Europa permitirá reemplazar el prospecto de los medicamentos con un código QR

Un aspecto criticado desde organizaciones de consumidores europeas del grupo Euroconsumer, con representación española, italiana, portuguesa y belga. La razón: el prejuicio que supondrá para la población más mayor y con menos habilidades digitales, los principales consumidores de fármacos.

Desde la OCU destacan que ocho de cada diez mayores de 55 años carecen de habilidades digitales básicas según la publicación del Instituto Nacional de Estadística (INE). Asimismo, añaden que un 78% de los encuestados por la organización de consumidores se muestran contrarios a la sustitución del formato en papel -un 83% entre los mayores de 68 años-.

En cualquier caso, las organizaciones se muestran favorables al uso de QR para aportar información de los prospectos siempre que no sustituya a la versión en papel.

La eventual sustitución del QR por el prospecto en papel supone un reto más para los mayores sin capacidad o desinterés por utilizar internet para sus gestiones, lo que se denomina brecha digital.

Aunque desde los centros públicos de mayores se llevan a cabo cursos para utilizar los dispositivos digitales, el acceso es restringido y no llega al total de los interesados. Por ello, desde las asociaciones de vecinos realizan labor de asesoría y formación para permitir que todos los mayores puedan realizar gestiones online como la declaración de la renta o la solicitud del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Desde la comisión de mayores del FRAVM, Fernando Martín confirma que la mayoría de gente mayor no sabe utilizar un código QR, por lo que sustituir el formato escrito supondría una barrera más de cara a la participación en los procesos sociales para este colectivo.

«Es un derecho tener la información del prospecto y que se entienda«, indica Martín, tras añadir que obligar a leer grandes cantidades de texto en un dispositivo como el móvil supone una dificultad añadida para gente afectada por cataratas o problemas visuales.

Por último, Martín señala que la obligación de contar con internet y un dispositivo móvil o informático para cierto grupo de mayores, cuya pensión apenas cubre sus necesidades básicas , complica el acceso a servicios básicos esenciales.