La exigencia del catalán llega a las ayudas para hacer una tesis: «Frenará la llegada de talento. Es pegarse un tiro en el pie»

Esa política más laxa en cuanto a la exigencia lingüística se oficializó en un decreto del Govern (128/2010) que concede de manera generalizada a los nuevos profesores la posibilidad de acreditar el catalán en un tope de dos años, plazo que la mayoría de las universidades ha ampliado atendiendo a sus propios intereses.

Doce años después, en el marco del Plan Nacional por la Lengua, un 'acuerdo de país' cerrado en 2022 por el gobierno autonómico para dinamizar el uso del catalán en todos los ámbitos, se cerró el Plan de Refuerzo del Catalán en las universidades, un giro de tuerca más del Govern en su política por 'catalanizar' los campus, que plantea en el horizonte de 2025 extender el uso del catalán a todos los grados sostenidos con fondos públicos y a la mitad de los másteres. Igualmente contempla aumentar la exigencia del catalán a profesores y alumnos.

Algunas universidades como la Politécnica de Cataluña (UPC) han ido un paso más allá y, según ha podido comprobar ABC, exigen el nivel C de catalán al personal investigador que quiere acceder a una beca del centro para realizar la tesis doctoral. Algunos de ellos, no tienen en sus planes quedarse en Cataluña a impartir docencia pero deben acreditar el conocimiento del catalán en el momento de formalizar la ayuda para no ser excluidos.

Según ha podido constatar este diario, entre los requisitos que dicta la UPC para ser merecedor de la beca FPU 2023 de Ayudas de Formación de Profesorado Universitario, de cuatro años de duración y dirigida a personal investigador en etapa predoctoral, figura como exigencia número 7 «acreditar el nivel de suficiencia (C1) de catalán« y no cumplir ese requisito ha sido ya motivo de exclusión en varios casos, según consta un documento oficial del centro consultado por este diario.

En la convocatoria de 2024, el catalán también ha sido motivo de exclusión, según demuestra otro documento. Sin embargo en esta última convocatoria, la universidad añade que «excepcionalmente» la acreditación del nivel C «se podrá presentar hasta el momento del inicio del contrato». «No cambia nada, tienen que presentarlo igualmente en el momento de empezarla no les dan años de margen», señalan profesores de la UPC.

La UPC es la única universidad catalana que impone filtro lingüístico en el acceso a las ayudas. Ninguna universidad catalana pública, ni la de Barcelona (UB), ni la Autónoma (UAB), ni la Pompeu Fabra (UPF), ni la de Lérida (UdL), ni la de Gerona (UdG) piden el catalán a sus aspirantes a becas predoctorales.

«No pedimos el nivel C de catalán para acceder a tesis doctorales, al menos lo que refiere a ayudas del Ministerio o de la Generalitat», precisan a este diario desde la UAB. En el resto de universidades sostenidas con fondos públicos la respuesta es la misma. «No hay requisitos de lenguas en nuestras becas predoctorales de tres años», señalan desde la UdG. Niegan desde la UB también esa exigencia: «No pedimos ningún conocimiento de catalán ni de castellano a los aspirantes». En el mismo sentido se pronuncian en la UPF y la UdL.

Desde la UPC, preguntados por este diario, arguyen que reclaman el nivel C «porque durante los cuatro años que dura la beca, también se imparte docencia». Añaden, asimismo, que «ofrecen a los profesores e investigadores todo tipo de ayuda para aprender la lengua como cursos gratis, etc...». Sin embargo, tal y como ha podido comprobar este diario, en el resto de universidades públicas pese a la exigencia de impartir un mínimo de créditos durante el tiempo que dura la ayuda para realizar la tesis, ningún centro reclama a los aspirantes que acrediten el nivel de catalán.

«Es absurdo pedirlo porque el destino de la ayuda es la formación no impartir clases y muchos de los becados cuando acaban la tesis vuelven a sus países o comunidades de origen», señala en declaraciones a ABC el profesor Juan Carlos Aguado de la UPC. A su jucio, la medida es como «pegarse un tiro en el pie» porque «frena la entrada de profesores y alumnos, en definitiva talento para la universidad». El profesor acusa al rector de aplicar filtros lingüísticos en el acceso a las becas por «intereses políticos». «Los pone por delante y los hace avanzar a costa de la universidad», denuncia Aguado.

Juan Antonio Gil, profesor de Matemáticas de la UPC e investigador del ICCUB (Instituto de Ciencias del Cosmos de la UB) coincide con Aguado en señalar las consecuencias negativas de la medida. «Las universidades compiten a nivel nacional e internacional para captar a los mejores investigadores, docentes y estudiantes. La diversidad de origen y experiencia de los miembros del sistema universitario enriquecen dicho sistema y promueven la colaboración y la transmisión de conocimiento», asegura. A su juicio, «la atracción de talento es uno de los objetivos fundamentales de toda universidad que quiera posicionarse como referente en investigación y formación. Por eso, las imposiciones lingüísticas de las universidades catalanas para acceder a una beca de investigación, a la carrera docente o a la enseñanza en la mayoría de titulaciones, van en contra de este objetivo».

«Lo que se presenta como una medida para fomentar y preservar la lengua, -añade Gil en relación al requisito del catalán en la UPC- en el fondo es una medida púramente política e ideológica. Es posible y compatible mantener la promoción del catalán sin sacrificar la competitividad académica y el principio de igualdad de oportunidades. No se puede priorizar la lengua por encima del mérito académico (fijar el C1 de catalán como requisito para enseñar en la universidad o para acceder a una beca de doctorado puede dar lugar a que candidatos con menos méritos académicos, pero que cumplan el requisito lingüístico, sean favorecidos frente a otros más capacitados)».

El profesor recuerda en este sentido que «otras universidadades de países multilingües, como por ejemplo Suiza o los Paises Bajos, no exigen el dominicio de lenguas locales como requisito para acceder a la academia, lo que las hace más atractivas y accesibles para investigadores y estudiantes internacionales».

Desde Universitaris per la Convivència (UpC), su portavoz, la profesora titular de Comunicación de la UAB, Isabel Fernández, expresa su estupefacción ante la medida. «Nos parece inaudito que la UPC exija el nivel C1 de catalán para concurrir a una beca de investigación, máxime cuando esto ni siquiera se requiere para acceder a una plaza de profesor permanente en otras universidades de Cataluña. De hecho, se suele dar un margen de dos años para adquirir ese nivel, lo que evidencia que en absoluto es necesario para realizar labores docentes a tiempo completo», dice Fernández.

Este diario ha constatado que en el resto de universidades públicas se concede esos años de margen para acreditar el conocimiento del idioma, en virtud del decreto aprobado por el Govern en 2022. En la Universidad de Lérida ese plazo de dos años, incluso, puede prorrogarse si se justifican motivos. «Se puede prorrogar el plazo para acreditar el conocimiento del catalán un curso e incluso más si se justifica convenientemente. No hay límite de prórrogas, aunque los profesores suelen acabar acreditándolo», señalan en declaraciones a ABC portavoces de la universidad ilerdense. En la propia UPC, se concede cuatro años de plazo a los profesores lectores y dos a los agregados para acreditar el dominio de la lengua autonómica, según precisan fuentes del centro.

«La tarea principal de un becario de investigación es realizar una tesis doctoral que suponga un avance significativo es su ámbito de conocimiento. Podría realizarla en inglés y hasta impartir clases en esta lengua sin tener aún un dominio elevado del catalán o del español», añade la portavoz de UpC. 

A su juicio, «la fijación de exigencias lingüísticas ha de atender a criterios razonables en función del contexto. No a lógicas identitarias. En nuestras universidades hay profesores que no cuentan con el nivel C1 de catalán y sí con el máximo de sexenios de investigación posibles y una más que sólida trayectoria docente y proyección pública». «En otras palabras, que se puede desplegar una carrera más que respetable en Cataluña sin cumplir ese requisito, garantizando, eso sí, el derecho de los estudiantes a expresarse en la lengua oficial en la que se sientan más cómodos», concluye Fernández.

Desde Vox, la diputada Julia Calvet, denuncia esta nueva «imposición lingüística» en el ámbito universitario. «Demuestra una vez más lo que desde Vox llevamos años denunciando, que las imposiciones del catalán en unos niveles fuera de cualquier lógica están provocando una pérdida enorme del nivel académico de nuestro sistema universitario y de investigación». «En las universidades catalanas -añade Calvet- entre un doctorando excelente y un doctorando mediocre eligen al que tenga acreditado el nivel de catalán y desde Vox vamos a estar fiscalizando hasta la última resolución universitaria y vamos a presentar una propuesta de resolución para acabar con esta dictadura lingüística que está provocando que el talento ni se plantee venir a Cataluña».