ERC solicita que dos ministras den la cara por el fallo en las bajas por aborto y reglas dolorosas, que están averiguando sus empresas

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Érika Montañés

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Esta situación, según advierte ERC, compromete «la privacidad de las trabajadoras» y «quebranta la normativa vigente en materia de protección de datos».

ERC también ha solicitado la comparecencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, porque consideran que, «como máxima responsable de salvaguardar los derechos de las mujeres», debe «dar respuesta urgente y estar en primera línea» para velar por que el Ministerio de Seguridad Social priorice solventar lo que consideran un «gravísimo error».

«Consideramos que es prioridad que ambos ministerios den todas las explicaciones necesarias para reparar la situación, exponer las medidas que pretenden adoptar para solventar el error y para garantizar que esto no vuelva a suceder», subrayan.

La Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo en la que modificó la Ley General de la Seguridad Social para reconocer el derecho a baja laboral temporal a las mujeres con menstruación dolorosa y por interrupción del embarazo. Si bien, la semana pasada se conoció, según una información de eldiario.es, que la Seguridad Social informa a las empresas del origen de las bajas cuando éstas se deben a reglas incapacitantes o abortos. Tras conocer esta noticia, tanto el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, como el secretario general de CCOO, Unai Sordo, instaron a la Seguridad Social a evitar concretar a las empresas el origen de estas bajas.

Por su parte, la Seguridad Social alegó que no informa «de manera literal» a las empresas de las bajas médicas de las trabajadoras que tienen como origen las reglas dolorosas o la interrupción del embarazo, pero sí que les refiere mediante unos códigos las peculiaridades que tienen esas situaciones para que las empresas puedan identificarlas y realizar el pago adecuado de dichas prestaciones de incapacidad temporal (IT). La denuncia partió de una empleada en Galicia que denunció al sindicato CIG que su empresa había conocido a través de la Seguridad Social que el motivo de su baja era un aborto, lo que agravó su situación traumática y ahondó su padecimiento.