Feministas piden a Redondo la retirada de las banderas trans de la fachada del Ministerio de Igualdad

Denuncian que, pese al cambio de cartera que ha recuperado el PSOE, Igualdad mantiene en su fachada «de manera estable» el despliegue de banderas «no oficiales» como «herencia»de la anterior legislatura, «pese a que el Tribunal Supremo ha sido meridianamente claro respecto a que el exterior de los edificios oficiales ha de limitarse a mostrar los símbolos oficiales». Cabe recordar que el equipo de Irene Montero desplegó la bandera celeste, rosa y blanca la pasada legislatura como signo de impulso a la Ley Trans, que finalmente se aprobó en marzo de 2023.

«Es sorprendente que el Ministerio de Igualdad mantenga en su fachada símbolos más allá de los días conmemorativos que pudieran sostener un argumento a favor de su presencia, pero es absolutamente inaceptable que, de las áreas competenciales de dicho Ministerio, solo se haga ostentación pública de la simbología vinculada a una de sus Dirección Generales y se desprecie ceder ese mismo espacio a las cuestiones raciales, la igualdad entre mujeres y hombres o la lucha contra el machismo criminal, asuntos que son de su competencia», han lamentado.

En esta línea, la organización de mujeres ha criticado el lugar que ocupa la bandera trans en la fachada del edificio de Igualdad. «Lo más grave radica en el hecho de que en el frontispicio del ministerio y atravesando todo el largo del edificio se exponga la bandera de un movimiento social minoritario que reclama como derechos la imposición de prácticas opuestas a muchos derechos de las mujeres», han expuesto.

Asimismo, sobre esta simbología, han explicado que «su uso implica la adscripción a una ideología: la que niega la existencia real del sexo para sustituirlo por la 'identidad de género autopercibida'», una cuestión que las feministas han añadido que «significa afirmar que son los estereotipos asignados socialmente a hombres y mujeres los que determinan el sexo de las personas».

Igualmente, han recalcado que «las políticas públicas de igualdad deben articularse en base al reconocimiento de la relevancia de la diferencia sexual y sus consecuencias en ámbitos como la violencia, la trata de personas, la explotación sexual o reproductiva, el abuso y aprovechamiento del tiempo de las mujeres, la salud sexual y reproductiva, las brechas en el ámbito educativo, económico, laboral, etcétera».

En este sentido, demandan a Redondo una «mínima coherencia competencial del ministerio», para «dar cumplimiento al deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas».