Dos profesoras contra el hiyab en las aulas: «Protejamos a las niñas»

Las estudiantes afectadas se movilizaron a través de TikTok con un mensaje rotundo: «Mi hiyab es mi libertad, mi identidad». La Consejería de Educación de Madrid replicó al hecho de forma breve: la vestimenta es competencia de cada institución educativa. La relevancia de la protesta -única hasta el momento- es que eleva a debate público un asunto que lleva soterrado en la sociedad española más de una década.

Tras conocer el alcance digital de la protesta -de un centenar de personas-, dos profesoras de universidad, Sonia Sierra y Elena del Pilar Ramallo, enviaron a los grupos parlamentarios del Congreso una iniciativa para modificar la regulación del uso del hiyab en ámbitos educativos y del burka en espacios públicos. «Son símbolos de sumisión de la mujer, de restricción de su libertad y de potencial vulneración de derechos humanos», dicen en su escrito las docentes, que ya tienen el compromiso de ser revisado por PP y Vox, mientras que el resto de partidos no se quiso implicar.

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Sierra y Ramallo plantean la modificación de la ley orgánica 2/2006 de Educación para introducir la prohibición «de prendas que cubran total o parcialmente la cabeza, como el hiyab, en los centros educativos»; de la ley orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, para eliminar el «burka, en todos los espacios públicos del territorio nacional, incluyendo vías públicas, edificios, instalaciones de uso público y transporte», así como otras tres leyes autonómicas.

Además, las profesoras solicitan al Gobierno central y al de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, que se pronuncien y adopten medidas. Por el momento, ningún ejecutivo tiene intención de hacerlo y únicamente el Ministerio de Educación de Pilar Alegría se limitó a responder a ABC que «son los centros y las comunidades los competentes para ello».

Al otro lado del tablero, Laura Mijares, profesora del Área de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid, (UCM), advierte con preocupación a este diario del impacto negativo que tienen estas políticas. Mijares esgrime un amplio estudio de la UCM que analizó estas prácticas en jóvenes musulmanas en España que concluye que «esas prohibiciones impactan en todos los ámbitos de la vida de estas jóvenes» porque «marginan, separan, culpabilizan y llegar a truncar carreras».

La arabista de la UCM explica que al convertir el hiyab en un elemento discriminatorio se daña «la autoestima y sentimientos de pertenencia» porque supone estigmatizar «su forma de vida y su elección religiosa». Las estudiantes entrevistadas, continúa Mijares, mostraban «dolor, impotencia, frustración y rabia».

El punto más conflictivo en la argumentación de ambas posturas está en esa libre elección. Sierra, una impulsora de la prohibición en las aulas, responde: «Esto no va en contra de otras culturas, afortunadamente en España tenemos libertad de culto, tienen derecho a tener sus costumbres y religión, se trata de proteger a las niñas, el hiyab no es típico de ninguna cultura, es una imposición de la sharia. ¿Qué libre elección tiene una niña?».

Mijares contesta a estas reflexiones con la siguiente idea: «Es importante reflexionar sobre cómo algunas propuestas realizadas en nombre del feminismo favorecen discursos que restringen las libertades». Y pide trabajar en políticas antirracistas, inclusión y en abordar el debate desde la escucha a las afectadas.

Sierra y Ramallo amparan su iniciativa en antecedentes como Francia, vigente desde 2004, que prohíbe el uso de símbolos religiosos en las escuelas públicas, incluido el hiyab, o Austria, que en 2019 lo prohibió en escuelas primarias. Aunque el Tribunal Constitucional la anuló en 2020 alegando que violaba la igualdad y la libertad de pensamiento. Ramallo, que también es abogada, plantea que hay sentencias del Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) «que respaldan la viabilidad jurídica».

En 2013, el TS anuló una ordenanza municipal del Ayuntamiento de Lérida que prohibía el uso del burka en espacios públicos argumentando que la administración local no tiene competencias para restringir derechos fundamentales, sin embargo, señala Ramallo, el tribunal «reconoció que una ley estatal sí podría imponer esta prohibición» con fundamento en la seguridad. También recuerda otra sentencia del mismo año que avaló la decisión de un instituto de Pozuelo de Alarcón que impidió a una alumna asistir con hiyab a sus clases.

Pero para Mijares estas hipotéticas prohibiciones «entran en conflicto con varios derechos fundamentales a nivel nacional e internacional»: la Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, la Constitución Española, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, la normativa por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España y la del sistema de protección de la infancia y a la adolescencia, entre otros.

Según estima el centro de estudios Casa Árabe, en España residen más de dos millones de musulmanes españoles, segundas y terceras generaciones que practican su cultura y credo.