casos de violencia de género o violencia sexual y cuenta con varios elementos. Por un lado está la pulsera, un transmisor de radiofrecuencia de corto alcance que se ajusta a la muñeca o al tobillo y que va conectado vía Bluetooth a un móvil que también debe portar el individuo. Esto permite que el investigado o condenado pueda ser localizado por GPS y que sus movimientos puedan ser monitorizados.

El móvil, además, dispone de una aplicación de control no manipulable por parte del usuario que permite la generación de distintas alertas. Por ejemplo, en el caso de que el móvil y la pulsera dejen de estar emparejados, genera un aviso para localizar ambos dispositivos y actuar en caso de que este no se lleve a cabo.

Por su parte, y para que esa orden de alejamiento pueda cumplirse correctamente y proteger a la víctima, ésta dispone de otro móvil con las mismas características que el agresor. Así, cuando los dos dispositivos se encuentren dentro del rango de alcance establecido, la víctima recibe una alerta sonora, visual y/o de vibración. Desde ese móvil, además, en una situación de pánico la víctima puede utilizar al botón de emergencia para generar una llamada a un número de emergencia predefinido.

Además de emitir un aviso cuando agresor y víctima se encuentren a una distancia menor a la establecida, lo que se llama zona de exclusión móvil, también se alerta cuando el investigado se encuentra dentro en la zona de exclusión fija, es decir, los lugares concretos a los que se le prohíbe aproximarse: trabajo, domicilio, colegio, término municipal...

Los avisos que genera el sistema son de dos tipos: alarma y alerta, dependiendo si el riesgo es mayor o menor. En caso de alarma, Cometa (Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento), que es el operador con el que trabaja el Ministerio de Igualdad en estos dispositivos -anteriormente era Telefónica y en el cambio de un operador a otro fue cuando se produjo el fallo en los sistemas-, contacta, siguiendo los protocolos, con la Policía y elabora unos informes que se remiten también a la Autoridad Judicial y al Ministerio Fiscal para que actúen en consecuencia.

Los fallos informáticos se alargaron durante alrededor de ocho meses provocando un «infierno» en el equipo y en las mujeres maltratadas aunque desde el Ministerio de Igualdad minimizar el problema.