La familia de Rubén, tras más de diez años de lucha por la inclusión de su hijo: «El Estado es responsable y debe asumir las consecuencias»

Solicitan a España una indemnización de 350.000 euros, tal como falló la ONU, pero a día de hoy siguen sin ver reparados sus derechos

La última batalla de la familia que quiso que su hijo con Down fuese uno más en el aula

Rubén Calleja, a sus 23 años, posa para ABC en León S. ARÉN

Madrid

03/02/2023
Actualizado 04/02/2023 a las 02:56h.

Los primeros ocho años de Rubén Calleja en un colegio ordinario público de León se desarrollaron con total normalidad. Asistía a clase, aprendía las lecciones con el apoyo necesario y disfrutaba con sus compañeros, a los que adoraba y con los que nunca tuvo ningún ... problema. Pero cuando cursaba cuarto de Primaria, sus padres recibieron una noticia que no esperaban: tenían que trasladar a su hijo a un centro de educación especial donde pudieran atenderle, a un colegio para, como él, niños con síndrome de Down.

Sus padres, que no estaban de acuerdo con esta decisión, trataron de evitarlo y empezaron una lucha que a día de hoy continúa. Ahora, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un recurso de casación en el Tribunal Supremo para escoltarles en su última batalla contra el Estado: una indemnización acorde con la guerra que han tenido que librar.

Los hechos se remontan a 2009, cuando les comunicaron que Rubén no podría seguir en el colegio al que iba desde pequeño. «Estuvo perfectamente adaptado e integrado en el colegio hasta que tuvo un tutor que se negó a tenerle en el aula, y ahí empezaron todos los problemas», recuerda Alejandro Calleja, su padre, a ABC. Denuncia además que se enteraron de que el docente también había maltratado a su hijo.

Comenzaron así una batalla que parecía culminar en 2020, cuando el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de cuya Convención es parte España, concluyó que el Estado violó el derecho a la educación inclusiva de Rubén. En concreto, falló que las autoridades nacionales «no evaluaron los requerimientos específicos del niño» y «no adoptaron medidas razonables que pudieran haberle permitido permanecer en la educación ordinaria». «Se constató que en el caso de Rubén se violaron seis artículos, una barbaridad», lamenta el progenitor.

El Comité de la ONU recomendaba en consecuencia que se le matriculase en un programa de formación profesional inclusivo, se le concediese una indemnización y se investigasen las denuncias de abuso elevadas por sus padres en el inicio. De paso, se conminaba a España a terminar con la segregación educativa de las personas con discapacidad. Pero dos años después, ninguna de estas recomendaciones se ha cumplido. Tampoco la indemnización, por la que la familia solicita 350.000 euros.

«El Estado, lógicamente, debe cumplir con el dictamen. Como el resto de ciudadanos tenemos que cumplir las distintas resoluciones que haya, cuando el Estado firma algo libremente, como es el caso de la Convención, es vinculante y también tiene que cumplirlo», expone el padre de Rubén.

Como la Fiscalía, Alejandro Calleja ve en el caso de su hijo un precedente para que ninguna familia con menores con discapacidad tenga que enfrentarse a este tipo de situaciones, «una lucha por los que vienen». «El Estado es responsable y tiene que asumir sus consecuencias y socialmente así se tiene que ver para que el resto de familias sepan que defender los derechos y la dignidad de sus hijos es útil», sentencia. «Si tenenemos una sociedad diversa, tanto que se nos llena la boca -continúa-, tenemos que tener una educación inclusiva, estando juntos y no segregando».

Con trabajo

A día de hoy, Rubén, de 23 años, trabaja en una empresa como administrativo, presume su padre. Para ello, estudió un ciclo de Formación Profesional en Gestión Administrativa, tal como instó el Comité de la ONU. «Hace más de diez años, cuando se echó a Rubén de la escuela, para la administración era una persona agresiva, ineducable... Y hoy en día es una persona con derechos y dignidad que ha estudiado y trabaja en una empresa. ¿Quién tenía razón?», reflexiona el progenitor.

«El proyecto de una vida inclusiva de Rubén es una realidad», celebra Calleja, que destaca que, viendo la rutina que tiene su hijo hoy, sabe que la lucha para superar las trabas de estos años atrás, así como las que aún quedan pendientes, ha valido la pena: «Estamos muy convencidos de que si lo tuviésemos que volver a hacer, lo haríamos».