El enfrentamiento multimillonario entre un pueblo portugués y la mayor mina de litio de Europa

El pueblo es el retrato de un país al borde de la extinción. Todavía hay un horno comunitario para hacer pan. Una anciana bebe agua del bebedero y guía a las vacas hasta los refugios de granito. «Si la minería sigue adelante, este estilo de vida será imposible», dice Aida Fernandes, presidenta de la Associação dos Baldios do Barroso, mientras señala una media luna de montaña a través de su ventana. «Será un cráter de 30 hectáreas, con una escombrera de 183 metros de altura», añade Nelson Gomes, marido de Aida y portavoz de la Asociación Unidos em Defesa de Covas de Barroso.

Según una fuente oficial de la empresa –Savannah–, la mina de Barroso es «una oportunidad de crecimiento económico para Portugal, que puede aspirar a liderar la cadena de valor del litio en Europa y en la transición energética». El proyecto tendrá una «contribución al PIB de más de mil millones de euros», por ser el mayor de Europa, en un contexto en el que «la Comisión quiere que al menos el 10% de los materiales críticos utilizados en la Unión Europea, como el litio, provengan de suelo europeo de aquí a 2030». Covas do Barroso podría producir «unas 500.000 baterías de vehículos eléctricos al año».

Barroso es profundamente ecologista y la idea de una mina verde no convence a mucha gente. «Por mucho que digan que la lavaria (planta de lavado de mineral) secará los residuos de la extracción, es inevitable que se viertan al río en los días de lluvia. Estos métodos de extracción son ilegales incluso en China», afirma Aida Fernandes, que constata cómo la lluvia se infiltra en el terreno con contaminantes y desemboca en el río Covas.

Una fuente oficial de la empresa replica que no habrá actividad nocturna, que no se extraerá agua del río Covas para la minería, que se restaurará el paisaje y se reforestará el terreno. «El proyecto pretende utilizar energía cien por cien renovable y cero emisiones de carbono, y el ruido principal se concentrará en los días laborables y estará siempre por debajo de los límites legales», afirma dicha fuente por escrito.

La población teme ser desplazada a la fuerza y, según se desprende de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable al proyecto emitida por la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente, no se mitigarán todas las consecuencias. La empresa destaca «programas de formación profesional y emprendimiento, la construcción de una circunvalación de 17 kilómetros que mejorará el acceso público a la región».

El dictamen de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente está siendo investigado por la Fiscalía en la 'Operación Influencer', que derribó al Gobierno portugués por sospechas de tráfico de influencias. La empresa, sin embargo, replica que «el proyecto es responsable, clasificado como 'gold standard' porque incorpora los más altos estándares medioambientales internacionales». «Estoy seguro de que si se abre la mina, los habitantes de Covas y alrededores tendrán que ser reubicados por razones sanitarias, la DIA no salvaguarda sus derechos», afirma Fernando Queiroga, alcalde de Boticas. Aunque el dictamen de exploración es positivo, está condicionado a ciertos criterios, como «mitigar la liberación de polvo a la atmósfera», dice el alcalde, que afirma que es «imposible» cumplirlo en su totalidad, porque «la minería tendrá un impacto en la salud de la población, la capa freática y el río Covas se verán contaminados por la extracción».

Savannah promete «350 empleos directos a largo plazo» para la región. Y entre empleos directos, indirectos e inducidos, «serán más de dos mil», augura la fuente consultada. El alcalde señala pérdidas para la economía local, como la revocación del estatus de la región como Patrimonio Agrícola Mundial de la ONU, sin ningún valor añadido «tecnológico o industrial». Según el alcalde, a pesar de la promesa del Gobierno saliente de conceder al municipio la mitad de los impuestos pagados por la empresa, eso «no compensa el desgaste de la región». Las cuentas de Savannah apuntan a que los ingresos fiscales de Boticas se han más que duplicado (150%).

«Se trata a la población como en los países del tercer mundo», añade Aida Fernandes. La información sobre el proyecto sólo llegó al pueblo a través de un emigrante en Londres que se sorprendió al leer sobre Covas en un periódico británico. «Además de crear puestos de trabajo, impulsará a las empresas y productores locales, que se convertirán en proveedores de bienes y servicios, ayudando a retener a la población en una zona envejecida», explica la empresa.

Antes sólo había una cantera de feldespato y cuarzo, con una concesión de 16 hectáreas arrendada a la Associação dos Baldios por 20 años. «La licencia incluía otros minerales y fue revendida hasta que llegó a manos de la multinacional», explica Nelson Gomes. Savannah compró varias parcelas a pequeños propietarios, algunos de los cuales están satisfechos con el proyecto. La concesión pasó de 16 hectáreas a unas 70 antes de ser comprada por la multinacional.

Desde 2020, con el valor del litio subiendo en los mercados financieros, está en marcha un proceso burocrático para convertir esta cantera en una mina de 590 hectáreas, según el último estudio de impacto ambiental. «La guerra de Ucrania aceleró la prospección debido a la política de independencia energética de Europa», afirma Nelson Gomes. La empresa ha iniciado la segunda fase de prospección y la pareja se levanta cada mañana para comprobar que las máquinas perforadoras no se extienden a zonas bajo control público y privado. «Tras obtener la DIA condicional favorable», Savannah espera «empezar a construir las instalaciones en 2025 para lograr la primera producción en 2026».

«No pagan más de dos euros por cada metro cuadrado de terreno», se queja Gomes y augura que sólo los emigrantes y herederos que viven fuera de Barroso han vendido propiedades. Mientras tanto, la Associação dos Baldios ha demandado a Savannah por realizar prospecciones fuera de terrenos legítimos y la Câmara de Boticas ha presentado una demanda para detener el proyecto debido a la investigación sobre la DIA.

Incluso David Boyd, relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, visitó la región. «Abrir una mina allí significa el fin de la agricultura, la gente tendrá que aprender nuevas formas de trabajar y de vivir», dice a ABC. «Cualquier empresa debería adoptar un enfoque basado en la dignidad humana», afirma el abogado de la ONU, que añade que «el Estado portugués y la empresa británica no lo hicieron en Covas». Señala fallos en el proceso como la ocultación de información a la comunidad, la falta de oportunidades para la participación pública, así como las investigaciones judiciales de corrupción.

El Gobierno portugués cobra un canon del 4%, mientras que la empresa pagará voluntariamente un 5%, lo que, según Boyd, es «una política pública terrible». Noruega cobra un impuesto del 75% sobre el petróleo. Y pone el ejemplo de Chile, que cobra el 50% por el litio. «El 4% o 5% de Portugal es una opción terrible sin fuertes salvaguardias medioambientales», afirma.

Sobre la región, clasificada como Patrimonio Agrícola de Naciones Unidas, explica que no hay muchas en Europa. «Hay locales inadecuados para la extracción industrial de litio aplicando tres criterios de calidad: las normas medioambientales más estrictas, el máximo rendimiento público y el respeto de los derechos de las comunidades».