España sólo ha activado el nivel 3 de emergencia una vez en su historia con el apagón nacional

La Ley 17/2015 relativa al Sistema Nacional de Protección Civil recoge que la declaración de interés nacional corresponde tomarla al titular del Ministerio del Interior, el socialista Fernando Grande-Marlaska, bien por iniciativa propia o a instancia de las comunidades autónomas o de los delegados del Gobierno, para aquellos supuestos en los que las dimensiones de la emergencia requieran una dirección de carácter nacional y cuando sea necesaria la coordinación de distintas administraciones públicas, como es el caso.

Declarada la emergencia de interés nacional, el titular de Interior asume el mando, que tal y como prevé la norma, consiste en «la ordenación y coordinación de las actuaciones y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales del ámbito territorial afectado, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley para los estados de alarma, excepción y sitio, y en la normativa específica sobre seguridad nacional».

El texto menciona, además, que «el ministro del Interior podrá, en función de la gravedad de la situación, requerir la colaboración de las diferentes administraciones públicas que cuenten con recursos movilizables, aunque la emergencia no afecte a su territorio». Se entiende por recursos todos aquellos del ámbito militar, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sanitarios...

Ni Ejecutivo ni regiones utilizaron tampoco la potestad que tenían para decretar o solicitar ese nivel de la emergencia en el que la administración central pasa a tener el mando único de la situación en octubre del pasado año, con la dana que asoló la Comunidad Valenciana y parte de Castilla-La mancha y Andalucía, y que se saldó con la muerte de 228 personas en la provincia de Valencia, una en Málaga, 6 de Letur (Albacete) y otra en Mira (Cuenca). Entonces, el líder de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigió a Sánchez que declarase la emergencia nacional para tomar el control de la situación, si bien desde la Generalitat Valenciana de Carlos Mazón nunca se solicitó.