Los expulsados de Armengol: «Me han separado de mi hijo y de mi marido por no tener el título de catalán»

En la Isla deja a su hijo menor de edad y a su marido, militar de profesión. La carta de súplica de esta celadora de 50 años no ablandó el 'corazón' del Servicio balear de Salud, que le ha denegado una prórroga que le diera margen a escolarizar a su hijo en la Península el próximo trimestre. «Me siento utilizada. Han separado a una familia por culpa de la lengua», sentencia.

La situación en los hospitales y centros de salud es kafkiana desde que el Govern, liderado por la socialista Francina Armengol, exige el título de catalán para trabajar en la sanidad pública.

El requisito lingüístico ha generado la expulsión masiva de aspirantes de las bolsas de empleo pese a la acuciante necesidad de trabajadores en las Islas. Sólo en el bolsín de celadores se echó a más de 2.500 aspirantes a principios de año, pese a que algunos de ellos entraron en 2018 cuando no se pedía requisito.

La escabechina se empieza a notar ahora que los contratos llegan a su fin y Salud empieza a contratar a través de la nueva bolsa única, donde ya se exige el catalán por imperativo político.

«Es todo un sinsentido. Nos tratan como un pañuelo de usar y tirar», se queja Jara, celadora de 43 años, también expulsada por no tener el título A2 de catalán obligatorio, pese a que ella tiene un certificado de conocimientos superior al exigido (B2) acreditado por la Generalitat de Cataluña.

«Mi problema es que no lo aceptan. Se ve que mi catalán de Cataluña no les sirve tampoco», reprocha esta celadora, a quien no le convalidan sus estudios. El día 13 de este mes la avisaron de que su contrato finalizaba el 15: «Me dieron las gracias por los servicios y me preguntaron si podían contar conmigo para las próximas contrataciones. Tres días después me volvieron a llamar para ofrecerme trabajo pero yo ya había hecho mis planes», cuenta Jara, que ha rechazado el puesto porque ya tenía programada una operación el 18 de octubre. «Es muy injusto. Me siento vendida».

Aprovechará este tiempo convaleciente para estudiar catalán, aunque advierte de que no es fácil aprobar. «Yo me presenté al B2, muy superior al que se pide a los celadores, y suspendí por una pregunta. Saqué un 57,47 en vez de 60», recalca sobre la conocida dificultad de estos exámenes convocados por el Gobierno de Baleares.

Para Leo, celadora también excluida, todo se resume en una palabra: «política». Esta cordobesa de 39 años se presentó a las oposiciones «cuando todavía no pedían el catalán» y aprobó. Se formó con más de 1.800 horas y fue «metiendo la cabeza». El 31 de octubre acaba su contrato después de dos años enlazando contratos en el Mateu Orfila.

«Me indigna que nos expulsen de la bolsa de trabajo sin importar la experiencia. Hay gente que está en el bolsín de celadores y que no ha pisado un hospital en su vida pero la contratan porque tiene catalán», denuncia impotente. Ella también se presentó a los 'temidos' exámenes de catalán y suspendió la parte oral, por lo que no le hicieron nota media. «La mayoría de mis compañeras aprobó a la cuarta», reconoce mientras se resigna a volver a presentarse en enero, aunque tiene claro que si se le «cierran las puertas» en la Isla, volverá a la Península.

Anuska es otra celadora rechazada por el Servicio de Salud después de siete años en el hospital público menorquín. «El 2 de noviembre acaba mi contrato y me voy a la calle por culpa del catalán. Me lo confirmaron a través de un frío correo electrónico». Esta madrileña de 46 años con dos hijos y madre soltera fue de las primeras celadoras contratadas en la pandemia. «Me metieron en la UCI directamente sin cursos, sin saber qué era un EPI ni cómo ponerlo. Ahí no hacía falta el catalán, ¿no?», reflexiona sobre el «doble rasero» de la administración.

Su caso es más difícil de digerir puesto que el último año y medio ha trabajado en el almacén del hospital, gestionando el material fungible, sin contacto con pacientes. «¡En mi caso, me piden el catalán pero yo no comunico con nadie!». Aun así, se ha matriculado pero sigue en lista de espera porque la Escuela de Adultos está completa.

Sus compañeros se deshacen en elogios con Anuska y lamentan la situación. «Están expulsando a mucha gente válida y con experiencia por no tener el catalán, sabiendo que no hay personal y los que nos quedamos tenemos que hacer turnos dobles o nos quitan el día libre», denuncian.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo se ha visto obligado a crear una bolsa subsidiaria sin el requisito porque el personal es insuficiente para cubrir la demanda. En otras categorías profesionales como Medicina o Enfermería, sin embargo, la falta de profesionales está parcheándose con contratos eventuales sin la exigencia del catalán al considerar que las necesidades sobrevenidas están por encima del requisito lingüístico.

Una treintena de celadores han presentado una demanda contra el Ejecutivo de Armengol porque ven «un agravio y una discriminación» que a otros compañeros se les exima del requisito mientras a ellos se lo pidan con efecto retroactivo y los eliminen del bolsín.

«Que no me vuelvan a llamar que no vuelvo ni de broma», advierte dolida Inés mientras cierra la maleta rumbo a Zaragoza días antes de que se publique este reportaje. Se fue el 25 de octubre y el 26 se reincorporó a su plaza en Zaragoza. Al cierre de esta edición y ante los requerimientos de este diario por la súplica no atendida de esta celadora, Salud la acaba de readmitir. Inés no da crédito y se pone a llorar al otro lado del teléfono: «A mí me van a hacer enfermar. No se puede jugar con la vida de las personas de esta manera», verbaliza con la boca llena de llagas por el estrés acumulado en la última semana. «Regresaré a Menorca por mi familia pero ahora mismo las ganas de trabajar para el Servicio de Salud que me separó de mi familia son nulas».