España no es un país racista, pero los delitos de odio crecen porque se denuncian más

Ibarra rechaza que se «estigmatice a 48 millones de españoles y a millones de aficionados al fútbol«. »Rechazamos la mayor, cuando se dice la sociedad es así y es su reflejo«, aunque ha pedido también en sus declaraciones »a quienes tienen responsabilidad y son interlocutores necesarios« que aborden el problema de una vez por todas y no solo en el ámbito del fútbol, sino también el policial, judicial y el Ministerio público.

Para Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, en evidencia lo que se vivió en el campo de fútbol del Valencia el pasado fin de semana obedece a una «conducta más que presumiblemente delictiva», por lo que ya han empezado a ser arrestados sus responsables. Hoy mismo se ha comunicado la detención de tres personas en Valencia y cuatro más en Madrid por «ahorcar» a un muñeco que similaba ser Vinícius Jr. desde un puente de la capital.

El presidente de Movimiento contra la Intolerancia invoca no obstante la importancia del episodio de racismo sufrido en muchas canchas de juego por Vinícius y otros jugadores, ya que en su opinión se extrapola el daño a todas las víctimas del racismo en el país. Según ha dicho Ibarra a Ep, se trata de «la última manifestación de un problema histórico en España», citando los incidentes racistas que sufrió en su día el futbolista camerunés del F.C. Barcelona Samuel Eto'o y que promovieron la creación de la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que no salió adelante hasta el pasado 11 de julio de 2022. El propio entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, opinó tras los hechos lamentables vividos en Valencia que «España no es racista, pero en los campos de fútbol existe todavía el racismo». En este sentido, Ibarra ha señalado que es bueno el eco social que ha tenido el incidente que sufrió Vinícius, puesto que se puede llevar más allá de los terrenos de juego y encontrar una repercusión positiva en otros ámbitos.

Por otro lado, Ibarra defiende que, en esta acción concreta, se trata de una conducta programada por los ultras y que si no se resuelve el problema en el fútbol y con los grupos más radicales «seguirá ahondándose, porque esos grupos son realmente un poder fáctico como vemos en muchos otros campos de fútbol«.

Ibarra ha señalado su disgusto por que cree que el asunto se está tratando con tibieza por parte de las instituciones, poniendo como ejemplo que no se haya convocado todavía el Observatorio del Deporte para la Violencia y la Intolerancia por parte del Consejo Superior de Deportes cuando está previsto en la normativa para este tipo de capítulos condenables. También ha reclamado la convocatoria inmediata del Plenario de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Según ha especificado la ministra portavoz del Gobierno en la sala de prensa de La Moncloa, la reunión de este sanedrín tuvo lugar el pasado lunes, por la vía de urgencia.

Desde Movimiento contra la Intolerancia también consideran que el mundo del fútbol se ha puesto manos a la obra en los últimos años para erradicar este tipo de conductas de los clubes, pero que está siendo un esfuerzo aún «insuficiente». «Es lo suficientemente serio y grave como para que esto no se quede reducido exclusivamente al ámbito de las organizaciones del fútbol», ha añadido Esteban Ibarra. Por ello, la organización que preside ha presentado, junto con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por lo ocurrido con Vinícius. A su juicio, «tanto el Gobierno como la Fiscalía pueden y deben de inmediato cartas en este asunto para adoptar las medidas necesarias ante hechos tal gravedad» porque «no todo vale en el deporte». «Si no se adoptan ya medidas contundentes, seguiremos fracasando como sociedad ante hechos que traspasan nuestras fronteras y están dañando de una manera irreparable la imagen del España«, ha indicado.

Los datos recabados por el Gobierno de este tipo de delitos sí dejan entrever que aumentan, aunque según algunos expertos no tiene una relación directa con el hecho de que España sea más racista que antes, sino que son delitos que se denuncian cada vez más y encuentran abierto el paraguas de la protección jurídica. De hecho, lo comparan con el mayor número de víctimas de violencia de género que se atreven a denunciar y por eso, los datos de las denuncias van año tras año 'in crescendo' en las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial.

En concreto, el Ministerio del Interior publicó su último informe sobre la evolución de estos delitos en octubre de 2022, en referencia al año anterior. Las denuncias por delito de odio crecieron un 67,6% en 2021 respecto a 2020, englobando delitos por racismo y LGTBfobia. En concreto, en el informe se da cuenta de cómo se investigaron 1.802 delitos de odio en 2021, el mayor dato desde que en 2014 comenzaron a publicar estadísticas. Del grueso total de delitos e incidentes de odio, las Fuerzas de Seguridad del Estado lograron esclarecer 1.133 en 2021, incidió en la presentación del informe el titular del departamento, el juez Fernando Grande-Marlaska. La cifra superó en un 5,6 % las registradas en 2019, cuando se contabilizaron 1.706 casos.

En la literalidad del informe encontramos que de los delitos de odio conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 2021, 639 de ellos tuvieron un móvil racista o xenófobo, un 35% del total, categoría que crece un 24,08% respecto de los computados en 2019.

A continuación se sitúan los delitos relacionados con la orientación sexual o identidad de género de la víctima, 466 casos, con un ascenso de un 67,63% con respecto a las cifras del año 2019. Y en tercer lugar aparecen los delitos relacionados con la ideología de la víctima, 326, lo que supone una disminución del 45,3% con respecto a 2019.

Por lo que se refiere a la tipología delictiva de estos hechos de odio, destacan en primer lugar las lesiones (382) y las amenazas (381), seguidas por los daños (124) y las injurias (117). La mayoría de ellos (732) fueron cometidos en la vía pública, y como segundo ámbito de comisión aparece la vivienda, en 373 ocasiones.

Respecto a 1.133 casos resueltos por las Fuerzas de Seguridad en 2021, 465 delitos de odio esclarecidos tuvieron un móvil racista o xenófobo, un 72,77% de los conocidos. Para Grande-Marlaska, la tasa de infradenuncia detectada en este fenómeno delictivo se sitúa por parte de diversos estudios en un 80 por ciento.

El informe presentado en octubre pasado cifra en 1.874 las víctimas registradas en 2021: los principales afectados por este tipo de comportamientos son personas del sexo masculino (el 63,82 por ciento), mientras que el grupo de edad más victimado es el comprendido entre los 26 y los 40 años, con un 32,98%. Los menores de edad constituyen el 11,31% del total.

La distribución de las víctimas según su nacionalidad refleja que en primer lugar se encuentran las españolas, con el 65,53 por ciento del total de victimizaciones registradas. Dentro del conjunto de las víctimas de nacionalidad extranjera (34,47 por ciento restante), las que contabilizan valores más elevados son las procedentes de Marruecos (9,6%), Colombia (2,72%) y Venezuela (1,76%).

En 2021 se detuvo a 743 personas por delitos e incidentes de odio, más del 81% eran hombres y de 26 a 40 años (el 29,2% del total).

Todos los partidos políticos se han mostrado en contra de lo sucedido en el terreno de juego el pasado domingo, pero algunas voces, como la de la diputada de Ciudadanos y presidenta de la Fundación Secretariado Gitano Sara Giménez resuenan con fuerza por su veteranía en la lucha contra todas las formas de discriminación. Giménez escribe un tuit que resume su sentir: «Sin matices ni medias tintas, alto y claro, No al racismo. Esto hay que desterrarlo del fútbol para siempre». Del resto de ámbitos también, opina la diputada de Cs.

El Ministerio de Igualdad coge su propia vía e insiste en que existen distintas vías para denunciar casos de intolerancia, como la puesta en marcha del teléfono 021 para que la víctima de discriminación étnica o racial pueda ser escuchada y denunciar a su supuesto agresor. El 021 funciona como el 016. Hay un servicio de asistencia a víctimas también a través del teléfono oficial 900 20 30 41. La última campaña publicitaria del Cedre (Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica) condena que haya personas que se denominan como «no racistas pero no le alquilen su casa, por poner un ejemplo, a una persona negra».

No obstante, en la antesala de una nueva cita ante las urnas, Podemos se ha movido por separado respecto a sus socios del Gobierno de coalición, que tiene las competencias de Interior. Hoy se ha conocido que el departamento de Irene Montero ha firmado un comunicado de condena de manera conjunta con el Ministerio de Igualdad Racial brasileño después de que el presidente de aquel país, Lula da Silva, saliese en el seno de la reunión del G-7 a condenar a España por los insultos a Vinícius. Hasta el Cristo Redentor se ha apagado esta noche como forma de solidaridad con el jugador. Montero pone la presión sobre el PSOE para sacar adelante una ley específica contra el racismo, que se anunció unilateralmente por parte de Igualdad en marzo de 2022 pero que aún no ha visto la luz.

En ese comunicado conjunto de ¿España? y Brasil se puede leer que «los estados deben reconocer y proteger los derechos de quienes lo sufren, y desplegar políticas públicas efectivas que aborden con rotundidad el racismo, reducir los niveles de vulnerabilidad y violencia, y proteger a los pueblos tradicionales y comunidades migrantes».

El Ministerio de Igualdad, como se puede ver en el perfil de Twitter de la ministra Montero, ha colgado el texto en sus redes sociales, lo que ha pillado desprevenida a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, preguntada en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. «Hay que decir claramente que somos antirracistas», ha repetido Rodríguez, aunque sus socios morados están evocando justo lo contrario: que el delito crece, la denuncia crece y el racismo de la ciudadanía también.