La falta de consenso retrasa la ley del Gobierno para erradicar la prostitución

Fue la primera vez que Sumar, socio minoritario del Gobierno de coalición, votó en contra de una propuesta del PSOE. Igualdad no solo se enfrenta al rechazo de aliados como ERC, regulacionistas de la prostitución. También a las diferentes sensibilidades que la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, traslada en el seno del Gobierno. Una vieja brecha. Los comunes, familia muy fuerte en Sumar, tienen un discurso que definen como «pro-derechos» de las 'trabajadoras sexuales' que, según aseguran desde el Grupo Parlamentario a ABC, harán valer en cada debate del Consejo de Ministros. Esto es, piden más protección legal para estas mujeres y no identificar la solución en la abolición.

Podemos apuesta por un «horizonte abolicionista», pero recuerdan que se abstuvieron el año pasado por el carácter electoralista de la iniciativa del PSOE. En línea similar a los comunes, el partido de Irene Montero, exministra de Igualdad, también reclama mayor apoyo social para la reinserción de las mujeres que tengan que abandonar la prostitución.

Mientras tanto, la oposición -sobre todo Vox- no ha desaprovechado una oportunidad para recordar que hay dirigentes del PSOE implicados en causas judiciales donde clubes de alterne o contactos con 'escorts' son el telón de fondo, como el 'caso Koldo'. A pesar de los ataques en las sesiones de control parlamentarias, los socialistas esperan encontrar puntos de consenso y acuerdos en negociaciones con el Partido Popular, para que apoye una eventual ley para perseguir el proxenetismo. Confían en esto porque los populares ya presentaron en 2024 una propuesta alternativa que el PSOE rechazó. Y el PP amagó hasta el final con su abstención en la del PSOE porque también quiere combatir el proxenetismo.

En estos momentos, el Gobierno tiene el Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos pendiente de una segunda lectura en el Consejo de Ministros antes de enviarse al Congreso. El escenario ideal para la ministra Redondo es una ley de trata con un enfoque lacerante contra la explotación sexual y la prostitución, donde se pueda incluir la tercería locativa (castigo penal a los dueños de locales donde se ejerza la prostitución) y multas a los proxenetas.

Pero el Gobierno trabaja en una ley de trata que evite conflictos muy centrada en la protección a las víctimas y la reinserción social de las mismas, que aglutine a la izquierda y sirva para seguir avanzando en derechos sociales con un consenso parlamentario generalizado.

En una charla organizada por la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, la semana pasada, Redondo admitió no ser «optimista» respecto a la tercería locativa y la persecución del proxenetismo porque «no hay consenso parlamentario suficiente».

Fuentes del Ministerio de Igualdad aportan matices a la espontánea respuesta de Redondo para dejar la puerta abierta a la agenda abolicionista e insisten en que sigue siendo un objetivo principal del departamento: «Lo que dijo la ministra Redondo es que no era muy optimista ante la falta de consenso parlamentario suficiente, pero su intención es aprovechar cualquier ventana de oportunidad que se abra en este sentido».

En este mismo sentido se expresó la Secretaria de Estado de Igualdad, Aina Calvo, en una entrevista con 20minutos a primeros de marzo: «La ley de trata no es abolicionista porque queremos que pueda tener una mayoría y un consenso suficiente, pero no queremos renunciar a la agenda abolicionista».