El ertzaina detenido por agredir a su pareja no cambió de nombre tras registrarse como mujer

Es por esto que el Ministerio Público trata que el Juzgado de Instrucción nº3, que le imputa un delito de amenazas graves, se inhiba de la causa en favor de un Juzgado sobre la Mujer, para que así pueda ser juzgado por violencia de género, elevando la posible pena contra el presunto agresor por agravante. Además, en ese caso, la víctima podría acceder a una serie de medidas de protección especiales, así como a un paquete de ayudas económicas, sanitarias y asistenciales.

La clave: los indicios de que los actos delictivos se habrían producido también con anterioridad al cambio de sexo, que «no tiene efectos retroactivos». Una cuestión imprescindible para que esta persona sea juzgada por este tipo penal. Así, desde la Fiscalía comentan que, de no darse estos hechos antes del cambio de sexo, «no se podría» intentar juzgar como violencia de género, aunque esto no significa que no se persigan las supuestas agresiones: «Seguiría siendo un delito. La violencia que no es de genero no quiere decir que no se persiga».

En cuanto al tratamiento que estaría recibiendo «la presunta agresora», en libertad con cargos y con una orden de alejamiento, variaría ligeramente de no haberse producido el cambio en el registro civil. Lo que no significa que hubieran variado las medidas cautelares impuestas en el inicio de la instrucción que acaba de comenzar, dado que lo esencial es la protección de la víctima.

En cuanto a un posible fraude de ley en el cambio de sexo, la Fiscalía no contempla presentar una demanda, que abriría un proceso civil independiente del caso penal que ahora está en manos del Juzgado de Instrucción nº 3. En tal caso, para solicitar la nulidad, se deberían encontrar datos objetivos suficientes para demostrar que la finalidad en el cambio de sexo se dio con un fin ilícito.

Una modificación que, según ha podido saber ABC, no supuso el cambio de nombre de la presunta agresora, que habría mantenido su nombre de hombre pese a registrarse como mujer (algo a lo que no obliga la ley). Además, las fuentes de la investigación consultadas dicen no tener constancia de su supuesta vinculación con la extrema derecha, tal y como deslizó EH Bildu en un comunicado emitido ayer.

En él reclamaban a la Consejería de Seguridad medidas drásticas para terminar con el «fascismo» en el cuerpo y exigían la expulsión definitiva de la (ahora) ertzaina acusada. En ese sentido, el consejero del PNV, Bingen Zupiria, ha explicado hoy durante una entrevista en La Ser que ya ha sido apartado del servicio y que el cuerpo considera que ha habido delito de violencia de género, y así lo transmitirá a la Fiscalía y al Juzgado.

«Los responsables de la Ertzaintza que están instruyendo este caso consideran que el comportamiento de esta persona raya una alta gravedad. En la normativa interna disciplinaria de la Erzaintza sería motivo de falta grave y de posible expulsión«, ha afirmado, por lo que, «a la espera de que lo que la investigación y la instrucción judicial determine, de momento esta persona queda apartada del servicio».