Francia propone una alianza con España para limitar las redes sociales a menores en toda Europa
La ministra gala de Asuntos Digitales e IA advierte se ha dado un plazo de tres meses para conseguir apoyos dentro de la UE. En caso de incumplimiento de las tecnológicas, advierte de que habrá sanciones económicas
Australia da luz verde a la ley que prohíbe las redes sociales a los menores de 16 años
Francia quiere unir fuerzas con España y otros países de la Unión Europea para liderar una ofensiva común contra los peligros del uso de redes sociales por parte de los menores. En concreto, busca prohibir por completo su acceso hasta los 15 años, una medida que ya buscan impartir otros países, como Australia. El objetivo es consensuar una legislación europea que obligue a estas plataformas (Instagram, TikTok, X, Facebook...) a verificar la edad de sus usuarios y que castigue con sanciones económicas a las compañías que no lo hagan. Así lo anunció la ministra francesa de Asuntos Digitales e Inteligencia Artificial, Clara Chappaz, en una entrevista con el diario francés 'La Tribune Dimanche'.
«Las redes sociales antes de los 15 años es un no», sentenció Chappaz, que se ha dado un plazo de tres meses para conseguir apoyos dentro de la UE. La ministra citó a España –donde el uso de redes sociales está prohibido legalmente hasta los 16 años–, Grecia e Irlanda como países clave para formar esta «coalición» que presione a Bruselas. No es casual la mención a Irlanda: muchas de las grandes tecnológicas tienen allí su sede europea. De hecho, el pasado viernes Chappaz viajó a Irlanda para reunirse con las autoridades nacionales y con los representantes europeos de dichas plataformas.
A través de su cuenta de X advirtió que, una vez cambie la legislación, el Gobierno francés aplicará sanciones a las plataformas que no cumplan con la nueva normativa. Como precedente, citó la efectividad de las amenazas de apagón en Francia para obligar a sitios web a verificar la edad de sus usuarios.
Cabe recordar que, por parte de nuestro país, el Gobierno remitió el pasado marzo a las cortes el proyecto de ley orgánica para la protección de los menores en entornos digitales, que prevé, entre otras medidas, elevar a los 16 años el acceso a las redes. Y por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, se mostró en junio de 2024 a favor de prohibir los móviles por completo hasta los 11 años, además de hacer lo mismo con las redes sociales hasta los 15.
Pulso entre los padres y las tiendas de apps
La reacción de las plataformas no se ha hecho esperar. Este lunes, Instagram publicaba un anuncio en 'Le Monde' en el que reclamaba una regulación común en Europa sobre verificación de edad y consentimiento parental. La empresa, propiedad de Meta, también pidió que se refuercen los controles parentales directamente en las tiendas de aplicaciones. «Hoy los adolescentes pueden descargarse cualquier aplicación, incluso las no adecuadas para su edad. Dar a los padres más herramientas en ese punto de acceso puede contribuir a una mayor seguridad», señalaba el comunicado.
El debate se está ampliando más allá del pulso entre gobiernos y plataformas. Las redes sociales buscan ahora implicar a otros actores en la discusión: los padres y los gigantes que gestionan las tiendas de aplicaciones, como Apple y Google. La estrategia pasa por repartir responsabilidades. Por un lado, se señala a los progenitores, que permiten el acceso cada vez más temprano a dispositivos sin supervisión; por otro, se recuerda que el acceso a las redes pasa necesariamente por Apple Store o Google Play, donde también sería necesario establecer barreras de edad.
Australia, el primer país en vetar las redes
Como comentábamos, la iniciativa francesa busca seguir los pasos de Australia, el que fue el primer país en dar un paso firme en este sentido. En noviembre de 2024, el Parlamento aprobó una ley que prohíbe el uso de las redes sociales a los menores de 16 años, estableciendo una norma que ahora sirve de modelo para el resto de países.
La ley, que se espera que entre en vigor a finales de 2025, establece algunos de los controles más estrictos del mundo (pretende incluir un sistema de verifación de edad con datos biométricos o identificación gubernamental) e incluye multas de hasta 30 millones de euros por incumplimiento. En estos momentos, el gobierno australiano está ensayando distintas soluciones y se espera que un informe técnico, previsto para mediados de año, arroje luz sobre la viabilidad de estas herramientas.
Porque ese es, precisamente, el principal escollo: cómo verificar la edad de forma eficaz, sin que el sistema pueda ser burlado, sin poner en riesgo la privacidad de los usuarios y garantizando la seguridad frente a posibles ciberataques. Hasta ahora, ningún país ha logrado resolver esa ecuación con éxito.
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