La Fiscalía de la Audiencia Nacional dice que el robo de agua en Doñana está «fuera de control» y pide actuar contra 250 personas
Insta a Transición Ecológica a que exija a empresas y empresarios su responsabilidad medioambiental e imponga medidas de prevención y reparación
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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica actuar contra 250 empresas y profesionales que están robando agua del acuífero de Doñana. En concreto, insta a que se exija a estos actores su responsabilidad medioambiental y se impongan medidas de prevención y reparación.
Se trata de la conclusión de las actuaciones preprocesales iniciadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en coordinación con la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la FGE en 2023. Trataban así de responder a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, en 2021, dictaminó que el expolio de agua estaba directamente relacionado con el deterioro de este área protegida.
Las actuaciones dirigidas por el fiscal Manuel Campoy Miñarro y realizadas por la Unidad Central Operativa del Seprona de la Guardia Civil, han concluido que existe «una situación de extracción masiva, sistémica, simultanea, persistente, fuera de control e ilegal de aguas subterráneas, por parte de una multiplicidad de operadores», según un escrito hecho público este viernes. En él explica que esos operadores actúan de forma ilegal, al no tener la concesión administrativa necesaria para la extracción de agua o por extraer más agua de la que están autorizados, y cifra en un total de 250 el número de empresas y profesionales identificados que realizaron extracciones ilegales de agua: son 198 en Huelva, 51 en Sevilla y uno en Cádiz.
Con «carácter previo a la vía judicial», dice la Fiscalía, se ha instado a la secretaría de Estado de Medio Ambiente acuerde la imposición de medidas que impidan a los titulares de las empresas y profesionales identificados continuar extrayendo ilegalmente agua, así como que «repararen el daño medioambiental ocasionado« en cumplimiento de los principios de la Unión Europea de «prevención y quien contamina paga».
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